A mediados de junio, el gobierno de Zapatero tuvo que reconocer que sus perspectivas optimistas sobre la evolución del paro estaban completamente infundadas. Tras la reunión del Consejo de Ministros del 12 de junio, la ministra de Economía, Elena Rodríguez Salgado, presentaba un panorama desolador al respecto: la cifra brutal de cuatro millones de trabajadores en paro va a mantenerse al menos hasta 2012. Respecto al número de parados sin ningún tipo de protección, aunque el Ministerio de Trabajo anunciaba a principios de junio que era "sólo" de 300.000, los datos que se recogen provincia a provincia (por ejemplo, únicamente en la provincia de Granada hay 22.000 parados en esa situación) demuestran que cerca de un millón de trabajadores carecen ya de cualquier ingreso.
Y la perspectiva es escalofriante. De cumplirse las expectativas del gobierno, hacia mediados de 2010 cerca de 1,8 millones de parados dependerán del apoyo familiar o de las redes públicas o privadas de asistencia social para subsistir. Incluso aunque la situación del empleo mejorase hacia 2012, como espera el gobierno, eso sólo significaría que hacia mediados de ese año la cifra de parados bajaría por primera vez de cuatro millones. En ese momento, y si no se cambia la regulación actual de la cobertura por desempleo, lo más probable es que el número de trabajadores sin ningún ingreso, sumidos en la más completa miseria, supere los tres millones.
Estas circunstancias imponen que la lucha contra el paro deba convertirse en uno de los puntos centrales de los programas de las organizaciones sindicales y de los partidos de izquierda. Pero antes de plantearnos las medidas que permitirían a los trabajadores del Estado español luchar de forma efectiva contra el desempleo, debemos preguntarnos las razones por las que el paro golpea de forma tan dura a la economía española, y por qué, incluso con crecimiento positivo del PIB, no se prevé recuperación del empleo.
El carácter atrasado del capitalismo español
A pesar de que el crecimiento de los últimos años ha sido en ciertos aspectos espectacular, y claramente más alto que el de la gran mayoría de los países desarrollados, la naturaleza del capitalismo español no se vio alterada por ello. El atraso orgánico de la burguesía española, que se expresó en su incapacidad para impulsar la revolución industrial durante el S. XIX, se ha mantenido hasta nuestros días.
En la época de decadencia del sistema capitalista, los rasgos parasitarios congénitos del capitalismo español se han fusionado con lo más avanzado del moderno capitalismo financiero. Las grandes familias de la burguesía española, que amasaron sus fortunas en un mercado cerrado, fuertemente protegido de la competencia exterior por elevadísimas barreras arancelarias, que disponían de la política monetaria para ganar artificialmente competitividad en los mercados internacionales a través de las devaluaciones, y, sobre todo, que basaban sus extraordinarios beneficios en la explotación salvaje de la clase obrera industrial y agrícola, se han movido como peces en el agua en el capitalismo de los hedge-funds, de los "grandes inversores" como Bernard Madoff, y de los sofisticados instrumentos financieros que fueron el detonante inmediato de la actual crisis en septiembre de 2007.
Estos capitalistas estaban acostumbrados a utilizar el Estado como salvador de empresas ruinosas. El Instituto Nacional de Industria (INI), creado por Franco, fue el instrumento de una industrialización sin riesgos, que evitaba que el capital privado se viese obligado a invertir para crear la infraestructura industrial básica (electricidad, acero, industria química, maquinaria, ferrocarril, etc.), y que facilitaba a las empresas privadas servicios y suministros a precios subvencionados, a costa, claro está, de la sobreexplotación del conjunto de la clase obrera.
Junto a esta función de inversor subsidiario, el INI se ocupaba de garantizar que las aventuras empresariales fallidas no tuviesen repercusiones en el patrimonio de los honorables capitalistas. A lo largo del franquismo, importantes empresas de varios sectores (astilleros, metalurgia, textil, etc.), cuyos propietarios las habían llevado a una situación de ruina, muchas veces a causa de operaciones abiertamente delictivas, fueron nacionalizadas para salvar los capitales privados, manteniendo en muchas ocasiones a los antiguos propietarios al frente de las ahora empresas "públicas".
Con estos precedentes, no es de extrañar que la inversión privada de la burguesía española se haya concentrado, durante el último boom, en los sectores que requieren una inversión mínima en capital fijo, que no requieren de una mano de obra especialmente cualificada (lo que facilita el recurso masivo a la mano de obra inmigrante), y que garantizan rápidos y elevados retornos del capital invertido.
