Los sindicatos deben reaccionar: hay que preparar la huelga general
Los efectos sociales de la crisis capitalista en el Estado español son cada vez más amplios y devastadores. La cifra de paro ya ha alcanzado los 3,5 millones de personas y la situación empeora de forma acelerada. De 1.166.528 parados nuevos en los últimos doces meses, prácticamente una tercera parte, 350.000, se produjeron tan sólo en enero y febrero de 2009. Aunque el ritmo actual de incremento del desempleo se redujera a la mitad, algo muy improbable, el desempleo sobrepasaría ampliamente los cuatro millones de parados en 2009. Ahora mismo ya hay 827.000 familias que tienen todos sus miembros desempleados y, según datos facilitados por IU, 1,5 millones de parados habrán dejado de percibir el seguro de desempleo en primavera.
Los sindicatos deben reaccionar: hay que preparar la huelga general
Los efectos sociales de la crisis capitalista en el Estado español son cada vez más amplios y devastadores. La cifra de paro ya ha alcanzado los 3,5 millones de personas y la situación empeora de forma acelerada. De 1.166.528 parados nuevos en los últimos doces meses, prácticamente una tercera parte, 350.000, se produjeron tan sólo en enero y febrero de 2009. Aunque el ritmo actual de incremento del desempleo se redujera a la mitad, algo muy improbable, el desempleo sobrepasaría ampliamente los cuatro millones de parados en 2009. Ahora mismo ya hay 827.000 familias que tienen todos sus miembros desempleados y, según datos facilitados por IU, 1,5 millones de parados habrán dejado de percibir el seguro de desempleo en primavera.
Esta dramática situación, por sí misma, demuestra el fracaso y el engaño que han supuesto y siguen suponiendo las medidas de rescate impulsadas por el gobierno, y que han actuado en una sola dirección: preservar los intereses de la gran Banca y de los empresarios. Son 250.000 millones de euros (equivalente al 25% del PIB) el dinero público que el gobierno de Zapatero tiene comprometido para bancos y cajas. Esta ingente cantidad de recursos ha permitido a las entidades financieras seguir repartiendo jugosos beneficios, pero no ha evitado, en absoluto, la crisis ni sus demoledoras consecuencias para millones de familias trabajadoras. Al contrario: este desorbitado gasto público introduce nuevas contradicciones en el sistema y compromete seriamente las futuras prestaciones sociales.
Nueva ofensiva contra los trabajadores
Sin embargo, el gobierno de Zapatero no ha sacado otra conclusión de esta experiencia que la necesidad de seguir profundizando en la misma línea. Se preparan nuevas intervenciones en bancos y cajas con el fin de "sanearlos" con más dinero público y, con el paquete de medidas anunciado el 3 de marzo, se da otra vuelta de tuerca en el abaratamiento de los costes laborales para el empresario. Según informa Cinco Días se bonificarán el 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social a aquellas empresas que efectúen un ERE de suspensión temporal si luego mantienen un año los puestos de trabajo; se aplazará el pago de las cuotas a la Seguridad Social a aquellas empresas con problemas de tesorería; se incrementará la bonificación de los contratos indefinidos a tiempo parcial; se ampliarán los créditos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, lo más increíble, se destinará la prestación por desempleo a bonificar a las empresas que contraten a parados. Todas estas medidas tienen una lógica aplastante: sustituir empleo de calidad, empleo con salarios dignos, por contratos de trabajo basura que permiten a la patronal una reducción muy importante de sus costes salariales para aumentar sus beneficios, a cuenta de las finanzas públicas.
A pesar de que estas medidas son un auténtico escándalo -son sencillamente más regalos a los empresarios-, que tampoco resolverán el problema del desempleo, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, declaró que "se han quedado cortas", exigiendo una auténtica reforma laboral para abaratar el despido, incluir las ETTs en el servicio de empleo y rebajar las cuotas empresariales a la Seguridad Social de forma permanente, entre otras reivindicaciones. Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, había exigido, pocas semanas antes, que "los ERE deben ser rápidos y sin la necesidad de autorización previa de la Administración".
