A principios de septiembre, la queja de los vecinos del Raval y los
comerciantes de La Boqueria sobre las prostitutas en las calles y en
los rincones del mercado, ha desatado en Barcelona la polémica sobre la
situación de la prostitución en la ciudad. La primera medida adoptada
por el Ayuntamiento ha sido tomar la Ciutat Vella con un amplio
despliegue policial, llegando a superar los cien efectivos solamente en
las Ramblas. Esta acción logró durante unos días vaciar la zona de
prostitutas, como si esa fuera la solución.
A principios de septiembre, la queja de los vecinos del Raval y los comerciantes de La Boqueria sobre las prostitutas en las calles y en los rincones del mercado, ha desatado en Barcelona la polémica sobre la situación de la prostitución en la ciudad. La primera medida adoptada por el Ayuntamiento ha sido tomar la Ciutat Vella con un amplio despliegue policial, llegando a superar los cien efectivos solamente en las Ramblas. Esta acción logró durante unos días vaciar la zona de prostitutas, como si esa fuera la solución.
Policía y vecinos coinciden en que esta medida es del todo insuficiente y efímera. En boca de un portavoz de la Policía Local "es jugar al gato y al ratón". Ya que según la ordenanza pública, la prostitución está prohibida en las calles, pero en la práctica sería imposible detener a todas las prostitutas, que se estima que pudieran ser unas 20.000. Esta ordenanza, aprobada en 2005, establecía la prohibición de ejercer la prostitución en la vía pública. Sin embargo, la ordenanza persigue a la prostituta, no a la prostitución, presentando a la mujer que la ejerce como a una delincuente cualquiera, y omitiendo conscientemente la tragedia personal que le ha obligado a prostituirse. Evidentemente lejos de solucionar nada, sólo ha servido para recaudar fondos, ya que las multas impuestas a las prostitutas oscilaban entre los 300 y 750 euros, agravando aun más si cabe su situación.
¿Regular la prostitución o abolirla?
Como cabía esperar, las críticas no se han hecho esperar. Tanto CIU como el PP no han tardado en achacar el problema a la mala gestión del Tripartit. Según el primero, la ordenanza sirve, pero acusa al gobierno de "no confiar en ella", por ello se han mostrado dispuestos a reformarla. Para los segundos, no hay regulación alguna que valga, y exigen mayor presencia policial en la calle. Para la derecha, tanto CiU como el PP, la única salida es la represión y la criminalización de las prostitutas, expulsando a aquellas que sean inmigrantes.
Por otra parte, ERC ha propuesto un gran pacto político entre todos los grupos municipales para revisar la ordenanza de civismo y acabar con la degradación del espacio público. Iniciativa per Catalunya, por su parte, se ha mostrado partidario de regular la prostitución, y sostiene que hay que perseguir las redes de explotación con el Código Penal. Sectores proclives a la regulación de la prostitución han llegado a proponer la instalación de un "barrio rojo" en Barcelona al estilo del de Ámsterdam.
En el seno del PSC también se ha abierto un debate. En el 2005, Montserrat Tura, la que fue consejera de Interior, propuso regular la prostitución, pretendiendo limitarla a locales con licencia gestionados por las propias prostitutas. Por otro lado, Inmaculada Moraleda, secretaria de la política de la mujer del PSC, ha indicado su rechazo a estas afirmaciones y se ha mostrado radicalmente contraria a la regulación, alegando que: "Somos abolicionistas. La prostitución es un acto de explotación de las mujeres". Esa afirmación es cien por cien correcta, sin embargo, según el PSC, sus intenciones de abolir la prostitución chocan con la ley de extranjería y con la falta de acuerdos de extradición con la mayoría de los países subsaharianos, origen de muchas de las prostitutas. Se entiende por tanto, que el abolicionismo de los dirigentes del PSC también pasa por la mano dura y la expulsión de las prostitutas inmigrantes. Afirman que la prostitución es explotar y esclavizar a las mujeres, pero luego se contentan con alejar el problema de las calles de Barcelona.
