La grave recesión de la economía española, que es parte de la recesión
económica mundial, está sacando a la superficie, de forma mucho más
evidente y acelerada que en periodos "normales", los intereses de clase
contrapuestos existentes en la sociedad. Uno de los aspectos más
sintomáticos de la situación es la persistencia con la que este
antagonismo se hace presente en la vida política, aunque en ocasiones
de forma muy distorsionada y a pesar de que los sectores decisivos de
la burguesía, los principales dirigentes de los partidos de izquierda y
de los sindicatos preferirían sobrellevar la crisis capitalista en un
clima de consenso y entendimiento político.
La grave recesión de la economía española, que es parte de la recesión económica mundial, está sacando a la superficie, de forma mucho más evidente y acelerada que en periodos "normales", los intereses de clase contrapuestos existentes en la sociedad. Uno de los aspectos más sintomáticos de la situación es la persistencia con la que este antagonismo se hace presente en la vida política, aunque en ocasiones de forma muy distorsionada y a pesar de que los sectores decisivos de la burguesía, los principales dirigentes de los partidos de izquierda y de los sindicatos preferirían sobrellevar la crisis capitalista en un clima de consenso y entendimiento político.
La ruptura del ‘diálogo social'
La ruptura del llamado diálogo social a finales del mes de julio, y la confrontación entre el PSOE y el PP en el parlamento, se enmarcan en este contexto que acabamos de señalar. Más allá de las maniobras y escenificaciones implícitas en cualquier negociación, es evidente que el enfrentamiento entre la CEOE, el gobierno y los sindicatos tiene un calado importante. La dureza de la patronal, la exigencia de la CEOE de una reforma laboral inmediata y de una reducción drástica de las cotizaciones sociales, entre otros puntos, obedecen a las necesidades objetivas de los capitalistas en este contexto de crisis, en el que están en juego no sólo los beneficios empresariales a corto plazo sino la posición de la burguesía española en el mercado mundial.
En la ofensiva patronal también pesan cálculos políticos. Desde su punto de vista el escenario ideal sería que todos estos ataques a los trabajadores se pusieran en marcha en el marco de un acuerdo en el que gobierno y sindicatos se involucrasen completamente, poniendo toda la carne en el asador. Pero si el gobierno del PSOE y los sindicatos no están dispuestos a emprender las llamadas reformas estructurales con el ritmo y la profundidad exigida por la patronal, por miedo a un enfrentamiento abierto con su base social, la CEOE tiene un plan B, que entronca con la estrategia de confrontación del PP y su objetivo de ganar las próximas elecciones generales. Por otro lado, la patronal sabe que sus "recetas" para salir de la crisis son las más coherentes si de lo que se trata es de defender los beneficios de los capitalistas, que son la esencia del sistema de "libre mercado". Juegan con esta ventaja frente a los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, que carecen de una alternativa al capitalismo y temen desencadenar un enfrentamiento social que se escape a su control. Esto explica la tendencia orgánica de los dirigentes sindicales a ceder, con acuerdos o sin acuerdos, a las presiones de la patronal. El ofrecimiento de los dirigentes de CCOO y UGT de un acuerdo salarial a tres años, con una subida salarial del 1% en 2010, tanto para los funcionarios como para los trabajadores del sector privado, es un claro retroceso respecto a lo que defendían, al menos de palabra, hace bien poco. Ahora se acepta, en la práctica, la pérdida de poder adquisitivo como una forma de "arrimar el hombro" frente a la crisis, cuando los salarios no tienen nada que ver con ella.