La crisis, a peor
A pesar de la cantidad de dinero público sin precedentes que el Estado destina a banqueros y empresarios, la inversión privada está cayendo abruptamente. En el último trimestre de 2008 las inversiones en bienes de equipo cayeron un 9,7% respecto al mismo periodo de 2009, lo que augura una caída de la actividad económica mucho mayor de la que ya se ha producido hasta el momento. Estas cifras hacen que resuenen todavía más ridículas las imploraciones lacrimógenas a los capitalistas para que inviertan y cambien de "modelo de crecimiento". El esquema de los empresarios es otro: salvar su capital como sea, sacándolo del sector productivo si es necesario y exigir al gobierno, sin límite, más dinero público y nuevas medidas para reducir los costes salariales. El auténtico "modelo" de funcionamiento económico salta a la vista: los recursos públicos destinados a ayudar a los capitalistas son cada vez mayores, mientras los capitalistas invierten cada vez menos. Resultado: se produce una transferencia directa del dinero de los trabajadores (que son los que más recursos generan al Estado) al bolsillo de los capitalistas sin que estos cumplan, en absoluto, el teórico papel de "generadores de riqueza y de empleo" que los defensores de este sistema les atribuye.
Desde el inicio de la crisis las medidas del Gobierno se han centrado en desviar los recursos del Estado hacia los bolsillos de los capitalistas. No obstante, el fracaso de los "planes de rescate" se ha hecho evidente, y las perspectivas de recesión se han consolidado. En este contexto, los capitalistas están apostando decididamente por una ofensiva contra los trabajadores, bajo la coartada de lo que ellos llaman "reformas estructurales". En otras palabras, la creación de un marco de relaciones laborales en el que los salarios y las prestaciones sociales se reduzcan significativamente, aún más de lo que ya se redujeron en el periodo de crecimiento económico. Los capitalistas saben que esto no evitará la recesión, pero la recesión misma agudiza la necesidad de tomar medidas para preservar su posición frente a los competidores y su nivel de beneficios.
El gobierno de Zapatero parece haber asumido plenamente esta dinámica. Así, las medidas aprobadas a principios de marzo son la antesala de un endurecimiento de su política social, en particular, de la aprobación de una nueva reforma laboral que abarate el coste de los despidos. Inevitablemente intentarán más ataques, orientados a reducir el gasto en sanidad, educación y desempleo. Esa es la dinámica que acaba asumiendo cualquier gobierno que acepte la lógica del sistema capitalista. Después de destinar grandes cantidades de dinero a los capitalistas, más temprano que tarde, se verán obligados a utilizar las tijeras contra los gastos sociales para compensarlo. El saldo de las administraciones públicas ha pasado de un superávit de 23.259 millones de euros en 2007 (2,2% del PIB) a un déficit de 41.874 millones en 2008 (-3,82%), un vuelco que no tiene parangón a escala internacional.
Preparar la huelga general
Una de las preocupaciones más serias del gobierno de Zapatero ha sido la de evitar abrir un escenario de confrontación social. Por eso ha insistido tanto, de palabra, en que se iba a mantener y ampliar la protección social a pesar de la crisis, y que no se iba a hacer ninguna reforma sin el consenso de los agentes sociales, es decir, sin la aprobación de los dirigentes de CCOO y UGT. Sin embargo, la gravedad de la crisis y los límites de la política presupuestaria exigen, con urgencia, la aceleración de medidas contra los trabajadores, con o sin consenso de los sindicatos. Pese a todos los esfuerzos por lograr un equilibrio entre la necesidad de emprender ataques brutales contra los trabajadores y preservar la estabilidad política y social, finalmente este equilibrio se romperá.
Ni el gobierno, ni los dirigentes sindicales, y en verdad ni siquiera la CEOE, quieren un escenario de conflictividad social. La principal dificultad para aplicar las "reformas estructurales" no reside en el programa o la voluntad subjetiva de los "agentes sociales" sino en el clima social; en el profundo malestar existente entre la clase obrera y la juventud; en el hecho de que la idea de que estamos todos en el "mismo barco" no ha calado pese a la gravedad de la crisis; más bien al contrario, el contraste entre la diligencia del gobierno en dar toda clase de apoyos a banqueros y empresarios y su pasividad frente a la cascada de ERE y despidos ha agudizado la percepción de que existen intereses sociales bien enfrentados en esta crisis. Este es el aspecto de fondo del ambiente social.
