El Cabanyal es uno de los barrios marineros de Valencia y constituye
parte de su conjunto histórico y artístico. Es un barrio con
personalidad propia, que integra edificios centenarios emblemáticos y
que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993. La mayoría de
sus casas, de una o dos plantas y con fachadas recubiertas de azulejos
de colores, constituyen auténticas joyas del modernismo popular. Su
estructura reticular de largas calles paralelas al mar permite
aprovechar la luz solar y recibir directamente la brisa marina. Un
modelo de barrio a imitar si el criterio que primara fuera el bienestar
de los vecinos y no el máximo beneficio para unos pocos a costa del
sacrificio de la mayoría.
El Cabanyal es uno de los barrios marineros de Valencia y constituye parte de su conjunto histórico y artístico. Es un barrio con personalidad propia, que integra edificios centenarios emblemáticos y que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993. La mayoría de sus casas, de una o dos plantas y con fachadas recubiertas de azulejos de colores, constituyen auténticas joyas del modernismo popular. Su estructura reticular de largas calles paralelas al mar permite aprovechar la luz solar y recibir directamente la brisa marina. Un modelo de barrio a imitar si el criterio que primara fuera el bienestar de los vecinos y no el máximo beneficio para unos pocos a costa del sacrificio de la mayoría.
El plan de prolongación
Un barrio obrero con estas características, ocupando parte del litoral metropolitano de Valencia, es un desperdicio para los negocios de constructores y otros especuladores. No importa que la declaración de BIC implique la aprobación de un Plan de Protección y Rehabilitación del Bien, ni que la Llei de Patrimoni Cultural Valencià obligue a mantener la estructura urbana y arquitectónica del conjunto. El gobierno municipal del PP aprobó en 1998 el plan de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, pasando por encima de la cultura, las leyes y la voluntad de un pueblo. El verdadero interés del plan radica en la edificación de rascacielos, hoteles y otros lujosos proyectos a ambos lados de la enorme avenida.
Además de devastar un conjunto histórico y artístico, el plan supone la destrucción de 1.651 viviendas. Muchos de los vecinos afectados son personas mayores que han nacido en esas casas y que no conocen otra forma de vida. Las promesas de realojamiento de estas familias han ido perdiendo ornamentos, hasta llegar al punto en que éstas tendrán que pagar por un piso mucho más pequeño que sus anteriores viviendas.
‘Salvem El Cabanyal'
La Plataforma Salvem El Cabanyal, (integrada por vecinos, comerciantes, organizaciones políticas, culturales, etc.), y la Associació de Veïns, llevan desde 1998 luchando por un Plan de Conservación y Rehabilitación del barrio. A lo largo de estos años se han realizado múltiples manifestaciones, caceroladas, pintadas, huelgas de hambre, recogidas de firmas, jornadas artísticas y visitas guiadas por el barrio. La lucha ha recibido el apoyo de arquitectos, intelectuales (Dario Fo, José Luis Sampedro) y la colaboración activa de cientos de artistas. Se han solidarizado con la defensa de El Cabanyal las facultades de Bellas Artes, Historia y Derecho, partidos políticos (PSPV-PSOE, Esquerra Unida, Bloc), sindicatos y asociaciones de vecinos, entre otras muchas organizaciones.
Mientras tanto, el gobierno municipal ha utilizado toda clase de métodos para degradar el barrio: derribar casas para crear solares; permitir la introducción de droga, marginalidad e inseguridad; denegar licencias para reformar y rehabilitar las casas. Además ha intentado silenciar las protestas con intimidación policial y amenazas a los vecinos uno a uno, engañarlos para que vendieran las casas muy por debajo del precio de mercado y sobornarlos para favorecer la división.
Paralelamente, se desarrolla una lucha en el ámbito legal entre los vecinos y el gobierno municipal. La plataforma presenta un recurso contencioso-administrativo, pidiendo la paralización parcial del plan de prolongación. Se paralizan las expropiaciones y se evitan diez derribos. El Supremo primero rechaza y luego acepta la destrucción de El Cabanyal, para volver a revisar la legalidad del plan seis meses después. En julio de 2009 el Tribunal Superior de Justicia paraliza los derribos. Ahora el Ministerio de Cultura reivindica su competencia en el tema y paraliza el proyecto. El Consell responde a esto eliminando la protección de BIC.
Las leyes burguesas están al servicio de los burgueses. Siempre habrá un resquicio por donde colar un plan si es por el interés del capitalismo. No es la existencia de una ley la que puede paralizar el plan, sino la lucha en la calle. Los bandazos y maniobras de la legalidad burguesa obedecen en última instancia a la presión social que se está ejerciendo con esta lucha.
