Mantener la calidad de los servicios públicos y defender 5.000 empleos
El Astillero sevillano fue privatizado por el gobierno del PSOE en 2005/06 y cedido a la empresa privada Astilleros de Huelva. Los trabajadores se opusieron a la enésima reconversión con una lucha de treinta meses. Cuatro años después, los obreros opinan unánimemente que los dueños actuales son unos estafadores: cobraron subvenciones y a cambio han llevado la factoría a la ruina financiera, a pesar de la carga de trabajo. Los obreros de Sevilla y los de Huelva llevan meses en lucha para obligar a la Junta a anular la venta de 2006 y dar un futuro al sector. En estos años las condiciones de trabajo han empeorado sin cesar, y hace seis meses la propiedad planteó un Expediente de Regulación de Empleo Temporal, cuando ya muchos trabajadores habían sido despedidos o estaban sin cobrar, especialmente los auxiliares. El comité de empresa pide "un astillero con carga de trabajo y 1.500 trabajadores" y que se vayan los propietarios estafadores, para evitar la pérdida de más de 2.500 puestos de trabajo entre Sevilla y Huelva.
La Junta está buscando un nuevo propietario del astillero, mientras que pide a las cajas de ahorro (en proceso de fusión) que ayuden a financiar "el plan social", que contempla prejubilaciones, bajas incentivadas y otros sistemas de liquidación del empleo. Las manifestaciones en Huelva y Sevilla, y también unificadas en las dos capitales, son constantes.
Tussam, el transporte público del Ayuntamiento de Sevilla, tiene 1.500 empleados. Los autobuses de la empresa y el tranvía tuvieron aproximadamente 83 millones de viajeros en 2009. El director gerente, creyendo que el transporte público se debe medir en términos de beneficios empresariales, y que el pasivo de la empresa tienen que pagarlo trabajadores y usuarios, ha anunciado un plan de saneamiento: reducir los gastos sociales (por ejemplo, la ayuda escolar a las familias de los empleados), externalizar varias líneas, congelar la plantilla y echar a 140 eventuales (que tienen derecho a ser fijos), flexibilizar las condiciones trabajo. Los trabajadores rechazan estas medidas y piden al Ayuntamiento de Sevilla: primero, asegurar la financiación pública a largo plazo del servicio; segundo, garantías de que no se privatizarán líneas ni se reducirán puestos trabajo fijos ni eventuales. La intención de los trabajadores es "mantener el carácter público de la empresa al 100% y mantener todos los puestos de trabajo, eventuales e indefinidos".
Mercasevilla es una empresa pública clave de la ciudad. Los trabajadores y su comité de empresa han defendido durante décadas la empresa contra las amenazas de privatización. La gestión burocrática de Mercasevilla -por utilizar un eufemismo- ha llevado a una situación financiera muy peligrosa. Los poderes públicos han entrado en conflicto entre sí. Lo que parece haber sido un expolio financiero de la empresa, del que por supuesto los trabajadores no tienen responsabilidad, está sirviendo de excusa para una ofensiva privatizadora que los trabajadores están intentando detener. El comité de empresa de Mercasevilla ha entregado a todos los grupos parlamentarios andaluces un borrador de proposición no de Ley para que el parlamento andaluz se pronuncie ‘por unanimidad' por garantizar el carácter público de la empresa y se comprometa la realización de una auditoria por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
