La crisis capitalista no se resuelve con más retrocesos sociales

¡Ni reforma laboral, ni reforma de las pensiones! CCOO y UGT deben romper con la CEOE y obligar al gobierno PSOE a girar a la izquierda

Entre el segundo trimestre de 2007, previo al estallido de las subprime, y el segundo semestre de 2009 se han destruido 2,28 millones de puestos de trabajo en el Estado español. El porcentaje de desempleados es del 17,93% de la población activa (afectando a 4,12 millones de personas1), y el 30% de los mismos lleva más de un año sin encontrar trabajo. Sólo el año pasado 600.000 personas más han entrado en esta situación. La cantidad de hogares en el que todos sus miembros están parados es de 1,13 millones mientras el desempleo juvenil de los menores de 25 años, se sitúa en el 42,9%, 15 puntos más que hace apenas un año.

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Otra tendencia ascendente, aunque se trate de un fenómeno muy anterior a la crisis, es la del mileurismo. La mitad de la población gana menos de 15.760 euros al año. Tres cuartas partes de los trabajadores por cuenta propia, a menudo englobados en el campo de los "autónomos" o "profesionales", perciben ingresos inferiores a 1.100 euros brutos al mes. También se ha disparado la pobreza. En el Estado español un 12,2% de hogares son considerados "pobres integrados", es decir, sectores socialmente "no excluidos" pero con ingresos muy escasos y con una alta probabilidad de ingresar en este segmento social2. Los datos apuntan nuevamente a una tendencia creciente en este sentido. Cáritas tuvo que alimentar a 800.000 personas durante los diez primeros meses de 2009, 500.000 más que el año anterior.
Pero la crisis también ha tenido otros efectos. Los ricos han aumentado sus rentas y patrimonio empresarial en un 30% a lo largo de 20093. Las principales fortunas del país se han incrementado en 6.800 millones de euros respecto el año que acabamos de dejar. Las diez principales fortunas del país elevaron su patrimonio en un 27%. El Estado español, que en 2009 alcanzó el índice de desempleo más alto de Europa, es también el que tiene la Bolsa más rentable de todas: el IBEX ha crecido un 29,84%. Destaca la cotización de las grandes entidades financieras: el Santander ha ganado cerca del 76% y el BBVA un 55%.

Más beneficios igual a... ¿más inversión?

Uno de los tópicos clásicos de los ideólogos de los capitalistas es el de que la obtención de beneficios es un objetivo por el que se tiene que sacrificar toda la sociedad ya que gracias a ellos deviene necesariamente una segunda fase de prosperidad general y de empleo, debido a la inversión en producción y a la creación de riqueza. Eso no fue así ni siquiera en las mejores condiciones posibles para el capitalismo, cuanto menos ahora en una situación de profunda incertidumbre. Lo que está haciendo esta crisis no es corregir sino agudizar extraordinariamente las tendencias parasitarias de la Banca. En el caso del Estado español es públicamente conocido que una parte sustanciosa de los beneficios obtenidos por el sector financiero en 2009 ha sido gracias al acceso a préstamos del BCE con tipos de interés muy bajos (1%) con los que se ha comprado deuda del Estado (bonos a 10 años que garantizan una rentabilidad del 3,5-4%). Parece increíble pero es cierto: el Estado presta dinero barato a la Banca; ésta, en vez de invertir en el sector productivo (de hecho, ha habido una caída brutal de la inversión en los últimos trimestres), se aprovecha del creciente endeudamiento del Estado, causado en parte por la misma Banca, para prestarle este mismo dinero a un precio más alto. Ésta es la destructiva lógica del capitalismo, que provoca desarreglos que finalmente tenemos que "pagar entre todos", "arrimando el hombro" para que los "creadores de riqueza" (con esta desfachatez se autodenominan los capitalistas) puedan cumplir su teórica función social.
La prensa burguesa ha destacado mucho en los últimos meses la idea de que ya hemos dejado atrás lo peor de la crisis mundial, sin embargo hay unanimidad en reconocer que el futuro crecimiento económico en prácticamente todos los países y particularmente en el caso del Estado español, será insuficiente para revertir la situación de desempleo masivo generada por la recesión. Según lo que contempla el propio gobierno en los presupuestos para 2010 el crecimiento para este año, aunque pueda ser positivo en los últimos trimestres, acabará con un retroceso del 0,3% del PIB. La Comisión Europea pronostica un 1% para 2011, la OCDE un 0,9%. Y no será hasta el 2012 cuando algunas previsiones sitúan un 2% de crecimiento. En todo caso, estas cifras son completamente insuficientes para crear empleo. De hecho, la previsión de la Comisión Europea es que el paro se situará en el 20% y en el 20,5% en 2011.

¿No hay ataques?