El sector estrella de este periodo ha sido, sin duda alguna, el inmobiliario. ¿Qué mejor terreno para conseguir beneficios astronómicos en plazos muy cortos que operar en el mercado de la vivienda? Se trata de uno de los bienes más básicos (todo el mundo necesita una casa para vivir), que opera con un bien escaso (el suelo urbanizable), que no requiere de grandes inversiones de capital (ya se encargan los bancos de prestar masivas cantidades de dinero), que ofrece un ciclo de retorno inigualablemente rápido (un año puede ser suficiente), y, por encima de todo, que permite traspasar el riesgo al comprador a través de la subrogación del crédito hipotecario.
Y si a todas estas ventajas le unimos el recurso masivo a la contratación temporal, ya tenemos reunidos los ingredientes básicos del boom de la economía del Estado español. Y son precisamente todos estos factores los que explican que, ante los primeros síntomas de la crisis de sobreproducción, ante una demanda que se contrae a toda velocidad, las empresas se hayan apresurado a realizar los correspondientes ajustes mediante una drástica reducción del empleo temporal, ya sea directo (personal de plantilla con cualquiera de las modalidades en vigor de contrato precario) o indirecto (personal de ETTs y subcontratas). El coste sumamente bajo, o incluso en muchos casos nulo, del despido de empleados con contrato temporal, opera como un poderoso incentivo para que las empresas no se molesten en buscar cualquier otro tipo de alternativa.
La previsión de que la recuperación económica no va a suponer una reducción del paro se aplica a todos los países capitalistas. En su reunión preparatoria de la cumbre que celebrarán en Italia en este mes de julio de 2009, los ministros de economía del G-8 lo han anunciado: el paro continuará aumentando en los países del G-8 a pesar de la recuperación. Pero en el Estado español este fenómeno llega mucho más lejos. Desde marzo de 2008 a marzo de 2009 en los 27 países de la Unión Europea se destruyeron 2.720.000 empleos; de ellos, prácticamente la mitad, 1.305.000, corresponden al Estado español. El segundo país en el ranking de creación de paro es Gran Bretaña, con "sólo" 295.000 empleos destruidos.
¿Qué significa el paro para los trabajadores?
Más allá de los números impersonales de las estadísticas, el paro es la mayor amenaza que se cierne sobre el conjunto de los trabajadores. Desgraciadamente, en el Estado español sabemos muy bien las terribles secuelas que el paro trae consigo: hundimiento personal, caos familiar, incremento del fracaso escolar, degradación de las condiciones de vida de barrios y hasta de comarcas enteras...
La geografía del paro en el Estado español, desde la crisis de los años 80, se corresponde casi milimétricamente con el mapa de la distribución del consumo masivo de tranquilizantes y antidepresivos. De forma general, en los consultorios de la Seguridad Social se puede constatar y medir el efecto destructivo del paro en la salud psíquica y física de los trabajadores y de sus familias.
Y no son sólo los afectados los que individualmente sufren los efectos del paro. Las condiciones actuales de las comarcas afectadas por las reconversiones industriales de los años 80 (la minería del carbón, el sector naval, etc.), y de las comarcas rurales afectadas por el paro endémico que castiga a los jornaleros agrícolas, son una muestra viva de la naturaleza criminal del fenómeno del paro y del sistema económico que lo genera y al que es connatural: el capitalismo.
Por un puesto de trabajo o subsidio indefinido
El primer objetivo que tiene que plantearse una lucha consecuente contra el paro es el de evitar que ningún trabajador, sean las que sean sus circunstancias anteriores, se vea obligado a mendigar o a vivir de la caridad o la asistencia social.
La angustia de no saber de qué va a comer la familia el próximo mes tiene que acabarse. Los trabajadores en paro quieren trabajar, ofrecen su fuerza de trabajo en el mercado, rebajan sus condiciones, aceptan cambios de profesión y función, aceptan movilidad geográfica, aceptan turnos que destrozan su vida personal y familiar. ¿Y cuál es su responsabilidad si los dueños del capital han decidido que invertir no vale la pena, que es mucho mejor dedicar su dinero a la especulación, por ejemplo en deuda pública, que se dibuja ya en el horizonte como la próxima burbuja financiera del capitalismo?
Los parados no son culpables de las decisiones de los empresarios ni del funcionamiento general del capitalismo. Por ello, una vez que finalice el periodo legalmente establecido de cobro de la prestación por desempleo, hay que exigir como reivindicación irrenunciable el derecho a un puesto de trabajo o a un subsidio indefinido por importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Cubrir durante un año al conjunto actual de parados sin cobertura con una renta igual al SMI supondría algo menos del beneficio neto obtenido en 2008 por el Banco Santander. Y si lo comparamos con los beneficios agregados de todo el sector financiero, el inmobiliario y las grandes constructoras, garantizar un ingreso mínimo a todos los parados es perfectamente posible.