Al arrogante contraataque del PP los valencianos respondimos el 31 de enero con una manifestación de 30.000 personas. Otra muestra más del cabreo acumulado con el gobierno valenciano, como también lo fueron la manifestación educativa de 100.000 personas en noviembre de 2008, la masiva huelga de profesores en abril o los 40.000 manifestantes contra la corrupción en octubre. Estas respuestas masivas muestran cómo la mayoría de los valencianos vemos cada ataque concreto como parte de la misma política de la derecha que nos gobierna. Mientras se gastan millones en la Copa del América, la Fórmula 1 y otros macroproyectos, destruyen la educación y sanidad públicas, nuestros barrios, etc. También muestran que existe el ambiente social para organizar una lucha seria y contundente contra la derecha, que nos permita tomar conciencia de nuestra fuerza y nos acerque a la derrota electoral del PP.
El plan de prolongación
Un barrio obrero con estas características, ocupando parte del litoral metropolitano de Valencia, es un desperdicio para los negocios de constructores y otros especuladores. No importa que la declaración de BIC implique la aprobación de un Plan de Protección y Rehabilitación del Bien, ni que la Llei de Patrimoni Cultural Valencià obligue a mantener la estructura urbana y arquitectónica del conjunto. El gobierno municipal del PP aprobó en 1998 el plan de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, pasando por encima de la cultura, las leyes y la voluntad de un pueblo. El verdadero interés del plan radica en la edificación de rascacielos, hoteles y otros lujosos proyectos a ambos lados de la enorme avenida.
Además de devastar un conjunto histórico y artístico, el plan supone la destrucción de 1.651 viviendas. Muchos de los vecinos afectados son personas mayores que han nacido en esas casas y que no conocen otra forma de vida. Las promesas de realojamiento de estas familias han ido perdiendo ornamentos, hasta llegar al punto en que éstas tendrán que pagar por un piso mucho más pequeño que sus anteriores viviendas.
‘Salvem El Cabanyal'
La Plataforma Salvem El Cabanyal, (integrada por vecinos, comerciantes, organizaciones políticas, culturales, etc.), y la Associació de Veïns, llevan desde 1998 luchando por un Plan de Conservación y Rehabilitación del barrio. A lo largo de estos años se han realizado múltiples manifestaciones, caceroladas, pintadas, huelgas de hambre, recogidas de firmas, jornadas artísticas y visitas guiadas por el barrio. La lucha ha recibido el apoyo de arquitectos, intelectuales (Dario Fo, José Luis Sampedro) y la colaboración activa de cientos de artistas. Se han solidarizado con la defensa de El Cabanyal las facultades de Bellas Artes, Historia y Derecho, partidos políticos (PSPV-PSOE, Esquerra Unida, Bloc), sindicatos y asociaciones de vecinos, entre otras muchas organizaciones.
Mientras tanto, el gobierno municipal ha utilizado toda clase de métodos para degradar el barrio: derribar casas para crear solares; permitir la introducción de droga, marginalidad e inseguridad; denegar licencias para reformar y rehabilitar las casas. Además ha intentado silenciar las protestas con intimidación policial y amenazas a los vecinos uno a uno, engañarlos para que vendieran las casas muy por debajo del precio de mercado y sobornarlos para favorecer la división.
Paralelamente, se desarrolla una lucha en el ámbito legal entre los vecinos y el gobierno municipal. La plataforma presenta un recurso contencioso-administrativo, pidiendo la paralización parcial del plan de prolongación. Se paralizan las expropiaciones y se evitan diez derribos. El Supremo primero rechaza y luego acepta la destrucción de El Cabanyal, para volver a revisar la legalidad del plan seis meses después. En julio de 2009 el Tribunal Superior de Justicia paraliza los derribos. Ahora el Ministerio de Cultura reivindica su competencia en el tema y paraliza el proyecto. El Consell responde a esto eliminando la protección de BIC.
Las leyes burguesas están al servicio de los burgueses. Siempre habrá un resquicio por donde colar un plan si es por el interés del capitalismo. No es la existencia de una ley la que puede paralizar el plan, sino la lucha en la calle. Los bandazos y maniobras de la legalidad burguesa obedecen en última instancia a la presión social que se está ejerciendo con esta lucha.
Al arrogante contraataque del PP los valencianos respondimos el 31 de enero con una manifestación de 30.000 personas. Otra muestra más del cabreo acumulado con el gobierno valenciano, como también lo fueron la manifestación educativa de 100.000 personas en noviembre de 2008, la masiva huelga de profesores en abril o los 40.000 manifestantes contra la corrupción en octubre. Estas respuestas masivas muestran cómo la mayoría de los valencianos vemos cada ataque concreto como parte de la misma política de la derecha que nos gobierna. Mientras se gastan millones en la Copa del América, la Fórmula 1 y otros macroproyectos, destruyen la educación y sanidad públicas, nuestros barrios, etc. También muestran que existe el ambiente social para organizar una lucha seria y contundente contra la derecha, que nos permita tomar conciencia de nuestra fuerza y nos acerque a la derrota electoral del PP.
