El caso Gürtel es una trama de corrupción masiva, encabezada por el
empresario Francisco Correa, que ha implicado a numerosos cargos del
Partido Popular en la administración pública, tanto municipales como
autonómicos. El modo de actuar de la trama consistía en conseguir
favores, adjudicaciones o dinero de las entidades públicas gobernadas
por los implicados a favor de las empresas de Correa a cambio de
regalos o dinero.
El caso Gürtel es una trama de corrupción masiva, encabezada por el empresario Francisco Correa, que ha implicado a numerosos cargos del Partido Popular en la administración pública, tanto municipales como autonómicos. El modo de actuar de la trama consistía en conseguir favores, adjudicaciones o dinero de las entidades públicas gobernadas por los implicados a favor de las empresas de Correa a cambio de regalos o dinero.
El caso surge a raíz de la denuncia realizada por José Luis Peña, ex concejal del PP en Majadahonda y amigo personal de Correa. La lista de imputados no dejará de crecer ramificándose a varias comunidades autónomas, sobre todo País Valencià y Madrid, y recientemente Galicia.
La trama se desarrolló en el periodo de auge especulativo inmobiliario y con "técnicas de ingeniería financiera". Los implicados más destacados son Luis Bárcenas, miembro de la ejecutiva nacional del PP y nombrado tesorero del PP por Mariano Rajoy en el congreso de 2008, "aparece vinculado a cobros millonarios y paraísos fiscales en conversaciones grabadas al jefe de la trama" (Informativos Telecinco, 25/02/2009); y Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), que adjudicó varios contratos a la trama a cambio de suculentos sobornos.
La trama se ramifica al País Valencià, con el presidente de la Comunidad, Francisco Camps, a la cabeza. Un informe policial reciente le implica en la trama de corrupción así como también a su número dos, Ricardo Costa, junto a otros. La lista es ya de varias decenas de implicados. Entre ellos hay alcaldes, concejales, diputados, etc., todos vinculados al PP.
De la condescendencia al enfrentamiento
Inicialmente la actitud de los dirigentes del PP fue la de quitar importancia al caso y atribuirlo a una "campaña de desprestigio contra el PP", pero a medida que las implicaciones eran más claras y se ha ido imputando a personajes importantes del partido las divisiones han aflorado, reproduciéndose el enfrentamiento entre las diferentes facciones enfrentadas en el PP en los últimos años.
El final del boom inmobiliario y una mayor incertidumbre política hace más difícil el entendimiento en la derecha española, siempre propensa a agruparse en diferentes clanes cristalizados por determinados negocios y personajes. Además, hay que incluir en la ecuación el hecho de que un sector de la burguesía, con su correspondiente influencia en la maquinaria estatal, ve con preocupación la perspectiva de una vuelta al gobierno del PP (sobre todo este PP) en este contexto económico y social, pues no descartan que acelerara un proceso de movilización que quieren evitar a toda costa.
¿Somos todos iguales ante la justicia?
La trama también tiene otras implicaciones. Como en el caso Millet, parece que la justicia tenga un doble rasero, según sea el poder político o la riqueza del implicado, a la hora de aplicar medidas más o menos duras o simplemente examinar las pruebas que la policía le aporta. Los informes policiales han presentado múltiples pruebas que implican a altos dirigentes del PP del País Valencià y, sin embargo, allí la justicia no parece estar muy interesada en llegar al fondo del asunto. El descrédito de la llamada "clase política" se combina con una justicia que practica la impunidad para con los poderosos. Estos casos de corrupción no hacen más que confirmar que es una provocación que mientras unos manejan los millones como confeti, utilizando todos los medios legales e ilegales, se pida a los trabajadores y sus familias que paguen la crisis de un sistema que sólo favorece y defiende a los ricos.
El caso surge a raíz de la denuncia realizada por José Luis Peña, ex concejal del PP en Majadahonda y amigo personal de Correa. La lista de imputados no dejará de crecer ramificándose a varias comunidades autónomas, sobre todo País Valencià y Madrid, y recientemente Galicia.
La trama se desarrolló en el periodo de auge especulativo inmobiliario y con "técnicas de ingeniería financiera". Los implicados más destacados son Luis Bárcenas, miembro de la ejecutiva nacional del PP y nombrado tesorero del PP por Mariano Rajoy en el congreso de 2008, "aparece vinculado a cobros millonarios y paraísos fiscales en conversaciones grabadas al jefe de la trama" (Informativos Telecinco, 25/02/2009); y Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), que adjudicó varios contratos a la trama a cambio de suculentos sobornos.
La trama se ramifica al País Valencià, con el presidente de la Comunidad, Francisco Camps, a la cabeza. Un informe policial reciente le implica en la trama de corrupción así como también a su número dos, Ricardo Costa, junto a otros. La lista es ya de varias decenas de implicados. Entre ellos hay alcaldes, concejales, diputados, etc., todos vinculados al PP.
De la condescendencia al enfrentamiento
Inicialmente la actitud de los dirigentes del PP fue la de quitar importancia al caso y atribuirlo a una "campaña de desprestigio contra el PP", pero a medida que las implicaciones eran más claras y se ha ido imputando a personajes importantes del partido las divisiones han aflorado, reproduciéndose el enfrentamiento entre las diferentes facciones enfrentadas en el PP en los últimos años.
El final del boom inmobiliario y una mayor incertidumbre política hace más difícil el entendimiento en la derecha española, siempre propensa a agruparse en diferentes clanes cristalizados por determinados negocios y personajes. Además, hay que incluir en la ecuación el hecho de que un sector de la burguesía, con su correspondiente influencia en la maquinaria estatal, ve con preocupación la perspectiva de una vuelta al gobierno del PP (sobre todo este PP) en este contexto económico y social, pues no descartan que acelerara un proceso de movilización que quieren evitar a toda costa.
¿Somos todos iguales ante la justicia?
La trama también tiene otras implicaciones. Como en el caso Millet, parece que la justicia tenga un doble rasero, según sea el poder político o la riqueza del implicado, a la hora de aplicar medidas más o menos duras o simplemente examinar las pruebas que la policía le aporta. Los informes policiales han presentado múltiples pruebas que implican a altos dirigentes del PP del País Valencià y, sin embargo, allí la justicia no parece estar muy interesada en llegar al fondo del asunto. El descrédito de la llamada "clase política" se combina con una justicia que practica la impunidad para con los poderosos. Estos casos de corrupción no hacen más que confirmar que es una provocación que mientras unos manejan los millones como confeti, utilizando todos los medios legales e ilegales, se pida a los trabajadores y sus familias que paguen la crisis de un sistema que sólo favorece y defiende a los ricos.
