Frente a la presión de ‘los mercados’: movilización de la clase obrera

CCOO y UGT deben convocar una huelga general contra ‘todos' los ataques del gobierno PSOE

A lo largo de las últimas semanas el gobierno ha anunciado una serie de medidas cuyo fondo común es su carácter lesivo hacia las condiciones de vida de la clase trabajadora; suponen un claro giro a la derecha en su política económica y social y un punto de inflexión en la situación política en el Estado español.

Los ataques que están sobre la mesa

En otros artículos analizamos dichas medidas, pero la siguiente relación da una idea bien clara de la amplitud y la importancia de las mismas:
· Retraso de la jubilación de los 65 a los 67 años y la ampliación de los años de vida laboral para el cómputo de las pensiones (aunque este último punto luego se "borró" de la propuesta inicial del gobierno, esta medida no está en absoluto descartada).
· Reforma laboral que implica, entre otras cosas, un cambio de los criterios de las causas objetivas de despido y de la negociación colectiva; por supuesto, en ambos casos los cambios son a peor para los trabajadores.
· Recorte salvaje del gasto público, de 50.000 millones de euros, con el fin de reducir el déficit público del 11,8% actual al 3% en 2011. Entre las medidas vinculadas a este recorte se ha anunciado la privatización de las pocas empresas públicas que aún existen y la congelación de la contratación en la administración pública, con las evidentes consecuencias negativas que esto tendrá en servicios sociales elementales.
· Pacto educativo con el PP, que implica la instauración de itinerarios basura para los sectores sociales más desfavorecidos, un nuevo impulso a la privada concertada para que un derecho tan elemental como la educación siga siendo una fuente suculenta de beneficios y más medidas represivas contra los derechos democráticos de los estudiantes.
· Subida generalizada del IVA, que grava sobre el consumo y a todos por igual (independientemente de la renta) y por lo tanto, en mayor proporción a la clase trabajadora.
· Acuerdo de congelación salarial a 3 años, tanto para el sector público como el privado. En este caso con el aval de los sindicatos y la patronal.
Otras medidas redundan, a pesar de la "austeridad presupuestaria", en poner a disposición de banqueros y empresarios, más fondos públicos:
· Nueva inyección de dinero público a los empresarios, con la concesión de una partida especial de 200.000 millones de euros para créditos a través del ICO. Aunque las arcas públicas asumirán todo el riesgo de los préstamos, estos serán gestionados por entidades bancarias que obtendrán suculentas ganancias en comisiones.
· Plan de la rehabilitación de edificios públicos, que beneficiará otra vez a las constructoras, cuya suerte está ligada a la de la banca, que ha absorbido una parte importante de su deuda. Dicho plan tiene como incentivo fundamental para emprender las obras las rebajas fiscales.

Además de injustos, los sacrificios no sirven para salir de la crisis

Hasta ahora el gobierno del PSOE había dicho por activa y por pasiva, que no iba a "consentir" que fueran los trabajadores los que pagasen los platos rotos de la crisis. Eso ni siquiera ha sido verdad antes de que se anunciasen los ataques que ahora están sobre la mesa. Los datos están ahí: desde el inicio de la crisis (se llevan siete trimestres de crecimiento negativo) hay 2,28 millones de parados más, superándose ya los 4 millones; el 30% lleva más de un año sin trabajar; en 1,13 millones de hogares ninguno de sus miembros trabaja; cada vez son más los trabajadores que entran en el campo del mileurismo que afecta ya a la mitad de la población asalariada; muchos jóvenes e inmigrantes han visto reducidos sus salarios y no llegan siquiera a los mil euros al mes. Datos publicados recientemente por el INE, en el año 2009, el peor de la crisis hasta el momento, indican que las rentas salariales han caído el triple que las empresariales. Según un artículo de El País (22-02-10) los beneficios empresariales han dado el mayor mordisco a la riqueza nacional desde que se inició la serie estadística, en 1980.
Todos estos datos revelan que los trabajadores ya están pagando, y con creces, la parte principal de la crisis y sin embargo, como los datos también revelan, estos "sacrificios", no son una solución a la misma. La crisis de la economía española es, como la del resto del mundo, producto de la naturaleza misma del capitalismo, un sistema caótico que "funciona" únicamente por la sed de beneficios de una minoría. Si en el caso del Estado español la crisis es particularmente aguda se debe al carácter especialmente parasitario de los banqueros y capitalistas españoles, y no a la "rigidez del mercado laboral". El "milagro" del boom de la economía española que precedió la actual crisis estuvo alimentado por la mano de obra barata, el incremento exponencial del crédito (que impulsó el consumo) y la burbuja inmobiliaria. En apenas una década, la deuda amasada por familias, empresas no financieras, bancos y el conjunto de la administración se duplicó, alcanzando la actual cifra de 3,9 billones de euros, equivalente al 390% del PIB. Evidentemente los grandes beneficiarios de aquella vorágine de crecimiento basada en el endeudamiento, la especulación y la sobre exploración de la clase obrera fueron las 100 familias que dominan la economía del país. Para millones de familias obreras que tuvieron la "suerte" de poder endeudarse, la hipoteca ha sido un lastre pesadísimo que han tenido que arrastrar en periodo de boom y que ahora con la crisis amenaza con arruinarlas completamente.
Todos los factores que llevaron al "milagro" del crecimiento actúan en el sentido contrario, formando un espiral descendente. El peso de la deuda lastrará la economía durante muchos años. Los bajos salarios y el desempleo masivo redundarán todavía más en reducir el consumo y la inversión. La mayoría de los economistas reconocen que se abre en la economía española un largo periodo de estancamiento y alto desempleo.

