El gobierno del PSOE ha anunciado la elaboración de un anteproyecto de
ley sobre el aborto que legalizaría la interrupción del embarazo en las
primeras 14 semanas o hasta la semana 22 si existe malformación del
feto o grave riesgo de salud para la mujer embarazada.
El gobierno del PSOE ha anunciado la elaboración de un anteproyecto de ley sobre el aborto que legalizaría la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas o hasta la semana 22 si existe malformación del feto o grave riesgo de salud para la mujer embarazada.
A pesar de que la actual ley contempla algunos supuestos en los que el aborto es legal antes de las 12 semanas de gestación, la práctica de este derecho sigue siendo perseguida en gran medida. El endurecimiento del código penal ha provocado un incremento de procedimientos por caso de aborto, pasando de 9 en 2007 a 493 en 2008.
Una de las cuestiones que más ha indignado a la derecha ha sido que se pretenda incluir en la ley que las mujeres menores de edad, desde los 16 años, puedan abortar sin consentimiento paterno. Teniendo en cuenta que unas 11.000 menores abortan al año por propia voluntad, parece más que necesario que las mujeres precisamente en este tramo de edad, tengan la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo no deseado con todas las garantías y de forma gratuita, sin que exista coerción de ninguna clase, de forma que se garantice su salud y desarrollo personal y físico. La hipocresía de la jerarquía de la Iglesia aquí es manifiesta. Una mujer de 16 años puede trabajar (precariamente), ir a la cárcel y quedarse embarazada, pero no puede decidir si aborta o no.
La hipocresía de la Iglesia
Asistimos, de nuevo, a un debate en el que un anteproyecto de ley, en el que ni siquiera hablamos de aborto libre y gratuito, desempolva las sotanas más podridas de la Iglesia Católica. La misma Iglesia que en el continente africano, con más de 20 millones de afectados por el VIH, promulga que el preservativo favorece la expansión del SIDA, o que en Brasil ha excomulgado a la madre y a los médicos que practicaron el aborto a una niña de nueve años que quedó embarazada de gemelos, por las sistemáticas violaciones que padecía desde los seis por parte de su padrastro. Giovanni Battista Re, estrecho colaborador del papa Benedicto XVI y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, declaró a La Stampa que "el verdadero problema es que los gemelos concebidos eran personas inocentes, que tenían el derecho innegable a la vida". ¡Increíble!
Los grupos antiabortistas ya han realizado movilizaciones, siguiendo el mismo esquema que con ocasión de la ley que permitía el matrimonio entre homosexuales. La Iglesia ha realizado una vergonzosa campaña, gastándose una parte de su inmenso capital, en la que un niño, que poco tiene que ver con un feto de doce semanas, reclama su derecho a la vida frente a la privilegiada protección del lince ibérico. Debe ser que los seres humanos estamos en serio peligro de extinción, o que las mujeres que pasan por la experiencia, nada agradable, del aborto son poco más que animales.
El gobierno del PSOE debería lanzar una contraofensiva ideológica desenmascarando la actitud hipócrita de la Iglesia, en la que abundan los casos de pederastia, vinculaciones con las altas finanzas y regímenes dictatoriales (sin irnos muy lejos, la España franquista) a los que el derecho a la vida bien poco les importa.
La Iglesia pretende hacer valer el poder y los privilegios de los que aún hoy goza, intentando amedrentar a millones de mujeres e impidiendo su igualdad. Por eso, el gobierno debería poner a la jerarquía eclesiástica en su sitio en lugar de atraerla a mesas de diálogo y seguir financiándola a manos llenas. De hecho, este ejecutivo es el que más dinero ha destinado a la Iglesia desde el inicio de la transición. Dinero que va a las instituciones y centros de estudios controlados por la Iglesia en vez de a financiar la sanidad y educación públicas. Mientras millones de familias afectadas por la crisis se quedan sin empleo, sin subsidio o no tienen un techo digno donde vivir, la Iglesia recibe el dinero de todos y como en Madrid, miles de metros cuadrados recalificados, destinados a construir un mini-vaticano.
