La crisis económica sigue profundizándose y prolongándose. En este
contexto, las tensiones en torno a las medidas a tomar en política
presupuestaria (tanto la impositiva como la de gastos), regulación de
las condiciones laborales y los salarios y otros aspectos económicos
fundamentales, se agudizan. Como telón de fondo de esta tensión, que se
está expresando en las dificultades del llamado diálogo social
impulsado por el gobierno, está la confrontación objetiva de intereses
entre los capitalistas y los trabajadores.
La crisis económica sigue profundizándose y prolongándose. En este contexto, las tensiones en torno a las medidas a tomar en política presupuestaria (tanto la impositiva como la de gastos), regulación de las condiciones laborales y los salarios y otros aspectos económicos fundamentales, se agudizan. Como telón de fondo de esta tensión, que se está expresando en las dificultades del llamado diálogo social impulsado por el gobierno, está la confrontación objetiva de intereses entre los capitalistas y los trabajadores.
La OCDE prevé una caída del PIB del 4,2% este año y un 0,9% el próximo. Los datos de descenso del paro registrado en junio (55.250 desempleados menos), por segundo mes consecutivo, tienen más que ver con el inicio de la temporada de verano y a las obras del Plan de inversión local (según el gobierno ha creado algo más de 300.000 empleos), actividades que requieren de mano de obra temporal, que con una verdadera y sólida recuperación de la economía. De hecho, el desempleo alcanza ya prácticamente el 18%.
La utilización de la capacidad productiva del sector industrial disminuyó al inicio del segundo trimestre de 2009, llegando a su nivel más bajo históricamente, y la caída de la producción industrial en mayo fue del 20,5%, respecto al mismo mes de 2008. Según un estudio de la consultora Mercer, realizado en 2.100 empresas (La Vanguardia, 18/06/09), el 75% de las empresas españolas planea reducir plantilla y el 62% de las compañías españolas ha congelado el salario al menos a algún colectivo de empleados, un 35% ha retrasado la subida salarial y un 17% lo ha reducido.
La situación social sigue acumulando material explosivo. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tenía que reconocer que una de cada cuatro familias con todos sus miembros en paro no percibe prestación. Casi 600.000 personas viven de la caridad en el Estado español, casi 200.000 más que en 2007, según el último informe de Cáritas.
Política fiscal y reducción del gasto público
El efecto de la crisis económica también se está haciendo notar en la recaudación tributaria. Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, anunció la posibilidad de revisar todos los impuestos en otoño al elaborar los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio, puesto que se ha acabado el margen para aumentar el déficit público, que calcula llegará al 9,5% del PIB (un 7,9%, en 2010). Según el servicio de estudios del BBVA, si se quiere alcanzar un déficit público del 3% del PIB en 2012 el gasto público deberá recortarse en 50.000 millones de euros. Es decir, una receta acabada para mayores recortes sociales, que recaerán en los sectores sociales más desfavorecidos. El gobierno ya ha anunciado el primer recorte de gasto en el presupuesto desde la última recesión: en 2010 quiere ahorrar 9.000 millones de euros.
Por otro lado, el 23 de junio el PSOE nos deleitó con un bochornoso espectáculo. Tras amagar con un "giro" a la izquierda en su política fiscal, llegando a un acuerdo con IU-ICV para conseguir mayor progresividad fiscal y "modificar el gravamen en la imposición directa de los contribuyentes con mayores niveles de renta y patrimonio", a las pocas horas se desdecía para conseguir el apoyo CiU, de quien el gobierno necesitaba los votos para sacar adelante el techo de gasto de los próximos presupuestos generales (trámite anterior a los presupuestos).
En vez de subir los impuestos a los ricos el gobierno ha preferido aumentar impuestos sobre el petróleo o el tabaco, y poco después aprobaba una subida de las tarifas de la luz de un 2% (a sumar a la subida del 3,5% en enero).
Sistema financiero
Mientras, en el Consejo de Ministros del 26 de junio, se aprobó un decreto-ley para la creación del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyo objetivo prioritario es no dejar caer ninguna entidad del sistema financiero. Este fondo de rescate estará dotado inicialmente con 9.000 millones de euros, ampliables a 99.000 a lo largo de todo el proceso de reordenación del sector financiero, de los que se podrá disponer este año de hasta 36.000. Es decir, un nuevo regalo a bancos y cajas (que añadir a los 150.000 millones de euros concedidos anteriormente) para acometer la reestructuración del sistema bancario.