De la crisis económica al enfrentamiento social

Todos los gobiernos se encuentran atrapados en un dilema: si siguen inyectando dinero en la economía el endeudamiento público puede llegar a un límite crítico en el que se convierte en un grave problema (el caso de Grecia y el comportamiento de los "mercados" con la deuda española es un indicativo de donde están los límites); si, en cambio, cortan el gasto para afrontar la deuda pueden agravar la situación por la vía de un colapso aún mayor del consumo alentando una nueva recaída aún más dura. Lo que es verdaderamente importante para la burguesía, en todo caso, es que su parte proporcional de la tarta de la riqueza social se mantenga o aumente a costa de los trabajadores. Así, la solución a la crisis económica capitalista desde el punto de vista de la burguesía exige atacar hasta el hueso las condiciones de vida de la clase obrera, sus salarios y sus derechos laborales. Una receta que buscando el reequilibrio económico capitalista provocará una escalada de la lucha de clases. Grecia es una advertencia clara de lo que puede ocurrir en el Estado español.
Este enfrentamiento, abierto o soterrado, es en último término la fuente principal de las tensiones de fondo que envuelve toda la situación política, y también determina la conducta del gobierno. En realidad es como si el gobierno del PSOE estuviese asentado sobre una gran falla entre dos placas tectónicas sociales en colisión. Ahora empieza a sentir los primeros temblores. El PSOE fue aupado por un intenso y profundo movimiento de los trabajadores y de la juventud contra el PP, y ahora, empujado por la lógica que los dirigentes del PSOE asumen, de que el capitalismo es el único sistema posible, se dispone a abordar el mayor ataque contra la clase trabajadora de las últimas décadas.
A los dirigentes del PSOE, y también a la burguesía, les gustaría compatibilizar la aplicación de profundas contrarreformas y el mantenimiento de la paz social. Con este fin se han basado en los dirigentes sindicales, que durante meses se han agarrado al clavo ardiente de una hipotética recuperación económica, y al argumento de que, supuestamente, el gobierno no había emprendido "ataques". Sin embargo, la perspectiva de recuperación, al menos de una recuperación mínimamente significativa, se ha aplazado indefinidamente y por lo que respecta a los ataques, a falta de uno ahora hay claramente situados sobre la mesa por lo menos cinco.

