El catecismo neoliberal predica las bondades de la gestión privada de los servicios públicos. Y como desgraciadamente los dirigentes del PSOE han abrazado esta fe en el mercado, la privatización de los servicios sociales y sociosanitarios está muy avanzada. Por eso ya no teorizamos acerca de los efectos de la privatización sobre las condiciones laborales y los servicios prestados, sino que hablamos desde la experiencia. Eso sí, los empresarios de la solidaridad se están forrando a costa del dinero público (el denominado Tercer Sector ya supone un 5% del PIB).

El catecismo neoliberal predica las bondades de la gestión privada de los servicios públicos. Y como desgraciadamente los dirigentes del PSOE han abrazado esta fe en el mercado, la privatización de los servicios sociales y sociosanitarios está muy avanzada. Por eso ya no teorizamos acerca de los efectos de la privatización sobre las condiciones laborales y los servicios prestados, sino que hablamos desde la experiencia. Eso sí, los empresarios de la solidaridad se están forrando a costa del dinero público (el denominado Tercer Sector ya supone un 5% del PIB).
La precariedad laboral y la sobreexplotación son escandalosas. Quienes trabajamos con menores, con discapacitados, en geriátricos, etc. conocemos las consecuencias psíquicas y físicas de los turnos interminables y con unas ratios trabajador-usuario que inevitablemente conducen a la frustración profesional y a la desatención y el maltrato institucional (intolerable realidad sólo paliada en parte por la abnegada dedicación de la mayoría de los trabajadores, muchas veces a costa de su propia salud). Y todo esto a cambio de sueldos de supervivencia y con contratos por obra y servicio. Esto último, junto a la pasividad sindical generalizada en el sector, ha permitido a la patronal instaurar unas relaciones laborales basadas en la sumisión por miedo a perder el empleo, ya que cualquier queja laboral o sobre la atención que se presta a los usuarios suele terminar en despido.
Miedo que también atenaza a las familias de los usuarios. En ocasiones, aun siendo conscientes de que el trato que recibe su familiar no es el adecuado, no denuncian la situación por miedo a perder una plaza de la que no pueden prescindir, por miedo a posibles represalias contra sus familiares y por la sospecha de que sus denuncias no servirán realmente para nada ante la connivencia entre las administraciones públicas y las empresas del sector. Este miedo es comprensible porque ¿cómo enfrentarnos con la Administración y con la empresa concesionaria, cuyos servicios realmente necesitamos? Pues mediante la organización. Como individuos aislados poco podemos hacer, por eso la lucha debe ser colectiva. El ejemplo de la asociación Residencias Dignas (formada por familiares de ingresados en la residencia "La Alameda", gestionada por SERGESA en Azuqueca de Henares, con el objetivo de garantizar unas condiciones dignas tanto para los ancianos como para los trabajadores) es significativo, y ya han conseguido varias victorias, incluso judiciales, contra la empresa.

Organizar la oposición a las privatizaciones

Aunque la clave está en los sindicatos de clase y en las organizaciones de izquierdas. Tenemos que defender lo público y luchar por revertir las privatizaciones. Es necesaria una política sindical de clase, combativa y democrática, defendiendo intransigentemente a los trabajadores ante cualquier despido o sanción, y luchando tanto por mejorar las condiciones laborales como por los derechos de los usuarios, y manteniendo como objetivo último la integración de todos los centros en la red pública. Sin duda, esta política animaría a la mayoría de los trabajadores del sector a sindicarse y pasar a la ofensiva, venciendo la espiral de precariedad y miedo, rompiendo a su vez con todas las patrañas oenegeras y asistencialistas que actualmente dominan el discurso de "lo social". De hecho, en algunas zonas los acontecimientos se están moviendo en esta dirección. El gobierno de La Rioja pretende privatizar el centro de protección de menores "Residencia Iregua", en Logroño. CCOO y UGT se oponen a la privatización, denunciando la pérdida de empleo público, la precarización de las condiciones laborales y la generalización de los malos tratos a los menores en los centros de gestión privada (de hecho, las empresas que optan al concurso son Diagrama y Fundación O´Belen, entidades reiteradamente denunciadas por torturas). Se han celebrado ya varias concentraciones y la protesta se ha llevado al interior del parlamento autonómico. Para ganar la lucha, es necesario intensificar las movilizaciones, empezando por implicar al resto de los trabajadores del sector público, e iniciando una campaña más amplia por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad. Una victoria en La Rioja sin duda serviría de ejemplo y animaría a los compañeros de otras regiones. En Madrid los trabajadores del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) están también en lucha, y en todo el sector el cabreo acumulado contra la patronal "sin ánimo de lucro" sin duda se expresaría contundentemente si los sindicatos ofrecieran una alternativa clara y un plan de lucha unificado.