Condenados a dos años de cárcel 23 trabajadores de El Prat

Gravísimo precedente de criminalización que debe ser contestado contundentemente por los sindicatos

Tal y como era de esperar, una vez más, la justicia se ha posicionado y no precisamente a favor de los trabajadores. El 28 de julio de 2006 centenares de trabajadores de Iberia ocuparon las pistas del aeropuerto de El Prat para protestar por la decisión de AENA de dar el servicio de handling (asistencia en tierra) a otra empresa distinta de Iberia. La ocupación terminó con una brutal carga policial y varios trabajadores detenidos. Sin embargo, cuatro años después la sección número 21 de la Audiencia de Barcelona ha dictado sentencia, muy acorde con la petición del fiscal del estado, que ya el año pasado pedía penas de entre 3 y 4 años para 27 de los 400 trabajadores, condenándolos por "desórdenes públicos".
La sentencia es un verdadero escándalo. Condena a dos años de cárcel a 23 de los 27 trabajadores. Los otros cuatro (entre los cuales hay dos dirigentes de UGT) quedan absueltos, al no poder probarse que se dedicaron aquel día a arengar a sus compañeros.
Esta sentencia supone un punto de inflexión y sienta un gravísmo precedente -independientemente de que al ser una condena de dos años, al no tener antecedentes penales no se ingresa en prisión- ya que pretende criminalizar al movimiento obrero organizado y abre la puerta a, nada menos, que poder ir a la cárcel por defender nuestros puestos trabajo y unas condiciones laborales dignas.
Durante estos cuatros años la empresa ha tenido vía libre para sancionar, perseguir y acosar a los trabajadores en represalia por haber participado en el piquete, y todo ello ha quedado en el olvido. Es decir, la empresa ha podido mantener su juego sucio con los trabajadores sin que la justicia moviera un solo dedo. Simplemente se dedicaba a declarar improcedentes, por falta de claridad en las pruebas, algunas sanciones que la empresa llevaba a cabo. En este sentido, el posicionamiento de la Audiencia de Barcelona, no deja lugar a dudas, ya que exime a Iberia de cualquier responsabilidad.
UGT y CCOO ya han anunciado que recurrirán la sentencia al Tribunal Supremo, ya que la consideran desproporcionada e injusta, y exigen, además de la absolución, la anulación de pagos de las costas del juicio. Sin embargo, esto es completamente insuficiente, una vez más los dirigentes sindicales vuelven a confiar exclusivamente en la justicia, la misma justicia que marea la perdiz con el caso Gürtel, que no llegó hasta el final con el caso Millet, o que no tiene ningún reparo en condenar a penas de prisión a estos 23 trabajadores, pero que no tiene ningún tipo de inconveniente a la hora de admitir a trámite una denuncia interpuesta por la Falange, para que no se puedan esclarecer los crímenes franquistas.
La clase dominante, con sus jueces, empresarios y políticos lo tiene muy claro, la debilidad invita a la agresión. ¿Cómo se puede permitir, que desde el primer instante estos trabajadores fueran criminalizados sin ni siquiera informar a la opinión pública de cuáles eran sus reivindicaciones? ¿Cómo se ha podido permitir que el fiscal haya pedido penas de cárcel cómo si de delincuentes se tratara? En ningún momento ha habido por parte de las direcciones de UGT y CCOO ninguna campaña de información al respecto. Han permanecido completamente impasibles esperando que la justicia fuera razonable con esta cuestión. Ya hemos visto el resultado. Esta sentencia es un serio aviso. La clase dominante necesita llevar adelante toda una serie de ataques, y necesita que no haya ningún tipo de oposición. Sentencias como la de El Prat pueden ser mucho más habituales que en otros tiempos. Los dirigentes tienen la obligación de ir más allá de las declaraciones en la prensa para demostrar su desacuerdo, no pueden permitir más agresiones a la clase trabajadora. La gravedad del ataque requiere una campaña seria de denuncia y movilización por parte de los sindicatos de clase y las organizaciones de la izquierda, una campaña para conseguir la solidaridad del resto de trabajadores, explicando que esta sentencia es una declaración de guerra al conjunto del movimiento obrero. Hoy son los trabajadores de El Prat, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Sólo así podremos echar atrás sentencias como la del Prat.