En definitiva, el debate ha girado en torno a la regulación de la prostitución, que según sus defensores les garantizaría el acceso a la seguridad social y mejoraría sus condiciones "laborales", o por la abolición, tal y como la entiende la derecha, que pasaría por multarlas, criminalizarlas y expulsar a las prostitutas a sus países de origen. Para los marxistas ninguna de las dos opciones soluciona el problema de la prostitución ni garantiza unas condiciones de vida dignas para las mujeres que se ven obligadas a ejercerla.
No podemos abstraernos de la situación realmente degradante que viven las prostitutas, obligadas a vender su cuerpo, la mayoría, esclavizadas por sus proxenetas. Viven bajo unas condiciones bárbaras. En su mayoría, son inmigrantes que no poseen papeles, sobre todo nigerianas y rumanas, que han escapado de la pobreza de sus países y han caído en las redes de la mafia. En muchas ocasiones les retienen el pasaporte o les amenazan con dañar a sus familiares para que no dejen de ejercer. Suelen tener una familia que mantener, aquí o en su país de origen. No ejercen por gusto, aquí les resulta casi imposible acceder a un puesto de trabajo.
Tenemos que tener en cuenta el contexto actual de crisis del sistema capitalista en el que estamos inmersos. Si la izquierda no hace nada para evitarlo, inevitablemente aumentará el número de mujeres que se vean obligadas a prostituirse.
El caso de Holanda
El caso de Holanda ha sido mencionado en numerosas ocasiones por aquellos que abogan por regular la prostitución, como si el hecho de haberla legalizado hubiera garantizado derechos a las prostitutas o hubiera acabado o limitado el control de las mafias sobre ellas.
Sin embargo, si analizamos de cerca la situación que se da en Holanda, vemos una cosa totalmente opuesta. En este país, las prostitutas tienen que darse de alta como trabajadoras y pagar impuestos, sin embargo, se calcula que solo un 10% del total lo ha hecho. El "barrio rojo" de Ámsterdam, donde se exhibe a las prostitutas en los escaparates de los prostíbulos como una mercancía más es un auténtico gueto donde se dan cita camellos, chulos, clientes y mirones.
A pesar de la legalización, las prostitutas siguen siendo trabajadoras marginadas. Por ejemplo, los bancos se resisten a concederles créditos, que aun sin ser la solución, es demostrativo de su situación económica, otro ejemplo: las aseguradoras prefieren evitarlas debido al riesgo que comporta tu profesión, por lo que tampoco se les garantiza el acceso a la sanidad, aunque sobre el papel así lo ponga. El hecho de recluir a las mujeres en prostíbulos tampoco ha solucionado nada. En muchos locales siguen ejerciendo menores bajo coacción, y además los locales "legales" son empleados por las mafias para el blanqueo de dinero.
Una alternativa marxista al problema de la prostitución
Para los marxistas, no es nada nuevo que desde la burguesía se intente justificar el acto de legalizar la esclavitud, al fin y al cabo, para ellos no supone más que una mercancía más que poder explotar. Sin embargo, es vergonzoso que desde algunos sectores de la dirección de los partidos obreros y de los sindicatos se defienda la legalización, como si fuera lo mismo ser prostituta que carpintero o ebanista. La izquierda que aboga por "el mal menor" (legalizar la prostitución) no conoce lo que realmente supone la prostitución para la mujer y ha perdido la confianza en transformar la sociedad.
La prostitución, calificada muchas veces como uno de los "oficios más antiguos del mundo", no lo es en realidad. Esta mentira interesada, pretende poner sobre la mesa que la prostitución ha existido siempre, y que por lo tanto, no puede desaparecer, exactamente lo mismo que la burguesía argumenta para legitimizar la explotación de los trabajadores.