En palabras de la ministra de Economía, Elena Salgado: "varias entidades se enfrentan a posibles problemas en los próximos meses". Las familias y empresas residentes en el Estado español debían en marzo un 36,5% más de lo que tenían ahorrado en depósitos. La morosidad se ha multiplicado por cuatro en el último año (4,27% en marzo), lo que ha hecho decrecer los beneficios de la banca (descenso del 21,5% en el primer trimestre de 2009).
Tensiones en el diálogo social
Es en este escenario en el que la burguesía arrecia la presión para que el gobierno apruebe una reforma laboral.
Previamente a la reunión fijada para el 2 de julio con la patronal y los sindicatos el gobierno anunció los ejes para un posible acuerdo: una ayuda de 420 euros mensuales a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo, el subsidio y cualquier otra renta a la que tuviera derecho, durante un máximo de seis meses y vinculado a programas de formación; una rebaja de las cotizaciones sociales a las empresas de 0,5 puntos y levantar el veto a las empresas de trabajo temporal en sectores peligrosos (construcción, minería...) y en las administraciones públicas. Aunque los sindicatos calificaban de raquítica la extensión del seguro de paro, que debería ser de al menos un año, y se oponen al levantamiento del veto a las ETT, y para la CEOE era completamente insuficiente la rebaja en las cotizaciones, el gobierno confiaba en el acuerdo. Esto le permitiría a Zapatero presentarse el 20 de julio, en su comparecencia en el Congreso para hablar de la situación económica, con un pacto entre empresarios y sindicatos.
Sin embargo, dicha reunión terminó con los sindicatos levantándose de la mesa y con amenazas por parte de los representantes de CCOO, Ramón Górriz, y UGT, Toni Ferrer, de convocatoria de una huelga general. La actitud de la patronal fue lo que provocó esta situación, puesto que se lanzó a la ofensiva, exigiendo sus reivindicaciones más ambiciosas. Entre ellas el "contrato del siglo XXI", nueva versión del "contrato de crisis" con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad. Además, la patronal elevó de dos a cinco puntos su petición de rebaja en las cotizaciones sociales, que las bajas por incapacidad laboral entre los días cuatro y quince -que ahora corren a cargo de las empresas- estén exentas de cotización.
Con estas exigencias patronales encima de la mesa, el secretario general de CCOO, Toxo, ante una asamblea de delegados en Toledo, explicó que hay una "pugna fortísima" en las mesas del diálogo social y hay que estar preparados para defenderse e impedir que "al hilo de la crisis, la patronal se cobre las dos piezas que realmente busca: el fin de la tutela judicial de los derechos laborales y el desmantelamiento de la Seguridad Social. No podemos tolerarlo. Si llega, será tras la derrota sindical. Y eso no va a ocurrir en nuestro país".
Toxo explicó que el 7 de octubre la Confederación Sindical Internacional ha convocado una jornada de movilización mundial. "En España, será una movilización específica, por nuestra situación social y laboral". "Para nosotros, septiembre tiene que ser un mes de intensa movilización, de información y de discusión en las empresas, para convertir ese día en una gran jornada de movilización sindical en nuestro país por los convenios colectivos, haya no haya acuerdo en el diálogo social -y si no lo hay, con mayores razones-".
El 6 de julio gobierno, patronal y sindicatos están citados de nuevo. En cualquier caso, lo que refleja todo esto es el escaso margen de maniobra para llegar a un acuerdo. A la burguesía le gustaría llegar a un acuerdo y seguir en la senda de la "paz social", pero a la vez necesita medidas de choque contra los trabajadores para preservar sus beneficios en tiempos de crisis y, en este camino, pueden acabar tensando la cuerda hasta la ruptura. A los dirigentes sindicales también les interesaría un acuerdo, pero si aceptan retrocesos en puntos clave su autoridad ante los trabajadores caería varios puntos, corriendo el riesgo de acabar arrollados por una ofensiva de la burguesía aún mayor. El margen de maniobra se agota para todos, y la dinámica de la confrontación social tiene una base real, acelerada por la crisis, al margen de los deseos de los "agentes sociales". Por eso la convocatoria de una huelga general, que todos tratan de conjurar, se encuentra implícita en la situación. Para los trabajadores, dicha convocatoria sería la mejor manera de hacer valer sus intereses y obligar al gobierno a hacer una política en beneficio de la mayoría de la sociedad.