Por otro lado, a los dirigentes del PSOE les gustaría que el PP se implicara en las impopulares medidas que el gobierno tiene previsto aplicar. Pero Rajoy, aunque se ha apartado del histerismo fascistoide del periodo anterior, difícilmente abandonará la táctica de dejar que Zapatero se queme solo en esta crisis, aunque la derecha sea la primera en estar de acuerdo en la necesidad de atacar a los trabajadores. Esta orientación le ha ofrecido buenos resultados en Galicia, y son una nueva advertencia de las consecuencias electorales que puede tener la política "realista" de Zapatero: favorecer políticamente, y sobre todo electoralmente, a la reacción. Cuanto más agresivo se muestre el gobierno frente a los trabajadores, más débil estará el PSOE frente al PP, lo cual introduce otro elemento de tensión e inestabilidad en la situación política general, constituyendo también la semilla de las futuras crisis internas en el PSOE.
En cualquier caso, es necesario revertir la dinámica de ataques, plantar cara a la patronal y obligar al gobierno a dar un giro de 180 grados. El dinero público debe utilizarse para defender a los parados, los salarios y los servicios públicos (educación y sanidad). Cuantas más cesiones hagan los dirigentes sindicales a la patronal y al gobierno menos condiciones tendrán para hacer frente a una ofensiva que tiene también como objetivo debilitar la propia capacidad de los sindicatos. Por eso los sindicatos de clase deben romper con esta dinámica de aceptación pasiva de la crisis y pasar a la movilización unificada en todo el Estado, organizando ya una huelga general en los próximos meses que sería apoyada, sin duda, por millones de trabajadores, parados y jóvenes. Los ejemplos de Francia, Italia, Irlanda o Grecia muestran el camino que hay que tomar para frenar los ataques y defender nuestros puestos de trabajo.
La crisis económica está poniendo en evidencia que no existe margen para satisfacer los intereses de los capitalistas y de los trabajadores a la vez; que las mejoras de las condiciones de vida de las masas no sólo no avanzan gradualmente de la mano del libre mercado sino que corren el peligro de sufrir un brusco retroceso; que el Estado capitalista no sirve para redistribuir equitativamente la riqueza social sino para acelerar su canalización hacia una minoría de privilegiados. Es decir, la crisis está poniendo en evidencia no sólo el fracaso del capitalismo sino de aquellas ideas y de aquellas prácticas políticas que sostienen que es posible un capitalismo de rostro humano. En la época de decadencia capitalista, las únicas mejoras y conquistas serias para la mayoría de la sociedad sólo pueden ser producto de una lucha masiva, continuada, organizada y consciente de la clase obrera y de la juventud, es decir de la lucha por apartar a la burguesía de las palancas del poder político y económico de la sociedad; de la lucha por la revolución socialista. No hay salida más realista.
Esta dramática situación, por sí misma, demuestra el fracaso y el engaño que han supuesto y siguen suponiendo las medidas de rescate impulsadas por el gobierno, y que han actuado en una sola dirección: preservar los intereses de la gran Banca y de los empresarios. Son 250.000 millones de euros (equivalente al 25% del PIB) el dinero público que el gobierno de Zapatero tiene comprometido para bancos y cajas. Esta ingente cantidad de recursos ha permitido a las entidades financieras seguir repartiendo jugosos beneficios, pero no ha evitado, en absoluto, la crisis ni sus demoledoras consecuencias para millones de familias trabajadoras. Al contrario: este desorbitado gasto público introduce nuevas contradicciones en el sistema y compromete seriamente las futuras prestaciones sociales.