Por supuesto, nuestros patronos nunca van a estar de acuerdo con nuestros cálculos. Defienden su parte del pastel, claro está. Pero los trabajadores podemos demostrarles, con cifras en la mano, que la cobertura indefinida del paro es totalmente viable en términos económicos. Es la escandalosa desigualdad en la distribución de la renta lo que la impide, y para corregirla estamos dispuestos a luchar.
Las luchas de los años 80
Fue precisamente la lucha por ampliar las prestaciones lo que articuló las grandes movilizaciones de los parados en los años 80. De forma similar a lo que ocurre a día de hoy, el carácter atrasado del capitalismo español se manifestó con toda su crudeza, aunque, a diferencia de la situación actual, la distribución geográfica y sectorial del paro era bastante menos homogénea.
En las comarcas y sectores donde la situación de muchas familias se hizo insostenible, los parados, a la vista de que las direcciones reformistas de los sindicatos se despreocupaban respecto a su situación, se organizaron en asambleas, que contaron con la participación activa de cientos de miles de trabajadores y sus familias.
El efecto de estas asambleas fue eléctrico: los parados tomaron inmediata conciencia de su enorme fuerza. Trabajadores que se habían sentido hundidos y al borde del abismo (por ejemplo, quién escribe estas líneas tuvo que atender más de una vez en su casa de Ferrol a viejos conocidos, trabajadores de la construcción y de las auxiliares del sector naval, que con cuarenta o cincuenta años, y después de veinte o treinta años de trabajo duro, se veían obligados a recorrer las viviendas de los barrios de Caranza y Esteiro pidiendo comida) se sacudieron de encima el desánimo y el abatimiento. Todos juntos se dieron cuenta que la resignación no era el camino, sino la reivindicación y la lucha.
Las plataformas reivindicativas se discutían en las asambleas, con la aportación de todos, de tal manera que cada consigna era sentida como propia por cada uno de los participantes. Las diferentes acciones reivindicativas se preparaban en la propia asamblea, de manera que se consiguió un ánimo participativo de una fortaleza extraordinaria.
Por ello, no es de extrañar que de forma inmediata se alcanzaran éxitos notables en algunas zonas. Lo más destacado, por su relativa generalización, fue que en algunas comarcas se consiguió prorrogar de facto el subsidio de desempleo más allá del período reglamentario de cobertura. Ante la presión de las asambleas de parados, los directores provinciales del INEM daban orden a sus oficinas de que siguiesen pagando el subsidio, en las condiciones pactadas con las propias asambleas.
También, en muchas otras zonas, se consiguió imponer a las empresas con fuerte rotación de personal (fundamentalmente, empresas de la construcción) que la contratación pasase por la asamblea de parados, evitando de esta forma que los empresarios se aprovechasen de la desesperación de los parados para empeorar aún más las condiciones laborales.
Pero, los mismos factores que facilitaron los primeros éxitos de las asambleas de parados, se acabaron convirtiendo en una fuente de debilidad. El principal factor de debilidad de este movimiento fue su incapacidad para extender sus conquistas y, por tanto, para consolidarlas. La extensión del subsidio de desempleo más allá de su periodo legal fue, sin duda, un gran logro, pero sólo benefició a un número pequeño de trabajadores. Únicamente en zonas con una fuerte concentración de parados y tradición de lucha se arrancó esta medida a la Administración, pero una gran parte de los parados permaneció al margen de esta mejora.
Además, en las zonas donde se consiguió esta conquista, las condiciones concretas de aplicación eran totalmente heterogéneas. Por ejemplo, en algunas localidades de Vizcaya se consiguió que los padres de familia cobrasen el subsidio de forma indefinida; en Córdoba se consiguió la extensión para todos los parados, fuesen o no padres de familia, pero sólo durante 180 días adicionales, etc.
La ausencia de un programa y una organización unificada en todo el Estado impidió que las conquistas locales se extendiesen a todos los parados, lo que hubiera permitido crear las bases para una lucha mucho más fuerte y ambiciosa, y para consolidar el terreno conquistado.
Pero aunque hubieran contando con una organización en todo el Estado que permitiese coordinar y unificar las luchas, las asambleas de parados presentaban otro punto débil: su separación del movimiento obrero organizado, de los sindicatos.