La dinámica social que impone la crisis capitalista es clara y evidente. Sin necesidad de ninguna medida legal especial, sin ningún cambio de la normativa vigente, se está produciendo una regresión muy aguda y acelerada de las condiciones sociales de la mayoría de la población. Y además, la perspectiva es que esta situación no se pueda paliar a corto o medio plazo por un cambio en la coyuntura económica.
Medidas como la subida del IVA prevista para mediados de año, cuyo tipo general pasará del 16 al 18% y el reducido del 7 al 8%; la subida de tarifas de diferentes servicios, tanto por parte del gobierno como por autonomías y ayuntamientos; la política de congelación o recorte de los gastos sociales en los presupuestos (que se van a acentuar en los próximos ejercicios para alcanzar el objetivo de déficit de menos de 3% en 2013, cuando ahora alcanza el 10%) son medidas que inciden en la misma dirección que los efectos "naturales", caóticos y descontrolados de la crisis capitalista: hacer recaer el peso de la crisis sobre el hombro de la clase obrera.
La crisis y su prolongación en el tiempo han introducido una enorme presión extra para reordenar el reparto de la tarta de la riqueza social entre las clases. Tanto en el plano del reparto del excedente social efectuado por el Estado, como el operado directamente en el proceso productivo. La burguesía quiere garantizar que el Estado le siga regalando millones de euros en exenciones fiscales, en intereses por los préstamos de la Banca, en inversiones necesarias para el mantenimiento de sus negocios o que ejerza de garante frente a todos los desfalcos y desequilibrios en los que incurre la economía privada; pero estas exigencias son cada vez más incompatibles con las conquistas históricas de la clase obrera, conquistas como la sanidad, la educación y las pensiones que han posibilitado un destello de vida humana en esta sociedad, capitalista, dominada por la brutalidad, la miseria y el individualismo. El otro frente de confrontación social es el laboral. El procedimiento fundamental con el que los capitalistas tratan de compensar la caída del beneficio provocada por la disminución del negocio es incrementando la explotación de los trabajadores.

Reforma laboral y de pensiones

De ahí que las dos reformas principales (contrarreformas en realidad) que están sobre la mesa sean la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Por más que el gobierno de Zapatero diga que con la reforma laboral que se está preparando se trata de "fortalecer a las empresas sin perjudicar a los trabajadores", eso sólo son palabras. En boca del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, las cosas adquieren una forma más concreta. En una entrevista publicada en La Vanguardia el 4 de enero decía textualmente: "los salarios tienen que estar vinculados a la productividad de cada trabajador (...) Por eso creo que hay flexibilizar la negociación colectiva para adaptar cada empresa a sus circunstancias". Sobre la futura reforma de las pensiones era todavía más cristalino, le parecía muy razonable "la opción de compatibilizar la vida laboral con el cobro de pensiones, el alargamiento de la edad efectiva de jubilación, o la posibilidad de que el cálculo de las futuras pensiones se realice en base a toda vida laboral cotizada".
En vez de denunciar claramente la situación los dirigentes sindicales han aceptado entrar en la negociación de una reforma laboral "sin retrocesos", y con "contrapartidas", como el compromiso de que los empresarios inviertan una determinado porcentaje de sus beneficios. No deja de ser significativo que quien tendría que estampar su firma para este acuerdo al que aspiran llegar los sindicatos es el presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, que tiene deudas millonarias con la Seguridad Social acumuladas durante más de una década y que ha dejado en la calle a los 640 trabajadores de Air Comet, que ya llevaban seis meses sin cobrar. Al margen de este "detalle", significativo de la importancia que los empresarios dan a los "compromisos" con las arcas públicas y con los trabajadores, ¿qué sentido tiene que los empresarios se comprometan a algo respecto a sus beneficios, salvo el engaño? El beneficio es el único fin del empresario y lo quiere para hacer de él lo que le dé la gana. Además, ¿quién sabe realmente los beneficios reales de un empresario salvo el mismo empresario? ¿Quién le obligará a cumplir hipotéticos acuerdos de limitación de beneficios e inversión? La única forma de conocer las auténticas cuentas empresariales y de imponer determinadas decisiones es mediante medidas de control obrero en las fábricas, lo que por cierto, estaría muy bien que fuera reivindicado e impulsado por los sindicatos. Si se hiciese eso se demostraría muy concretamente que los salarios no tienen la culpa de la crisis. De lo contrario, este tipo de exigencias solemnes sobre autocontrol de beneficios son simplemente una hoja de parra para encubrir lo que es de facto la aceptación de la necesidad de más sacrificios por parte de los trabajadores para hacer frente a la crisis, que es lo único que realmente se lleva a la práctica; en ese mismo espíritu se está preparando el acuerdo de congelación salarial a tres años.

La nefasta dinámica del pacto social

Efectivamente, lo más grave de la actuación de los dirigentes sindicales es la aceptación de que los trabajadores tienen que poner "algo de su parte" en esta crisis, sin tener en cuenta, y si lo tienen en cuenta es aún más grave, que al entrar en esta línea, la de empujar a los trabajadores a aceptar una degradación aún mayor de sus condiciones de vida, se propicia el contexto político no para un "límite" en los retrocesos sino para ataques más rotundos en el futuro, bien por parte de un gobierno del PSOE todavía más a la derecha o directamente por un gobierno del PP.
Existen el ambiente y la fuerza necesaria para frenar la escalada de ataques que estamos sufriendo los trabajadores. La marcha a Madrid convocada por los sindicatos el 12 de diciembre, sin que se realizase una mínima parte del esfuerzo que deberían haber hecho los dirigentes sindicales, y con reivindicaciones ambiguas, fue indicativa de la fuerza potencial de la clase obrera y sus organizaciones. Pero el 12-D tiene que tener una continuidad en la convocatoria de una huelga general y una clarificación de sus objetivos, que se sintetizan en la exigencia de un giro a la izquierda del gobierno. Esa es la disyuntiva de los dirigentes de CCOO y UGT en este momento histórico: la ruptura con la política de colaboración de clases o corresponsabilizarse en el intento de la burguesía de despojar a los trabajadores de sus conquistas históricas más elementales.

1. Datos EPA septiembre de 2009, último disponible de este organismo.
2. Datos de Cáritas.
3. Datos publicado por la CGT.