Esta ley, aunque llega tarde, puede suponer un importante paso adelante. La educación sexual ha de llegar de verdad, a las escuelas y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Es necesario asegurar que las interrupciones de embarazo se realicen junto con las políticas de seguimiento y prevención, en centros especializados dotados de los medios y profesionales necesarios (tanto personal médicos como psicólogos y educadores), a los que cualquier mujer pueda acceder con total libertad, seguridad y de forma gratuita. Es decir, en la sanidad pública.
A pesar de que la actual ley contempla algunos supuestos en los que el aborto es legal antes de las 12 semanas de gestación, la práctica de este derecho sigue siendo perseguida en gran medida. El endurecimiento del código penal ha provocado un incremento de procedimientos por caso de aborto, pasando de 9 en 2007 a 493 en 2008.
Una de las cuestiones que más ha indignado a la derecha ha sido que se pretenda incluir en la ley que las mujeres menores de edad, desde los 16 años, puedan abortar sin consentimiento paterno. Teniendo en cuenta que unas 11.000 menores abortan al año por propia voluntad, parece más que necesario que las mujeres precisamente en este tramo de edad, tengan la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo no deseado con todas las garantías y de forma gratuita, sin que exista coerción de ninguna clase, de forma que se garantice su salud y desarrollo personal y físico. La hipocresía de la jerarquía de la Iglesia aquí es manifiesta. Una mujer de 16 años puede trabajar (precariamente), ir a la cárcel y quedarse embarazada, pero no puede decidir si aborta o no.
La hipocresía de la Iglesia
Asistimos, de nuevo, a un debate en el que un anteproyecto de ley, en el que ni siquiera hablamos de aborto libre y gratuito, desempolva las sotanas más podridas de la Iglesia Católica. La misma Iglesia que en el continente africano, con más de 20 millones de afectados por el VIH, promulga que el preservativo favorece la expansión del SIDA, o que en Brasil ha excomulgado a la madre y a los médicos que practicaron el aborto a una niña de nueve años que quedó embarazada de gemelos, por las sistemáticas violaciones que padecía desde los seis por parte de su padrastro. Giovanni Battista Re, estrecho colaborador del papa Benedicto XVI y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, declaró a La Stampa que "el verdadero problema es que los gemelos concebidos eran personas inocentes, que tenían el derecho innegable a la vida". ¡Increíble!
Los grupos antiabortistas ya han realizado movilizaciones, siguiendo el mismo esquema que con ocasión de la ley que permitía el matrimonio entre homosexuales. La Iglesia ha realizado una vergonzosa campaña, gastándose una parte de su inmenso capital, en la que un niño, que poco tiene que ver con un feto de doce semanas, reclama su derecho a la vida frente a la privilegiada protección del lince ibérico. Debe ser que los seres humanos estamos en serio peligro de extinción, o que las mujeres que pasan por la experiencia, nada agradable, del aborto son poco más que animales.
El gobierno del PSOE debería lanzar una contraofensiva ideológica desenmascarando la actitud hipócrita de la Iglesia, en la que abundan los casos de pederastia, vinculaciones con las altas finanzas y regímenes dictatoriales (sin irnos muy lejos, la España franquista) a los que el derecho a la vida bien poco les importa.
La Iglesia pretende hacer valer el poder y los privilegios de los que aún hoy goza, intentando amedrentar a millones de mujeres e impidiendo su igualdad. Por eso, el gobierno debería poner a la jerarquía eclesiástica en su sitio en lugar de atraerla a mesas de diálogo y seguir financiándola a manos llenas. De hecho, este ejecutivo es el que más dinero ha destinado a la Iglesia desde el inicio de la transición. Dinero que va a las instituciones y centros de estudios controlados por la Iglesia en vez de a financiar la sanidad y educación públicas. Mientras millones de familias afectadas por la crisis se quedan sin empleo, sin subsidio o no tienen un techo digno donde vivir, la Iglesia recibe el dinero de todos y como en Madrid, miles de metros cuadrados recalificados, destinados a construir un mini-vaticano.
Esta ley, aunque llega tarde, puede suponer un importante paso adelante. La educación sexual ha de llegar de verdad, a las escuelas y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Es necesario asegurar que las interrupciones de embarazo se realicen junto con las políticas de seguimiento y prevención, en centros especializados dotados de los medios y profesionales necesarios (tanto personal médicos como psicólogos y educadores), a los que cualquier mujer pueda acceder con total libertad, seguridad y de forma gratuita. Es decir, en la sanidad pública.