La OCDE prevé una caída del PIB del 4,2% este año y un 0,9% el próximo. Los datos de descenso del paro registrado en junio (55.250 desempleados menos), por segundo mes consecutivo, tienen más que ver con el inicio de la temporada de verano y a las obras del Plan de inversión local (según el gobierno ha creado algo más de 300.000 empleos), actividades que requieren de mano de obra temporal, que con una verdadera y sólida recuperación de la economía. De hecho, el desempleo alcanza ya prácticamente el 18%.
La utilización de la capacidad productiva del sector industrial disminuyó al inicio del segundo trimestre de 2009, llegando a su nivel más bajo históricamente, y la caída de la producción industrial en mayo fue del 20,5%, respecto al mismo mes de 2008. Según un estudio de la consultora Mercer, realizado en 2.100 empresas (La Vanguardia, 18/06/09), el 75% de las empresas españolas planea reducir plantilla y el 62% de las compañías españolas ha congelado el salario al menos a algún colectivo de empleados, un 35% ha retrasado la subida salarial y un 17% lo ha reducido.
La situación social sigue acumulando material explosivo. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tenía que reconocer que una de cada cuatro familias con todos sus miembros en paro no percibe prestación. Casi 600.000 personas viven de la caridad en el Estado español, casi 200.000 más que en 2007, según el último informe de Cáritas.
Política fiscal y reducción del gasto público
El efecto de la crisis económica también se está haciendo notar en la recaudación tributaria. Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, anunció la posibilidad de revisar todos los impuestos en otoño al elaborar los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio, puesto que se ha acabado el margen para aumentar el déficit público, que calcula llegará al 9,5% del PIB (un 7,9%, en 2010). Según el servicio de estudios del BBVA, si se quiere alcanzar un déficit público del 3% del PIB en 2012 el gasto público deberá recortarse en 50.000 millones de euros. Es decir, una receta acabada para mayores recortes sociales, que recaerán en los sectores sociales más desfavorecidos. El gobierno ya ha anunciado el primer recorte de gasto en el presupuesto desde la última recesión: en 2010 quiere ahorrar 9.000 millones de euros.
Por otro lado, el 23 de junio el PSOE nos deleitó con un bochornoso espectáculo. Tras amagar con un "giro" a la izquierda en su política fiscal, llegando a un acuerdo con IU-ICV para conseguir mayor progresividad fiscal y "modificar el gravamen en la imposición directa de los contribuyentes con mayores niveles de renta y patrimonio", a las pocas horas se desdecía para conseguir el apoyo CiU, de quien el gobierno necesitaba los votos para sacar adelante el techo de gasto de los próximos presupuestos generales (trámite anterior a los presupuestos).
En vez de subir los impuestos a los ricos el gobierno ha preferido aumentar impuestos sobre el petróleo o el tabaco, y poco después aprobaba una subida de las tarifas de la luz de un 2% (a sumar a la subida del 3,5% en enero).
Sistema financiero
Mientras, en el Consejo de Ministros del 26 de junio, se aprobó un decreto-ley para la creación del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyo objetivo prioritario es no dejar caer ninguna entidad del sistema financiero. Este fondo de rescate estará dotado inicialmente con 9.000 millones de euros, ampliables a 99.000 a lo largo de todo el proceso de reordenación del sector financiero, de los que se podrá disponer este año de hasta 36.000. Es decir, un nuevo regalo a bancos y cajas (que añadir a los 150.000 millones de euros concedidos anteriormente) para acometer la reestructuración del sistema bancario.