El único modo de acabar con esta lacra sería garantizando a quien tiene que ejercer la prostitución el acceso a un trabajo digno, a una vivienda, acceso a una sanidad y a una educación pública, gratuita y de calidad, concediéndole los papeles y los derechos democráticos y laborales, persiguiendo realmente a los mafiosos y a todos los que se benefician del negocio de la prostitución, pero esto no es posible bajo el capitalismo. La prostitución es una consecuencia más de la sociedad dividida en clases, al igual que la pobreza y la opresión. Mientras exista prostitución, la mujer no estará realmente emancipada.
Policía y vecinos coinciden en que esta medida es del todo insuficiente y efímera. En boca de un portavoz de la Policía Local "es jugar al gato y al ratón". Ya que según la ordenanza pública, la prostitución está prohibida en las calles, pero en la práctica sería imposible detener a todas las prostitutas, que se estima que pudieran ser unas 20.000. Esta ordenanza, aprobada en 2005, establecía la prohibición de ejercer la prostitución en la vía pública. Sin embargo, la ordenanza persigue a la prostituta, no a la prostitución, presentando a la mujer que la ejerce como a una delincuente cualquiera, y omitiendo conscientemente la tragedia personal que le ha obligado a prostituirse. Evidentemente lejos de solucionar nada, sólo ha servido para recaudar fondos, ya que las multas impuestas a las prostitutas oscilaban entre los 300 y 750 euros, agravando aun más si cabe su situación.
¿Regular la prostitución o abolirla?
Como cabía esperar, las críticas no se han hecho esperar. Tanto CIU como el PP no han tardado en achacar el problema a la mala gestión del Tripartit. Según el primero, la ordenanza sirve, pero acusa al gobierno de "no confiar en ella", por ello se han mostrado dispuestos a reformarla. Para los segundos, no hay regulación alguna que valga, y exigen mayor presencia policial en la calle. Para la derecha, tanto CiU como el PP, la única salida es la represión y la criminalización de las prostitutas, expulsando a aquellas que sean inmigrantes.
Por otra parte, ERC ha propuesto un gran pacto político entre todos los grupos municipales para revisar la ordenanza de civismo y acabar con la degradación del espacio público. Iniciativa per Catalunya, por su parte, se ha mostrado partidario de regular la prostitución, y sostiene que hay que perseguir las redes de explotación con el Código Penal. Sectores proclives a la regulación de la prostitución han llegado a proponer la instalación de un "barrio rojo" en Barcelona al estilo del de Ámsterdam.
En el seno del PSC también se ha abierto un debate. En el 2005, Montserrat Tura, la que fue consejera de Interior, propuso regular la prostitución, pretendiendo limitarla a locales con licencia gestionados por las propias prostitutas. Por otro lado, Inmaculada Moraleda, secretaria de la política de la mujer del PSC, ha indicado su rechazo a estas afirmaciones y se ha mostrado radicalmente contraria a la regulación, alegando que: "Somos abolicionistas. La prostitución es un acto de explotación de las mujeres". Esa afirmación es cien por cien correcta, sin embargo, según el PSC, sus intenciones de abolir la prostitución chocan con la ley de extranjería y con la falta de acuerdos de extradición con la mayoría de los países subsaharianos, origen de muchas de las prostitutas. Se entiende por tanto, que el abolicionismo de los dirigentes del PSC también pasa por la mano dura y la expulsión de las prostitutas inmigrantes. Afirman que la prostitución es explotar y esclavizar a las mujeres, pero luego se contentan con alejar el problema de las calles de Barcelona.
En definitiva, el debate ha girado en torno a la regulación de la prostitución, que según sus defensores les garantizaría el acceso a la seguridad social y mejoraría sus condiciones "laborales", o por la abolición, tal y como la entiende la derecha, que pasaría por multarlas, criminalizarlas y expulsar a las prostitutas a sus países de origen. Para los marxistas ninguna de las dos opciones soluciona el problema de la prostitución ni garantiza unas condiciones de vida dignas para las mujeres que se ven obligadas a ejercerla.