La crisis sigue profundizándose
En el segundo trimestre del año el PIB ha caído un 4,2% respecto al mismo periodo de 2008. La previsión para el conjunto del 2009 es del 4,4%, una contracción brutal. Otro dato extremadamente significativo de las expectativas de los propios capitalistas respecto al futuro de la economía es la inversión en bienes de equipo, que ha caído un 28,9% en el segundo trimestre. Los hogares llevan seis meses consecutivos reduciendo el consumo, y consumen un 6% menos que hace un año. La venta de viviendas ha seguido desplomándose: un 31,16% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2008. En cuanto a la venta de coches, es verdad que la caída se ha frenado en agosto, pero los propios empresarios del sector reconocen que era difícil caer por debajo de las cifras de agosto de 2008, cuando las matriculaciones descendieron un 41%. Otro factor que está lastrando la recuperación es el endeudamiento de las familias y de las empresas durante el periodo de boom. Desde finales de los 90 hasta el comienzo de la crisis, en 2007, la deuda de las familias españolas dio un salto desde el 80% de la renta disponible hasta el 130%. Eso afecta al consumo, del que depende el 60% de la creación de riqueza del país. El FMI pronostica que hasta el 2015 la economía española no alcanzará un crecimiento del 2% del PIB, y la economía española debe crecer a un ritmo del 2,5% al 3% para dejar de destruir empleo.
Todos estos datos convergen en la perspectiva de que no se va a producir una recuperación a corto plazo. Y eso sin contar con la posibilidad de una crisis bancaria, ya que la crisis inmobiliaria aún no ha desplegado todas sus consecuencias destructivas en la economía y en el sector bancario.
El margen de maniobra del gobierno se estrecha
La crisis capitalista está siendo tan aguda que ha estrechado hasta el extremo, y de forma acelerada, el margen de maniobra tanto político como económico del gobierno. El gobierno del PSOE se debe al voto de la clase obrera y más particularmente a la oleada de movilizaciones masivas contra el PP durante el periodo de Aznar. Si pone en marcha el plan exigido por la patronal, que implica un ataque frontal a todas las conquistas sociales y una nueva reforma laboral, chocará con su base social y desmovilizará una parte de su base electoral, sentando así las condiciones para una vuelta de la derecha al gobierno.
Incluso sin las "medidas estructurales" exigidas por la burguesía los efectos de la crisis sobre la clase obrera están siendo devastadores. La cifra oficial de paro es ya de 3.629.000. Hasta ahora el desempleo se ha cebado fundamentalmente en los trabajadores temporales, pero ahora ya empieza a afectar a los trabajadores con contrato indefinido. Más de un millón de trabajadores parados no tienen ningún tipo de prestación. Así, el gobierno se encuentra atrapado entre el creciente hostigamiento de la derecha y el malestar y frustración de su base de apoyo social y electoral.
Es en este contexto que el gobierno ha aprobado la ayuda de 420 euros a los parados que quedaron sin prestación. El objetivo político del gobierno ha sido reforzar su base de apoyo. Muchos trabajadores han visto esta medida con simpatía aun siendo conscientes de que es un pequeño parche. Efectivamente, esta medida es completamente insuficiente, tanto por la cuantía de la prestación, como por la duración, como por los requisitos para tener derecho a percibirla. Es imposible vivir con 420 euros al mes, ¿y qué va a pasar después de los 6 meses de ayuda si no se encuentra empleo? Además, ni siquiera cubrirá las necesidades del 100% de los parados sin subsidio.
La cuestión fundamental es comprender que es imposible evitar el deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera sin cambiar radicalmente de política económica y sin enfrentarse abiertamente a los intereses de la burguesía. En la cuestión de los impuestos y de los presupuestos es donde esta imposibilidad se va a manifestar de forma más clara e inmediata Debido a la crisis, la recaudación por impuestos, que es prácticamente la única vía de ingresos del Estado, se ha desplomado, mientras que los gastos, debido a las ayudas a los empresarios y a los banqueros, a los planes de inversión pública, y a las conquistas sociales adquiridas, se han disparado. El déficit público alcanzará el 10% del PIB en 2009. Y eso ha sucedido en poco más de un año de crisis. El gobierno pone todas sus expectativas en la recuperación de la economía para revertir esta tendencia, pero esta perspectiva está bastante lejos de la realidad; de hecho la economía sigue una tendencia claramente descendente.
