Balance del debate congresual en Andalucía
Durante el mes de octubre se han venido celebrando las fases provinciales y regionales del XVIII Congreso del PCE, un proceso que culminará los días 6, 7 y 8 de noviembre. Para los marxistas de El Militante, el reto fundamental de este importante congreso es dotar al partido de un programa marxista y unos métodos revolucionarios de intervención en la lucha de clases. Esta es la mejor arma para recuperar la fuerza que el PCE tuvo entre los trabajadores y la juventud y para enfrentarnos a la crisis capitalista en la que nos encontramos.
La necesidad de unas tácticas
y un programa revolucionario
Y hay que decir, que en las sesiones del congreso andaluz se han dado pasos en ese sentido. Muchas de las enmiendas aprobadas, especialmente las de Sevilla, aportan un análisis de clase del sistema capitalista y de la naturaleza de la crisis, y plantean abiertamente la bandera de un programa de reformas en líneas socialistas. Como la consigna de "empresa cerrada, empresa nacionalizada", con el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y la producción organizada bajo control de los trabajadores de la fábrica, una medida que la propia crisis del capitalismo en conflictos como Roca, astilleros o todo el sector del automóvil pone en el orden del día; o la defensa del derecho a una vivienda digna para miles de jóvenes y trabajadores, nacionalizando las grandes constructoras e inmobiliarias y poniendo en marcha un plan estatal de viviendas públicas en alquiler con rentas que no superen el 10% de los ingresos de una familia obrera.
Las tácticas de los comunistas respecto a la política de alianzas, también han sufrido un severo correctivo en las tesis programáticas. Frente al interclasismo que respiraba por todos sus poros la tesis 49 del texto oficial, llamando a una alianza, entre otros, con "PYMES y empresas privadas innovadoras interesadas en nuevas especializaciones", es decir, con empresas del tipo Abengoa, Iberdrola o Endesa, multinacionales y fieles exponentes del capital español, el congreso optó por la propuesta de una perspectiva de clase defendida por la agrupación de Villaverde. Aquí se explicaba que las alianzas del PCE para la defensa de nuestro programa no pueden ser otras que los sectores oprimidos de la sociedad, la clase trabajadora en su conjunto, los autónomos y pequeños productores, los grupos que sufren las lacras y la explotación del sistema capitalista por partida doble, en su condición de trabajadores y como pertenecientes a los colectivos más discriminados e indefensos de la sociedad: las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. Una unidad en líneas de clase con un programa de lucha combativo y anticapitalista.
La cuestión de la propiedad
La diferencia entre el vulgar reformismo y una auténtica política comunista se puede resumir en la posición que se tiene ante la propiedad privada.
A pesar de que en el documento político encontramos numerosas referencias al socialismo, en particular al socialismo del siglo XXI, y a una política anticapitalista, en ninguna de las tesis se concreta en qué consiste el socialismo que propugnamos y cómo se combina con la propiedad privada de los medios de producción. Estas cuestiones fundamentales han sido incorporadas al programa a través de enmiendas desde Sevilla y Villaverde. Se trata nada menos que de la planificación democrática de la economía basada en la nacionalización de la banca y de los sectores clave de la economía, los monopolios de la energía, las materias primas y las grandes empresas multinacionales, bajo el control de los trabajadores y sus organizaciones y al servicio de la mayoría de la sociedad. Expropiar a la burguesía e instaurar el régimen de la propiedad social de los medios de producción. Este es el fundamento del socialismo.
De la misma forma y con el mismo carácter socialista se ha aprobado en la asamblea andaluza el programa de la Reforma Agraria, sustentada en la expropiación de los grandes latifundios y su puesta en producción con las más modernas técnicas y maquinaria que aumenten la productividad, ofreciendo trabajo estable a los trabajadores del campo, condiciones de trabajo y salarios dignos, respeto medioambiental y todas las conquistas derivadas de la propiedad pública de los medios de producción.
Nadie puede dudar de la justicia de estas medidas, en especial si contemplamos el panorama desolador que presenta la agricultura andaluza, en plena descomposición de la producción, sometida a la tiranía de los bajos precios impuestos por el mercado capitalista. Centenares de miles de explotaciones agrícolas abocadas a abandonar su actividad, millones de hectáreas sin cultivar y recibiendo cuantiosas subvenciones por ello. Del otro lado, una masa de jornaleros sin apenas ocupación sometidos a una explotación inmisericorde a través del destajo y las mafias de las empresas de contratación que se han instalado en el campo. Esto es lo único que puede ofrecer el campo bajo el lastre histórico de los latifundios y las relaciones capitalistas de producción.