Nueva ofensiva contra los trabajadores
Sin embargo, el gobierno de Zapatero no ha sacado otra conclusión de esta experiencia que la necesidad de seguir profundizando en la misma línea. Se preparan nuevas intervenciones en bancos y cajas con el fin de "sanearlos" con más dinero público y, con el paquete de medidas anunciado el 3 de marzo, se da otra vuelta de tuerca en el abaratamiento de los costes laborales para el empresario. Según informa Cinco Días se bonificarán el 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social a aquellas empresas que efectúen un ERE de suspensión temporal si luego mantienen un año los puestos de trabajo; se aplazará el pago de las cuotas a la Seguridad Social a aquellas empresas con problemas de tesorería; se incrementará la bonificación de los contratos indefinidos a tiempo parcial; se ampliarán los créditos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, lo más increíble, se destinará la prestación por desempleo a bonificar a las empresas que contraten a parados. Todas estas medidas tienen una lógica aplastante: sustituir empleo de calidad, empleo con salarios dignos, por contratos de trabajo basura que permiten a la patronal una reducción muy importante de sus costes salariales para aumentar sus beneficios, a cuenta de las finanzas públicas.
A pesar de que estas medidas son un auténtico escándalo -son sencillamente más regalos a los empresarios-, que tampoco resolverán el problema del desempleo, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, declaró que "se han quedado cortas", exigiendo una auténtica reforma laboral para abaratar el despido, incluir las ETTs en el servicio de empleo y rebajar las cuotas empresariales a la Seguridad Social de forma permanente, entre otras reivindicaciones. Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, había exigido, pocas semanas antes, que "los ERE deben ser rápidos y sin la necesidad de autorización previa de la Administración".
La crisis, a peor
A pesar de la cantidad de dinero público sin precedentes que el Estado destina a banqueros y empresarios, la inversión privada está cayendo abruptamente. En el último trimestre de 2008 las inversiones en bienes de equipo cayeron un 9,7% respecto al mismo periodo de 2009, lo que augura una caída de la actividad económica mucho mayor de la que ya se ha producido hasta el momento. Estas cifras hacen que resuenen todavía más ridículas las imploraciones lacrimógenas a los capitalistas para que inviertan y cambien de "modelo de crecimiento". El esquema de los empresarios es otro: salvar su capital como sea, sacándolo del sector productivo si es necesario y exigir al gobierno, sin límite, más dinero público y nuevas medidas para reducir los costes salariales. El auténtico "modelo" de funcionamiento económico salta a la vista: los recursos públicos destinados a ayudar a los capitalistas son cada vez mayores, mientras los capitalistas invierten cada vez menos. Resultado: se produce una transferencia directa del dinero de los trabajadores (que son los que más recursos generan al Estado) al bolsillo de los capitalistas sin que estos cumplan, en absoluto, el teórico papel de "generadores de riqueza y de empleo" que los defensores de este sistema les atribuye.
Desde el inicio de la crisis las medidas del Gobierno se han centrado en desviar los recursos del Estado hacia los bolsillos de los capitalistas. No obstante, el fracaso de los "planes de rescate" se ha hecho evidente, y las perspectivas de recesión se han consolidado. En este contexto, los capitalistas están apostando decididamente por una ofensiva contra los trabajadores, bajo la coartada de lo que ellos llaman "reformas estructurales". En otras palabras, la creación de un marco de relaciones laborales en el que los salarios y las prestaciones sociales se reduzcan significativamente, aún más de lo que ya se redujeron en el periodo de crecimiento económico. Los capitalistas saben que esto no evitará la recesión, pero la recesión misma agudiza la necesidad de tomar medidas para preservar su posición frente a los competidores y su nivel de beneficios.
El gobierno de Zapatero parece haber asumido plenamente esta dinámica. Así, las medidas aprobadas a principios de marzo son la antesala de un endurecimiento de su política social, en particular, de la aprobación de una nueva reforma laboral que abarate el coste de los despidos. Inevitablemente intentarán más ataques, orientados a reducir el gasto en sanidad, educación y desempleo. Esa es la dinámica que acaba asumiendo cualquier gobierno que acepte la lógica del sistema capitalista. Después de destinar grandes cantidades de dinero a los capitalistas, más temprano que tarde, se verán obligados a utilizar las tijeras contra los gastos sociales para compensarlo. El saldo de las administraciones públicas ha pasado de un superávit de 23.259 millones de euros en 2007 (2,2% del PIB) a un déficit de 41.874 millones en 2008 (-3,82%), un vuelco que no tiene parangón a escala internacional.