Subida de impuestos
Esto significa que la disparidad entre los ingresos y los gastos del Estado va a seguir creciendo los próximos años. La cuestión es ¿de donde se van a recortar los gastos? ¿A quién se le va a subir los impuestos? ¿A favor de quién se va a inclinar el nuevo reparto de la tarta presupuestaria? Para el próximo año el gobierno ya ha anunciado un recorte de 15.000 millones de euros de los presupuestos y un aumento de los impuestos equivalentes a otros 15.000 millones. Zapatero anunció que los recortes no afectarían al gasto social y que los impuestos incidirán sobre las rentas del capital. Sin embargo la viceministra Elena Salgado ha dicho claramente que no tocará el insultante régimen impositivo de las SICAV, entidades donde se concentran las grandes fortunas del país y que están gravadas con un ridículo 1%. Tampoco se va a incrementar el Impuesto de Sociedades (que volverá a bajar para las pequeñas empresas) ni se va a restituir el impuesto de patrimonio que el gobierno eliminó hace un año y que supusó un regalo de 1.800 millones de euros a los capitalistas. Lo peor es que después de agitar con la amenaza de subir los impuestos a los ricos, todo apunta a que será al revés: a que habrá un fuerte incremento de los impuestos indirectos, como el IVA, lo que significa que quien va a soportar el peso principal del incremento de los impuestos es la clase obrera. Por otro lado, parece que una de las principales medidas para contener el gasto va a ser una drástica disminución de los contratos de la administración pública, algo que ahondará en la grave situación de desempleo.
Existe una alternativa
Por supuesto que existe una alternativa contra la crisis y otro modelo de crecimiento distinto al que ha desembocado en este desastre, pero esta alternativa no existe dentro del capitalismo. Cualquier política fiscal o presupuestaria seria que intente contrarrestar significativamente los efectos de la crisis sobre los más desfavorecidos se tendría que enfrentar con la el boicot empresarial, la huelga de inversiones o la fuga de capitales. Si el gobierno apostara decididamente por una política de aumentar los impuestos a los más ricos (cosa que no está haciendo) e incrementar los gastos sociales, la única manera de consolidar estas medidas en el tiempo y lograr acabar con la lacra del desempleo sería expropiando las palancas fundamentales de la economía, es decir, la banca, los monopolios y las grandes propiedades agrícolas. Una economía "sostenible" y en beneficio de la mayoría sólo es posible con la planificación y el control de los medios de producción por parte de los trabajadores, es decir, sentando las bases de una economía socialista.
La ruptura del ‘diálogo social'
La ruptura del llamado diálogo social a finales del mes de julio, y la confrontación entre el PSOE y el PP en el parlamento, se enmarcan en este contexto que acabamos de señalar. Más allá de las maniobras y escenificaciones implícitas en cualquier negociación, es evidente que el enfrentamiento entre la CEOE, el gobierno y los sindicatos tiene un calado importante. La dureza de la patronal, la exigencia de la CEOE de una reforma laboral inmediata y de una reducción drástica de las cotizaciones sociales, entre otros puntos, obedecen a las necesidades objetivas de los capitalistas en este contexto de crisis, en el que están en juego no sólo los beneficios empresariales a corto plazo sino la posición de la burguesía española en el mercado mundial.