Por rechazables que nos parezcan las políticas de constante retroceso y concesión de las actuales direcciones sindicales, la vinculación de las luchas de los parados con los trabajadores con empleo, organizados en sus sindicatos de clase, es imprescindible para avanzar. Separarse de los sindicatos no sólo debilita al movimiento de los parados, sino que favorece las maniobras de la patronal para enfrentar a diversos grupos de trabajadores. La experiencia de los años 80 demostró la facilidad con la que los empresarios conseguían dividir a los trabajadores entre sí, a veces apoyándose en las debilidad organizativa y política de las asambleas de parados.
Unificar la lucha de los parados con la del resto de trabajadores
El programa de lucha contra el paro tiene que basarse en una idea central: el problema del paro es un problema que afecta al conjunto de la clase trabajadora, y no sólo a quienes tienen la mala suerte de estar sin trabajo.
El paro afecta de forma inmediata, claro está, a quien es despedido o a quien no encuentra su primer empleo. Pero, acto seguido, el paro actúa como un ariete contra las condiciones laborales de los que tienen empleo, especialmente contra sus condiciones salariales. Por ello, la necesidad de unificar las luchas de parados y empleados no responde a una exigencia abstracta de "solidaridad", sino que es una imperiosa necesidad práctica para que los trabajadores, en conjunto, podamos afrontar en las mejores condiciones, las múltiples situaciones adversas que la crisis nos impone.
De forma aparentemente paradójica, el rápido incremento del desempleo en el Estado español no ha traído aparejado el correspondiente descenso de los salarios. Más bien al contrario, los costes laborales unitarios se han encarecido ligeramente a lo largo de 2008 y esa tendencia se ha confirmado en el primer trimestre del 2009, con una subida en torno al 2,1%.
La explicación de este hecho reside en que la destrucción de empleo temporal significó que las empresas prescindieron de sus trabajadores jóvenes y peor pagados, mientras que mantuvieron a sus asalariados con mayor antigüedad, ya que su coste de despido es incomparablemente mayor. Y son precisamente los trabajadores más antiguos los que normalmente perciben los mayores sueldos.
Debido a esta situación, no debería resultarnos sorprendente el coro de voces que reclaman al unísono la revisión de las indemnizaciones por despido de los asalariados con contrato indefinido. Desde el gobernador del Banco de España, al presidente de la CEOE, y desde los cien "expertos economistas" al servicio de la patronal al gobernador del Banco Central Europeo, todos identifican como principal problema económico el "elevado" coste del despido.
De momento, el gobierno de Zapatero, consciente de quiénes son sus votantes, se resiste a aplicar estas medidas. Pero sea como sea, la ofensiva de la patronal está en marcha, y su objetivo es el ataque al empleo fijo, con la finalidad de sacar el máximo partido a la situación de desempleo masivo.
Rebajando los costes de despido de los trabajadores fijos, en nombre de la "solidaridad con los parados y los necesitados", se favorecería la bajada de los salarios. De conseguir sus objetivos, la patronal se aplicaría de forma inmediata a sustituir trabajadores fijos, que todavía pueden plantar cara ante la pérdida generalizada de derechos, por parados sin otra opción que aceptar lo que la empresa imponga o volver al paro. Una pérdida terrible de poder adquisitivo para el conjunto de los trabajadores es lo que está ahora mismo en juego.
Y esta amenaza es lo que une los destinos de parados y empleados. Frente a la demagogia de la derecha, hay que decir que no es verdad que los salarios "altos" sean un freno al empleo. El empleo depende de la inversión, sea pública o del sector privado, y no del nivel salarial. De ser cierto lo que plantea la derecha, los países europeos con mayores salarios (Alemania, Luxemburgo, etc.) deberían estar hundiéndose en el paro masivo, y en cambio los países con los salarios más bajos (Portugal, Marruecos, etc.) ¡deberían ser el paraíso del pleno empleo!... Evidentemente, sobran los comentarios.
Reivindicaciones frente al desempleo
Por tanto, la defensa del poder adquisitivo de los salarios, el incremento del SMI hasta los 1.100 euros, que es el importe necesario para vivir con una mínima dignidad, deben inscribirse como reivindicaciones básicas en el programa de parados y empleados.