Las movilizaciones contra las pensiones

La convocatoria de las manifestaciones contra la reforma de la pensiones a lo largo de las últimas semanas, por parte de CCOO y UGT, han sido un paso adelante en el sentido de que, por primera vez, los dirigentes sindicales han apelado a la movilización para hacer frente a la política antisocial del gobierno. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de ellas se hayan convocado entre semana, y con el tímido fin de que el gobierno reconsidere su posición en el punto de las pensiones, indica que los cambios necesarios en la política sindical para hacer frente a las agresiones de la burguesía y del gobierno, aún son necesarios y fundamentales. La política sindical de los dirigentes de CCOO y UGT es extremadamente contradictoria. Si los trabajadores no debemos pagar la crisis capitalista, como se asume de palabra, ¿por qué se acepta la congelación salarial para los funcionarios y para los trabajadores del sector privado?, ¿por qué se está negociando una reforma laboral que indudablemente implica retrocesos para los trabajadores?, ¿por qué se ha apoyado planes de rescate millonarios a la Banca que ahora tienen su contrapartida en el recorte de los gastos sociales?, ¿qué sentido tiene movilizar por las pensiones y silenciar o directamente aceptar otros ataques? Estas contradicciones, favorecen la estrategia del gobierno. En primer lugar porque restan la credibilidad de los dirigentes sindicales ante los propios trabajadores. Las manifestaciones contra las pensiones, por supuesto, fueron muy significativas, pero evidentemente estaban diseñadas para no sobrepasar un determinado límite. Esto era algo perceptible para todo el mundo.
El reciente amago del gobierno de romper con el acuerdo de subida salarial de los funcionarios a tres años, un acuerdo firmado hace apenas unos meses o la reciente petición de la CEOE de un nuevo contrato para jóvenes de hasta 30 años sin derecho a paro, sin indemnización por despido y sin cotización patronal a la Seguridad Social son señales claras de que, espoleada por la crisis, la burguesía presionará cada vez más, sin que sea posible oponer otra cosa más que la movilización. La política del mal menor, basada en acuerdos siempre a peor para los trabajadores, pero que daban una cierta estabilidad y tranquilidad a unos dirigentes sindicales acomodados en la política de pacto social, ha quedado reducida al absurdo.
La única manera de echar atrás todos estos ataques es en primer lugar denunciándolos como tal, llamándolos por su nombre, y en segundo lugar, demostrando que se está dispuesto a llegar hasta el final en la lucha, que debe empezar por una amplia campaña de información y de asambleas y la convocatoria de una huelga general. El ambiente para una huelga general existe, y de hecho, la sombra de la huelga general que planea en los consejos de ministros es lo que explica todas las precauciones que el gobierno está tomando para aplicar las medidas anunciadas. Sin embargo, si la huelga general no se concreta, lo que acabará pesando decisivamente son las intensas presiones de la burguesía.
Las apelaciones del rey Juan Carlos a un gran pacto político contra la crisis en las diferentes reuniones que éste ha mantenido con los "interlocutores sociales" y partidos, también revelan la preocupación de la burguesía ante la perspectiva de que se abra la espita de la confrontación social. Quieren conjurarla mediante la formalización de un gran acuerdo, involucrando a los sindicatos y a todos los partidos, con la esperanza de deslumbrar y paralizar a la clase obrera. Las dificultades para aplicar esta opción, un escenario que no podemos descartar, es la gran polarización política arraigada en la sociedad española y, en estos momentos, la oportunidad que ve en esta coyuntura la derecha para seguir desgastando al gobierno del PSOE. Un sector de la burguesía también es conciente que un gran pacto, e incluso un gobierno de unidad nacional arropado por el rey, es una carta que no se puede descubrir precipitadamente, y debe reservarse para cuando el conflicto social y político esté todavía más avanzado. La táctica que ahora predomina en la burguesía es la implicar al máximo al PSOE en las medidas antiobreras y preparar el terreno para un gobierno del PP dentro de dos años. Es la clásica táctica de usar y tirar. Y dentro de esta táctica, cuanto antes y más duro sea el ajuste, mejor.

Fortalecer una alternativa marxista en los sindicatos

Los próximos dos meses van a ser muy importantes para el movimiento obrero. Es el plazo que el gobierno se ha dado para llegar a un "gran acuerdo" sobre las medidas propuestas. La naturaleza anti obrera de las medidas está clara y de un modo u otro el gobierno intentará ponerlas en marcha. El punto más importante en la ecuación será la actitud de los dirigentes sindicales. Si ceden y finalmente se implican en estos ataques podrán retrasar durante un tiempo más la respuesta social, aunque a costa de incrementar todavía más su descrédito entre los trabajadores y posiblemente la afloración de tensiones internas. Si deciden enfrentarse a los ataques la vía de la huelga general sería la más consecuente. En todo caso la alternativa que defendemos los marxistas, la convocatoria de una huelga general, unida a la lucha por un programa socialista, con demandas concretas como un subsidio de desempleo indefinido para todos los parados, la rebaja de la edad de jubilación a los 60 años con contratos de relevo para paliar el paro juvenil, la defensa de los servicios públicos y los salarios, y la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores y sus organizaciones, entre otras , encontrará un eco cada vez mayor entre todos los trabajadores y jóvenes que buscan una alternativa a la crisis capitalista. Esta es la única alternativa que corresponde a las necesidades objetivas de la clase obrera y de la mayoría de la población. La perspectiva inevitable es de agudización de la lucha de clases y en este contexto, crear una fuerte corriente marxista en los sindicatos que gane el apoyo de cada vez más delegados y activistas sindicales debe ser una tarea prioritaria.