En palabras de la ministra de Economía, Elena Salgado: "varias entidades se enfrentan a posibles problemas en los próximos meses". Las familias y empresas residentes en el Estado español debían en marzo un 36,5% más de lo que tenían ahorrado en depósitos. La morosidad se ha multiplicado por cuatro en el último año (4,27% en marzo), lo que ha hecho decrecer los beneficios de la banca (descenso del 21,5% en el primer trimestre de 2009).
Tensiones en el diálogo social
Es en este escenario en el que la burguesía arrecia la presión para que el gobierno apruebe una reforma laboral.
Previamente a la reunión fijada para el 2 de julio con la patronal y los sindicatos el gobierno anunció los ejes para un posible acuerdo: una ayuda de 420 euros mensuales a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo, el subsidio y cualquier otra renta a la que tuviera derecho, durante un máximo de seis meses y vinculado a programas de formación; una rebaja de las cotizaciones sociales a las empresas de 0,5 puntos y levantar el veto a las empresas de trabajo temporal en sectores peligrosos (construcción, minería...) y en las administraciones públicas. Aunque los sindicatos calificaban de raquítica la extensión del seguro de paro, que debería ser de al menos un año, y se oponen al levantamiento del veto a las ETT, y para la CEOE era completamente insuficiente la rebaja en las cotizaciones, el gobierno confiaba en el acuerdo. Esto le permitiría a Zapatero presentarse el 20 de julio, en su comparecencia en el Congreso para hablar de la situación económica, con un pacto entre empresarios y sindicatos.
Sin embargo, dicha reunión terminó con los sindicatos levantándose de la mesa y con amenazas por parte de los representantes de CCOO, Ramón Górriz, y UGT, Toni Ferrer, de convocatoria de una huelga general. La actitud de la patronal fue lo que provocó esta situación, puesto que se lanzó a la ofensiva, exigiendo sus reivindicaciones más ambiciosas. Entre ellas el "contrato del siglo XXI", nueva versión del "contrato de crisis" con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad. Además, la patronal elevó de dos a cinco puntos su petición de rebaja en las cotizaciones sociales, que las bajas por incapacidad laboral entre los días cuatro y quince -que ahora corren a cargo de las empresas- estén exentas de cotización.
Con estas exigencias patronales encima de la mesa, el secretario general de CCOO, Toxo, ante una asamblea de delegados en Toledo, explicó que hay una "pugna fortísima" en las mesas del diálogo social y hay que estar preparados para defenderse e impedir que "al hilo de la crisis, la patronal se cobre las dos piezas que realmente busca: el fin de la tutela judicial de los derechos laborales y el desmantelamiento de la Seguridad Social. No podemos tolerarlo. Si llega, será tras la derrota sindical. Y eso no va a ocurrir en nuestro país".
Toxo explicó que el 7 de octubre la Confederación Sindical Internacional ha convocado una jornada de movilización mundial. "En España, será una movilización específica, por nuestra situación social y laboral". "Para nosotros, septiembre tiene que ser un mes de intensa movilización, de información y de discusión en las empresas, para convertir ese día en una gran jornada de movilización sindical en nuestro país por los convenios colectivos, haya no haya acuerdo en el diálogo social -y si no lo hay, con mayores razones-".
El 6 de julio gobierno, patronal y sindicatos están citados de nuevo. En cualquier caso, lo que refleja todo esto es el escaso margen de maniobra para llegar a un acuerdo. A la burguesía le gustaría llegar a un acuerdo y seguir en la senda de la "paz social", pero a la vez necesita medidas de choque contra los trabajadores para preservar sus beneficios en tiempos de crisis y, en este camino, pueden acabar tensando la cuerda hasta la ruptura. A los dirigentes sindicales también les interesaría un acuerdo, pero si aceptan retrocesos en puntos clave su autoridad ante los trabajadores caería varios puntos, corriendo el riesgo de acabar arrollados por una ofensiva de la burguesía aún mayor. El margen de maniobra se agota para todos, y la dinámica de la confrontación social tiene una base real, acelerada por la crisis, al margen de los deseos de los "agentes sociales". Por eso la convocatoria de una huelga general, que todos tratan de conjurar, se encuentra implícita en la situación. Para los trabajadores, dicha convocatoria sería la mejor manera de hacer valer sus intereses y obligar al gobierno a hacer una política en beneficio de la mayoría de la sociedad.