En la ofensiva patronal también pesan cálculos políticos. Desde su punto de vista el escenario ideal sería que todos estos ataques a los trabajadores se pusieran en marcha en el marco de un acuerdo en el que gobierno y sindicatos se involucrasen completamente, poniendo toda la carne en el asador. Pero si el gobierno del PSOE y los sindicatos no están dispuestos a emprender las llamadas reformas estructurales con el ritmo y la profundidad exigida por la patronal, por miedo a un enfrentamiento abierto con su base social, la CEOE tiene un plan B, que entronca con la estrategia de confrontación del PP y su objetivo de ganar las próximas elecciones generales. Por otro lado, la patronal sabe que sus "recetas" para salir de la crisis son las más coherentes si de lo que se trata es de defender los beneficios de los capitalistas, que son la esencia del sistema de "libre mercado". Juegan con esta ventaja frente a los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, que carecen de una alternativa al capitalismo y temen desencadenar un enfrentamiento social que se escape a su control. Esto explica la tendencia orgánica de los dirigentes sindicales a ceder, con acuerdos o sin acuerdos, a las presiones de la patronal. El ofrecimiento de los dirigentes de CCOO y UGT de un acuerdo salarial a tres años, con una subida salarial del 1% en 2010, tanto para los funcionarios como para los trabajadores del sector privado, es un claro retroceso respecto a lo que defendían, al menos de palabra, hace bien poco. Ahora se acepta, en la práctica, la pérdida de poder adquisitivo como una forma de "arrimar el hombro" frente a la crisis, cuando los salarios no tienen nada que ver con ella.
La crisis sigue profundizándose
En el segundo trimestre del año el PIB ha caído un 4,2% respecto al mismo periodo de 2008. La previsión para el conjunto del 2009 es del 4,4%, una contracción brutal. Otro dato extremadamente significativo de las expectativas de los propios capitalistas respecto al futuro de la economía es la inversión en bienes de equipo, que ha caído un 28,9% en el segundo trimestre. Los hogares llevan seis meses consecutivos reduciendo el consumo, y consumen un 6% menos que hace un año. La venta de viviendas ha seguido desplomándose: un 31,16% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2008. En cuanto a la venta de coches, es verdad que la caída se ha frenado en agosto, pero los propios empresarios del sector reconocen que era difícil caer por debajo de las cifras de agosto de 2008, cuando las matriculaciones descendieron un 41%. Otro factor que está lastrando la recuperación es el endeudamiento de las familias y de las empresas durante el periodo de boom. Desde finales de los 90 hasta el comienzo de la crisis, en 2007, la deuda de las familias españolas dio un salto desde el 80% de la renta disponible hasta el 130%. Eso afecta al consumo, del que depende el 60% de la creación de riqueza del país. El FMI pronostica que hasta el 2015 la economía española no alcanzará un crecimiento del 2% del PIB, y la economía española debe crecer a un ritmo del 2,5% al 3% para dejar de destruir empleo.
Todos estos datos convergen en la perspectiva de que no se va a producir una recuperación a corto plazo. Y eso sin contar con la posibilidad de una crisis bancaria, ya que la crisis inmobiliaria aún no ha desplegado todas sus consecuencias destructivas en la economía y en el sector bancario.
El margen de maniobra del gobierno se estrecha
La crisis capitalista está siendo tan aguda que ha estrechado hasta el extremo, y de forma acelerada, el margen de maniobra tanto político como económico del gobierno. El gobierno del PSOE se debe al voto de la clase obrera y más particularmente a la oleada de movilizaciones masivas contra el PP durante el periodo de Aznar. Si pone en marcha el plan exigido por la patronal, que implica un ataque frontal a todas las conquistas sociales y una nueva reforma laboral, chocará con su base social y desmovilizará una parte de su base electoral, sentando así las condiciones para una vuelta de la derecha al gobierno.
Incluso sin las "medidas estructurales" exigidas por la burguesía los efectos de la crisis sobre la clase obrera están siendo devastadores. La cifra oficial de paro es ya de 3.629.000. Hasta ahora el desempleo se ha cebado fundamentalmente en los trabajadores temporales, pero ahora ya empieza a afectar a los trabajadores con contrato indefinido. Más de un millón de trabajadores parados no tienen ningún tipo de prestación. Así, el gobierno se encuentra atrapado entre el creciente hostigamiento de la derecha y el malestar y frustración de su base de apoyo social y electoral.