Preparar la huelga general
Una de las preocupaciones más serias del gobierno de Zapatero ha sido la de evitar abrir un escenario de confrontación social. Por eso ha insistido tanto, de palabra, en que se iba a mantener y ampliar la protección social a pesar de la crisis, y que no se iba a hacer ninguna reforma sin el consenso de los agentes sociales, es decir, sin la aprobación de los dirigentes de CCOO y UGT. Sin embargo, la gravedad de la crisis y los límites de la política presupuestaria exigen, con urgencia, la aceleración de medidas contra los trabajadores, con o sin consenso de los sindicatos. Pese a todos los esfuerzos por lograr un equilibrio entre la necesidad de emprender ataques brutales contra los trabajadores y preservar la estabilidad política y social, finalmente este equilibrio se romperá.
Ni el gobierno, ni los dirigentes sindicales, y en verdad ni siquiera la CEOE, quieren un escenario de conflictividad social. La principal dificultad para aplicar las "reformas estructurales" no reside en el programa o la voluntad subjetiva de los "agentes sociales" sino en el clima social; en el profundo malestar existente entre la clase obrera y la juventud; en el hecho de que la idea de que estamos todos en el "mismo barco" no ha calado pese a la gravedad de la crisis; más bien al contrario, el contraste entre la diligencia del gobierno en dar toda clase de apoyos a banqueros y empresarios y su pasividad frente a la cascada de ERE y despidos ha agudizado la percepción de que existen intereses sociales bien enfrentados en esta crisis. Este es el aspecto de fondo del ambiente social.
Por otro lado, a los dirigentes del PSOE les gustaría que el PP se implicara en las impopulares medidas que el gobierno tiene previsto aplicar. Pero Rajoy, aunque se ha apartado del histerismo fascistoide del periodo anterior, difícilmente abandonará la táctica de dejar que Zapatero se queme solo en esta crisis, aunque la derecha sea la primera en estar de acuerdo en la necesidad de atacar a los trabajadores. Esta orientación le ha ofrecido buenos resultados en Galicia, y son una nueva advertencia de las consecuencias electorales que puede tener la política "realista" de Zapatero: favorecer políticamente, y sobre todo electoralmente, a la reacción. Cuanto más agresivo se muestre el gobierno frente a los trabajadores, más débil estará el PSOE frente al PP, lo cual introduce otro elemento de tensión e inestabilidad en la situación política general, constituyendo también la semilla de las futuras crisis internas en el PSOE.
En cualquier caso, es necesario revertir la dinámica de ataques, plantar cara a la patronal y obligar al gobierno a dar un giro de 180 grados. El dinero público debe utilizarse para defender a los parados, los salarios y los servicios públicos (educación y sanidad). Cuantas más cesiones hagan los dirigentes sindicales a la patronal y al gobierno menos condiciones tendrán para hacer frente a una ofensiva que tiene también como objetivo debilitar la propia capacidad de los sindicatos. Por eso los sindicatos de clase deben romper con esta dinámica de aceptación pasiva de la crisis y pasar a la movilización unificada en todo el Estado, organizando ya una huelga general en los próximos meses que sería apoyada, sin duda, por millones de trabajadores, parados y jóvenes. Los ejemplos de Francia, Italia, Irlanda o Grecia muestran el camino que hay que tomar para frenar los ataques y defender nuestros puestos de trabajo.
La crisis económica está poniendo en evidencia que no existe margen para satisfacer los intereses de los capitalistas y de los trabajadores a la vez; que las mejoras de las condiciones de vida de las masas no sólo no avanzan gradualmente de la mano del libre mercado sino que corren el peligro de sufrir un brusco retroceso; que el Estado capitalista no sirve para redistribuir equitativamente la riqueza social sino para acelerar su canalización hacia una minoría de privilegiados. Es decir, la crisis está poniendo en evidencia no sólo el fracaso del capitalismo sino de aquellas ideas y de aquellas prácticas políticas que sostienen que es posible un capitalismo de rostro humano. En la época de decadencia capitalista, las únicas mejoras y conquistas serias para la mayoría de la sociedad sólo pueden ser producto de una lucha masiva, continuada, organizada y consciente de la clase obrera y de la juventud, es decir de la lucha por apartar a la burguesía de las palancas del poder político y económico de la sociedad; de la lucha por la revolución socialista. No hay salida más realista.