No podemos abstraernos de la situación realmente degradante que viven las prostitutas, obligadas a vender su cuerpo, la mayoría, esclavizadas por sus proxenetas. Viven bajo unas condiciones bárbaras. En su mayoría, son inmigrantes que no poseen papeles, sobre todo nigerianas y rumanas, que han escapado de la pobreza de sus países y han caído en las redes de la mafia. En muchas ocasiones les retienen el pasaporte o les amenazan con dañar a sus familiares para que no dejen de ejercer. Suelen tener una familia que mantener, aquí o en su país de origen. No ejercen por gusto, aquí les resulta casi imposible acceder a un puesto de trabajo.
Tenemos que tener en cuenta el contexto actual de crisis del sistema capitalista en el que estamos inmersos. Si la izquierda no hace nada para evitarlo, inevitablemente aumentará el número de mujeres que se vean obligadas a prostituirse.
El caso de Holanda
El caso de Holanda ha sido mencionado en numerosas ocasiones por aquellos que abogan por regular la prostitución, como si el hecho de haberla legalizado hubiera garantizado derechos a las prostitutas o hubiera acabado o limitado el control de las mafias sobre ellas.
Sin embargo, si analizamos de cerca la situación que se da en Holanda, vemos una cosa totalmente opuesta. En este país, las prostitutas tienen que darse de alta como trabajadoras y pagar impuestos, sin embargo, se calcula que solo un 10% del total lo ha hecho. El "barrio rojo" de Ámsterdam, donde se exhibe a las prostitutas en los escaparates de los prostíbulos como una mercancía más es un auténtico gueto donde se dan cita camellos, chulos, clientes y mirones.
A pesar de la legalización, las prostitutas siguen siendo trabajadoras marginadas. Por ejemplo, los bancos se resisten a concederles créditos, que aun sin ser la solución, es demostrativo de su situación económica, otro ejemplo: las aseguradoras prefieren evitarlas debido al riesgo que comporta tu profesión, por lo que tampoco se les garantiza el acceso a la sanidad, aunque sobre el papel así lo ponga. El hecho de recluir a las mujeres en prostíbulos tampoco ha solucionado nada. En muchos locales siguen ejerciendo menores bajo coacción, y además los locales "legales" son empleados por las mafias para el blanqueo de dinero.
Una alternativa marxista al problema de la prostitución
Para los marxistas, no es nada nuevo que desde la burguesía se intente justificar el acto de legalizar la esclavitud, al fin y al cabo, para ellos no supone más que una mercancía más que poder explotar. Sin embargo, es vergonzoso que desde algunos sectores de la dirección de los partidos obreros y de los sindicatos se defienda la legalización, como si fuera lo mismo ser prostituta que carpintero o ebanista. La izquierda que aboga por "el mal menor" (legalizar la prostitución) no conoce lo que realmente supone la prostitución para la mujer y ha perdido la confianza en transformar la sociedad.
La prostitución, calificada muchas veces como uno de los "oficios más antiguos del mundo", no lo es en realidad. Esta mentira interesada, pretende poner sobre la mesa que la prostitución ha existido siempre, y que por lo tanto, no puede desaparecer, exactamente lo mismo que la burguesía argumenta para legitimizar la explotación de los trabajadores.
El único modo de acabar con esta lacra sería garantizando a quien tiene que ejercer la prostitución el acceso a un trabajo digno, a una vivienda, acceso a una sanidad y a una educación pública, gratuita y de calidad, concediéndole los papeles y los derechos democráticos y laborales, persiguiendo realmente a los mafiosos y a todos los que se benefician del negocio de la prostitución, pero esto no es posible bajo el capitalismo. La prostitución es una consecuencia más de la sociedad dividida en clases, al igual que la pobreza y la opresión. Mientras exista prostitución, la mujer no estará realmente emancipada.
