Para muchos inmigrantes vivir en el Estado español se ha convertido en vivir bajo un estado de sitio permanente. Cada vez es más habitual asistir al bochornoso espectáculo en el que varios coches de policía rodean a jóvenes o familias de inmigrantes para pedirles "los papeles", o bien les esperan a la salida de los trenes o autobuses para realizar la misma operación.

Para muchos inmigrantes vivir en el Estado español se ha convertido en vivir bajo un estado de sitio permanente. Cada vez es más habitual asistir al bochornoso espectáculo en el que varios coches de policía rodean a jóvenes o familias de inmigrantes para pedirles "los papeles", o bien les esperan a la salida de los trenes o autobuses para realizar la misma operación.
Uno de los últimos episodios de estas características se pudo ver en Madrid el pasado 17 de septiembre, cuando 15 policías cerraron durante más de una hora todas las salidas de uno de los mayores intercambiadores de transportes de la ciudad, Avenida de América, para obtener como resultado la detención de al menos 10 inmigrantes que carecían de permiso de residencia. A esta redada hay que sumarle las realizadas en Nuevos Ministerios, Pacífico o Aluche, entre otros.
Como si las condiciones de vida de los inmigrantes no fueran ya de por sí bastante duras, el gobierno ha impulsado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que agrava más la situación, y que fue aprobada el 17 de septiembre en el Congreso de los Diputados con los votos a favor del PSOE, CIU y CC.

Una ley de carácter policial

Los puntos más destacados de la nueva normativa se centran en el recorte de los mermados derechos fundamentales de los que disponen los inmigrantes sin papeles, que entre otros no tienen reconocidos los de asociación ni manifestación.
Con la reforma propuesta no se corrigen estos atropellos, sino que se profundiza en el tratamiento de los inmigrantes como si de peligrosos criminales se tratasen. De esta forma el gobierno plantea que se pueda superar en 20 días el plazo para retener a los inmigrantes indocumentados en los "centros de internamiento para extranjeros", pasando de 40 a 60 días.
Con la nueva norma se pretende consolidar el hecho de que por una falta administrativa, como podría ser aparcar el coche en un lugar inadecuado o fumar en un lugar indebido, puedan recluirte en unas "instalaciones" donde ni siquiera tiene permitido el acceso la Cruz Roja.
Los inmigrantes susceptibles de vivir esta situación aumentarán sensiblemente en los próximos meses y años. No tanto porque se espere un incremento en la llegada de inmigrantes1, sino porque muchos de ellos tienen el permiso de residencia vinculado al puesto de trabajo, por lo que al ser despedidos pasan a engrosar las listas de inmigrantes en situación irregular.
Otra de las medidas aprobadas implica necesariamente la exclusión social del colectivo de inmigrantes indocumentados. La medida en cuestión es la que sanciona hasta con 10.000 euros a cualquier persona que empadrone en su vivienda a un inmigrante. Aunque pueda parecer algo secundario, comparado con otras de las medidas propuestas, ésta es de una gravedad similar, ya que estar empadronado es indispensable para poder acceder a la educación y sanidad públicas. Al no poder hacerlo, aumentará gravemente la precariedad y la desprotección que padecen actualmente.
Este tipo de medidas sólo benefician a los empresarios, que pueden presionar a estos trabajadores para que acepten salarios más bajos, trabajos más peligrosos y jornadas más extensas. Aceptar esta situación será la única manera que tendrán de conseguir un contrato o la renovación del mismo y no pasar a formar parte de la lista de inmigrantes irregulares pendientes de expulsión.
Junto con estas hay otras medidas de carácter "menor", como que se exija la residencia para mayores de 18 años que quieran cursar estudios no obligatorios, como FP y universidad, o que se impida el reagrupamiento de familiares a los mayores de 64 años. Esta última es una medida cruel, ya que rompe familias de manera artificial, especialmente si tenemos en cuenta que durante 2008 sólo 450 personas que superaban esta edad se acogieron al derecho de reagrupamiento familiar.
Ante medidas de este tipo no es de extrañar que incluso desde la derecha se hayan permitido poder afirmar que la nueva ley parece tener una "impronta berlusconiana". Evidentemente esto no es más que una muestra de cinismo, algo a lo que los representantes de la burguesía nos tienen bien acostumbrados, ya que ellos están deseosos de que la nueva norma sea incluso más intransigente.
Los trabajadores nativos e inmigrantes sufrimos la misma explotación y precariedad de este sistema. Es necesario dar una respuesta como clase a los ataques que sufren los trabajadores inmigrantes, ya que la degradación en sus condiciones de vida será utilizada para presionar a los trabajadores nativos con el fin de empeorar sus condiciones laborales. La división de la clase obrera sólo beneficia a los capitalistas.
Ante todo esto, es especialmente importante que los principales sindicatos de los  trabajadores den un paso al frente, permitiendo y promoviendo la afiliación de trabajadores inmigrantes en situación regular o irregular; exigiendo que el gobierno rectifique totalmente echando atrás esta ley y luchando contra cualquier retroceso en los derechos de los trabajadores.

1. Las entradas en cayucos descendió el año pasado un 40% respecto a 2007, y este año la bajada podrá ser similar, de la misma forma los permisos de residencia descendieron un 25% y este año la caída prevista es mayor. Fuente: Ministerios de Interior y Trabajo