Es en este contexto que el gobierno ha aprobado la ayuda de 420 euros a los parados que quedaron sin prestación. El objetivo político del gobierno ha sido reforzar su base de apoyo. Muchos trabajadores han visto esta medida con simpatía aun siendo conscientes de que es un pequeño parche. Efectivamente, esta medida es completamente insuficiente, tanto por la cuantía de la prestación, como por la duración, como por los requisitos para tener derecho a percibirla. Es imposible vivir con 420 euros al mes, ¿y qué va a pasar después de los 6 meses de ayuda si no se encuentra empleo? Además, ni siquiera cubrirá las necesidades del 100% de los parados sin subsidio.
La cuestión fundamental es comprender que es imposible evitar el deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera sin cambiar radicalmente de política económica y sin enfrentarse abiertamente a los intereses de la burguesía. En la cuestión de los impuestos y de los presupuestos es donde esta imposibilidad se va a manifestar de forma más clara e inmediata Debido a la crisis, la recaudación por impuestos, que es prácticamente la única vía de ingresos del Estado, se ha desplomado, mientras que los gastos, debido a las ayudas a los empresarios y a los banqueros, a los planes de inversión pública, y a las conquistas sociales adquiridas, se han disparado. El déficit público alcanzará el 10% del PIB en 2009. Y eso ha sucedido en poco más de un año de crisis. El gobierno pone todas sus expectativas en la recuperación de la economía para revertir esta tendencia, pero esta perspectiva está bastante lejos de la realidad; de hecho la economía sigue una tendencia claramente descendente.
Subida de impuestos
Esto significa que la disparidad entre los ingresos y los gastos del Estado va a seguir creciendo los próximos años. La cuestión es ¿de donde se van a recortar los gastos? ¿A quién se le va a subir los impuestos? ¿A favor de quién se va a inclinar el nuevo reparto de la tarta presupuestaria? Para el próximo año el gobierno ya ha anunciado un recorte de 15.000 millones de euros de los presupuestos y un aumento de los impuestos equivalentes a otros 15.000 millones. Zapatero anunció que los recortes no afectarían al gasto social y que los impuestos incidirán sobre las rentas del capital. Sin embargo la viceministra Elena Salgado ha dicho claramente que no tocará el insultante régimen impositivo de las SICAV, entidades donde se concentran las grandes fortunas del país y que están gravadas con un ridículo 1%. Tampoco se va a incrementar el Impuesto de Sociedades (que volverá a bajar para las pequeñas empresas) ni se va a restituir el impuesto de patrimonio que el gobierno eliminó hace un año y que supusó un regalo de 1.800 millones de euros a los capitalistas. Lo peor es que después de agitar con la amenaza de subir los impuestos a los ricos, todo apunta a que será al revés: a que habrá un fuerte incremento de los impuestos indirectos, como el IVA, lo que significa que quien va a soportar el peso principal del incremento de los impuestos es la clase obrera. Por otro lado, parece que una de las principales medidas para contener el gasto va a ser una drástica disminución de los contratos de la administración pública, algo que ahondará en la grave situación de desempleo.
Existe una alternativa
Por supuesto que existe una alternativa contra la crisis y otro modelo de crecimiento distinto al que ha desembocado en este desastre, pero esta alternativa no existe dentro del capitalismo. Cualquier política fiscal o presupuestaria seria que intente contrarrestar significativamente los efectos de la crisis sobre los más desfavorecidos se tendría que enfrentar con la el boicot empresarial, la huelga de inversiones o la fuga de capitales. Si el gobierno apostara decididamente por una política de aumentar los impuestos a los más ricos (cosa que no está haciendo) e incrementar los gastos sociales, la única manera de consolidar estas medidas en el tiempo y lograr acabar con la lacra del desempleo sería expropiando las palancas fundamentales de la economía, es decir, la banca, los monopolios y las grandes propiedades agrícolas. Una economía "sostenible" y en beneficio de la mayoría sólo es posible con la planificación y el control de los medios de producción por parte de los trabajadores, es decir, sentando las bases de una economía socialista.
