Sin duda uno de los colectivos más castigados por la crisis es el de los trabajadores inmigrantes, un colectivo que en este país ronda los cinco millones de personas. Durante todo un periodo de tiempo muchos de ellos encontraron cabida en la construcción y en la hostelería, fundamentalmente. El boom inmobiliario y el crédito fácil hacían al Estado español un sitio atractivo y con posibilidades de ganarse la vida.
Sin duda uno de los colectivos más castigados por la crisis es el de los trabajadores inmigrantes, un colectivo que en este país ronda los cinco millones de personas. Durante todo un periodo de tiempo muchos de ellos encontraron cabida en la construcción y en la hostelería, fundamentalmente. El boom inmobiliario y el crédito fácil hacían al Estado español un sitio atractivo y con posibilidades de ganarse la vida.
Sin embargo, todo esto se ha derrumbado. La destrucción de empleo en todos los sectores, especialmente en la construcción y en la hostelería han arrojado al desempleo a centenares de miles de trabajadores inmigrantes, que de la noche a la mañana se han visto en situaciones desesperadas, teniendo que hacer frente a hipotecas, alquileres, etc. y con la imposibilidad de enviar dinero a sus países de origen, tan importante para la subsistencia de sus familias.
Después de haber pasado años haciendo trámites, papeleo, colas interminables, después de haber, muchos de ellos, regularizado su situación y salido adelante (a pesar de haber servido como mano de obra barata para los empresarios, que se han aprovechado durante todos estos años un auténtico filón, fruto de las enormes necesidades de trabajar y de situaciones realmente desesperadas) resulta que ahora parece que los trabajadores inmigrantes sobran.
Podría parecer que la crisis, como es natural, siempre se ensaña con los más débiles, cosa que es cierta, pero las cosas van mucho más allá. La clase dominante europea no tiene ninguna intención de hacerse cargo de millones de trabajadores que durante las épocas de bonanza han servido para, según ellos, hacer el mercado laboral más competitivo pero que ahora mismo se convierten en una pesada carga y, por tanto, han puesto su maquinaria en marcha.
Política oficial de acoso
La reforma de la Ley de Extranjería, la carta de invitación o el retorno voluntario son algunos ejemplos de cómo, en un plazo muy corto de tiempo, las autoridades han actuado rápidamente y sin descanso con el fin de hacer imposible la vida a estos trabajadores y trabajadoras y así forzarles a que regresen a sus países de origen, dándoles a entender que aquí ya no hay muchas posibilidades.
La reforma de la ley de extranjería, entre otros aspectos, amplía el plazo de tiempo que se tiene retenido a un inmigrante antes de su expulsión. También aplica, directamente, la expulsión en casos en los que anteriormente se aplicaba multa. A pesar de reconocer asesoramiento jurídico gratuito, ahora se exige un nuevo trámite, una solicitud específica que sin duda significará zambullirse en una serie de trámites que en la práctica se traducirán en que los inmigrantes al final no tengan asesoría jurídica gratuita. Así mismo, la reforma endurece las sanciones a quienes promuevan la permanencia ilegal de un extranjero sin especificar y sin diferenciar entre empresas que contraten ilegalmente, contra las cuales nunca se han hecho grandes esfuerzos por perseguirlas, y personas o colectivos que acojan inmigrantes de forma solidaria que se podrían enfrentar a multas de hasta 100.000 euros. El mensaje está muy claro, la solidaridad con los inmigrantes será castigada.
En cuanto al nuevo régimen de retorno voluntario, que era uno de los puntos fuertes en política de inmigración, parece no haber cosechado los resultados que el ministro Corbacho esperaba. Según su previsión, alrededor de 100.000 inmigrantes se acogerían al nuevo plan, la realidad es bien diferente, apenas unas 1.400 personas se han acogido al plan en su segundo mes de vigencia.
El plan consiste en entregar la prestación por desempleo, toda junta, siendo la media de unos 10.000 euros aproximadamente con la esperanza de que los inmigrantes en paro regresen a sus países de origen e inicien así un nuevo proyecto de vida, algo completamente ridículo teniendo en cuenta las penurias que muchos de ellos han tenido que pasar para conseguir los papeles y teniendo en cuenta, también, la actual situación de sus países de origen donde las perspectivas económicas, después de un crecimiento desenfrenado, no son nada favorables.
A pesar de la imagen de sensibilidad social que el gobierno de Zapatero quiere mostrar, a la hora de la verdad y en los aspectos fundamentales no se está distanciando mucho de las medidas que están tomando los gobiernos de la derecha en toda Europa. De seguir así este gobierno, puesto en el poder con el voto de los trabajadores, pagará un alto precio por su política.
Situación desesperante
Durante los últimos años hemos asistido a un crecimiento sin precedentes de las llamadas economías emergentes, es decir, economías que se han visto favorecidas por el auge de las exportaciones, pero que al mismo tiempo les situaba en una posición sumamente delicada al estar completamente sujetas a todas las turbulencias del mercado mundial.
La profunda crisis mundial, no se ha hecho esperar, las economías de los países del mal llamado tercer mundo han sufrido un brusco frenazo y un rápido aumento del paro y de la inflación. El frenazo en el envío de remesas que jugaba un papel importante en el PIB, combinado con una situación política explosiva, especialmente en Latinoamérica, hacen que el problema de la inmigración se profundice e manera significativa. Por un lado, la mayoría de inmigrantes no se pueden permitir regresar, por otro se producirá un aumento significativo de personas, que huyendo de la miseria, intenten ingresar en el primer mundo en busca de alguna oportunidad, a pesar de la crisis, y por último los gobiernos no tendrán ningún escrúpulo a la hora de endurecer la leyes, para expulsar y para impedir la entrada de más inmigrantes en sus países.
Las organizaciones de los trabajadores deben movilizar
La problemática de la inmigración no puede ser abordada desde un punto de vista meramente humanitario y de socorro. Los sindicatos de clase deben defender los derechos de los inmigrantes desde un punto de vista de clase, ¿acaso no son trabajadores afectados por la crisis? Difícilmente podrán solucionar sus problemas creando departamentos que sólo se limitan a asesorar sin más.
UGT y CCOO deberían organizar y movilizar conjuntamente a los trabajadores inmigrantes junto con el resto de la clase trabajadora nativa y defender un sindicalismo combativo y de clase, explicando claramente que dentro del sistema capitalista no hay ni habrá solución para la problemática de inmigración ni para ningún otro problema.
