El gobierno de La Rioja, del Partido Popular, ha decidido privatizar el centro de protección de menores "Residencia Iregua"

Argumentan que la gestión privada solucionará los importantes problemas que existen en el centro, olvidando mencionar que dichos problemas son consecuencia de años de una política consciente de abandono y degradación del dispositivo para justificar su privatización, como han denunciado los propios trabajadores del centro.

En realidad, lo único que pretenden es convertir una necesidad social (la atención a niños y adolescentes en situación de desamparo) en un negocio para sus amigos de la patronal.

La privatización de los servicios sociales, iniciada en los años 90, ha supuesto una gran eclosión de ONGs, muchas de las cuales no son más que empresas de servicios disfrazadas con la piel de cordero de la solidaridad, pero que en realidad son el lobo del lucro privado a costa del dinero público y la vida de miles de personas convertidas en materia prima para éstas benéficas empresas. Como consecuencia, el sector de la Intervención Social (que ya supone un 5% del PIB) es uno de los más precarizados, con sueldos de miseria, contratos por obra y servicio, horas extra obligatorias y no remuneradas, además de una fuerte represión ante cualquier atisbo de sindicalismo de clase. Estas draconianas condiciones laborales, junto a unas ratios trabajador-usuario pensadas para reducir costes, y la escandalosa falta de supervisión por parte de las distintas administraciones, están teniendo graves consecuencias sobre los servicios prestados, cada vez más depauperados.

En el caso de los centros de menores, la privatización de la atención a uno de los sectores más vulnerables de la población tiene trágicas consecuencias. Las sustitución del famoso interés superior del menor por la búsqueda del beneficio económico implica una clamorosa carencia de medios materiales y humanos, falta de formación especializada y una excesiva rotación de personal (impidiéndose así la imprescindible vinculación afectiva con adultos de referencia para el adecuado desarrollo psicosocial del menor), generalizándose el maltrato institucional. Otro efecto de la gestión privada de los centros de menores ha sido la aparición en muchas ocasiones de aberrantes prácticas pseudocientíficas en la metodología de intervención "educativa". De hecho, la privatización ha conllevado la paulatina extensión de los malos tratos y la sistemática vulneración de los derechos más básicos de los menores. Esta afirmación no es gratuita, ya que está avalada no sólo por las múltiples denuncias que desde hace años vienen realizando numerosos colectivos sociales, sino también por los informes presentados el año pasado por el Defensor del Pueblo y por Amnistía Internacional, así como por las quejas formuladas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ante el gobierno español.

Concretamente, las dos empresas que optan a la gestión de la "Residencia Iregua" (Fundación Diagrama y Fundación O´Belen) tienen un largo historial de denuncias por malos tratos y torturas. Ambas entidades basan su actuación "pedagógica" en la anulación personal del menor, a través de una disciplina cuartelera, el insulto y la vejación continua, las agresiones físicas, las celdas de aislamiento (expresamente prohibidas por la ONU en centros de menores) y las camisas de fuerza químicas a través de psicofármacos.

La Fundación Diagrama, especializada en cárceles de menores, sufrió la clausura de varios de sus centros tras una visita sorpresa del entonces fiscal de menores de Madrid, Félix Pantoja, donde descubrió, entre otras cosas, que los menores eran encerrados durante días en un zulo, completamente desnudos, con las manos engrilletadas y los pies atados con cinta de embalar.

Por su parte la Fundación O´Belen, entidad con las manos manchadas por la muerte de varios niños bajo su guarda, también ha visto cómo varios de sus centros han sido clausurados gracias a la movilización social, viéndose su presidente y fundador Emilio Pinto Rodríguez obligado a dimitir. Este entramado mafioso tiene sus principales fuentes de negocio en aquellas comunidades autónomas gobernadas por la derecha (Esperanza Aguirre ha escogido como asesor para sus planes de modificar leyes relacionadas con la infancia y la juventud a Javier San Sebastián, actual presidente de O´Belen).

Ante esta dramática realidad, desde el Sindicato de Estudiantes reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de unos servicios sociales públicos como forma de garantizar el más escrupuloso respeto por los derechos humanos y el correcto funcionamiento de los recursos, por lo que apoyamos decididamente la lucha emprendida por CCOO, UGT y los trabajadores del sistema de protección de menores de La Rioja contra la privatización de la "Residencia Iregua".

A su vez, entendemos que en numerosas ocasiones los servicios sociales intervienen para paliar las consecuencias derivadas de las situaciones de marginación y exclusión social provocadas por la pobreza (que ya afecta al 20% de la población del Estado español). Por lo que exigimos a las diferentes administraciones la implementación de políticas de inclusión y prevención de la exclusión social, que deberían incluir la creación de un subsidio por desempleo indefinido (hasta encontrar trabajo) igual al Salario Mínimo Interprofesional, que a su vez debería incrementarse hasta llegar a los 1.100 euros, la creación de un parque de viviendas sociales que garantice nuestro derecho a una vivienda digna, un drástico aumento de la inversión en la educación pública para combatir el fracaso escolar y la creación de equipamientos sociales, sanitarios, culturales y deportivos gratuitos en todos nuestros barrios. Nos dirán que es imposible, que no hay dinero. Pero no es cierto. Todas estas actuaciones pueden financiarse perfectamente con los miles y miles de millones de euros que cada año se les regala a la banca y la patronal a través de deducciones y exenciones fiscales, incentivos "para el mantenimiento del empleo", subvenciones, conciertos, rescates financieros y demás trasvases de dinero público a manos privadas.