Y no sólo la defensa del empleo fijo y los salarios une a los parados y los empleados. Las características del boom han provocado que un número muy elevado de familias trabajadoras esté enredada en la trampa de las hipotecas. Aunque los tipos de interés se mantienen de momento bajos, la evolución del volumen de deuda pública anticipa una tendencia al alza. Pero incluso con los tipos más bajos de la historia, las familias en situación de desempleo se ven a menudo obligadas a suspender el pago de sus cuotas hipotecarias. Aislados, ningún trabajador, ninguna familia, puede enfrentarse al poder de un banco. Pero con la lucha unida de parados y empleados, de los que ya no pagan su hipoteca, de los que van a tener que dejar de pagarla en los próximos meses, y de los que no duermen por las noches pensando en qué harán si pierden su trabajo, podremos plantar cara al capital financiero. ¡Ningún embargo, ningún desalojo de una familia que no pueda pagar su hipoteca!
La carga que una familia trabajadora debe pagar por su vivienda no puede superar el 10% de sus ingresos. En paro o trabajando, la hipoteca no puede pender como una amenaza sobre las cabezas de los trabajadores. Y mucho menos cuando el sector bancario está recibiendo una lluvia de millones de dinero público.
¿Y qué deberíamos hacer si la banca se niega a aceptar esta pequeña limitación a su ansia de beneficios? En ese caso nuestra exigencia tiene que ser la inmediata nacionalización de la banca, sin indemnización, y bajo control obrero. Si el sector financiero sólo sabe hacer negocios arriesgando el dinero de los demás (los ahorros de los trabajadores, los fondos de pensiones, y el dinero de los impuestos) carece de sentido que siga un minuto más en manos privadas. Nacionalizada y bajo control de los trabajadores, la Banca podría dedicar sus inmensos recursos a la financiación de la inversión productiva necesaria para satisfacer las necesidades sociales y para crear empleo.
Por último, parados y empleados deben unir sus esfuerzos por conseguir que el paro se afronte de la única manera racional que puede concebirse: el reparto de las horas de trabajo. ¿Qué sentido puede tener que con cuatro millones de parados sigan haciéndose cientos de miles de horas extras, en muchos casos no pagadas? La única razón de este sinsentido es la necesidad de los empresarios de reforzar sus beneficios. Como primer paso, debemos exigir una inmediata reducción de la jornada de trabajo a 35 horas sin reducción salarial. Manteniendo nuestro poder adquisitivo aseguramos una demanda para los bienes producidos. Reduciendo la jornada obligamos a los empresarios a contratar a más trabajadores para atender esa demanda de bienes. Efectivamente, el margen de beneficios se reducirá ligeramente, es decir, que el patrimonio de los empresarios se verá ligeramente resentido, pero esta reducción de su riqueza no afectará negativamente al conjunto de la economía.
Un caso especial lo plantean las empresas con EREs, o con reducciones encubiertas de plantilla. Es verdad que la crisis afecta a algunas empresas. Pero los trabajadores tenemos que comprobarlo por nosotros mismos, revisando la contabilidad de la empresa, comprobando cuáles han sido las decisiones empresariales que han podido tomarse años atrás y dónde ha ido a parar el dinero obtenido durante el periodo de crecimiento económico. Incluso en el caso de que la empresa esté efectivamente en crisis, eso no significa que tengamos que aceptar que las consecuencias las tengamos que pagar los trabajadores mientras que el empresario sigue viviendo en la abundancia con el dinero acumulado en el pasado a costa de nuestro sudor.
Y si la verificación de los libros demuestra que la crisis es real, nuestra respuesta tiene que ser la aplicación de la escala móvil de horas de trabajo. Aunque la carga de trabajo sea pequeña, siempre podrá repartirse entre toda la plantilla. Cuatro millones son demasiados parados, y hay que evitar incrementar su número. Bajo control de los trabajadores, hay que plantear el reparto del trabajo entre el conjunto de la plantilla, de la forma más adecuada para no afectar a la producción (reducción general de la jornada diaria, turnos semanales de tres o cuatro días, etc.). Nadie sabe mejor que los propios trabajadores cómo organizar eficientemente nuestro trabajo. La lucha contra el paro tiene que plantearse luchando contra los despidos. Esta lucha une por igual a parados y empleados.
En la lucha contra el paro hay que unir nuestras reivindicaciones inmediatas con una perspectiva global de lucha contra el sistema capitalista. El paro es una dilapidación completamente innecesaria de riqueza, pero es inevitable en un sistema basado en propiedad privada de los medios de producción y la ley del máximo beneficio individual. El problema del paro sólo tiene solución en una sociedad socialista, y sólo en ella podremos consolidar todos los avances que conquistemos ahora. Por eso la lucha contra el paro es una lucha fundamentalmente política, una lucha que pasa por recuperar a los sindicatos y partidos obreros -fundamentales para organizar todo el potencial revolucionario de nuestra clase- para el objetivo histórico por el que fueron creados: la transformación socialista de la sociedad.
