En las últimas semanas ha sido noticia en los medios de comunicación nacionales el caso Palma Arena y uno de sus más famosos protagonistas, el ex presidente de las Islas baleares y ex ministro de Medio Ambiente en la época de José Mª Aznar, Jaume Matas. El caso Palma Arena se inicia en agosto de 2008 y en él hay imputadas una treintena de personas, la mayoría altos cargos políticos y técnicos del PP.
En las últimas semanas ha sido noticia en los medios de comunicación nacionales el caso Palma Arena y uno de sus más famosos protagonistas, el ex presidente de las Islas baleares y ex ministro de Medio Ambiente en la época de José Mª Aznar, Jaume Matas.
El caso Palma Arena se inicia en agosto de 2008 y en él hay imputadas una treintena de personas, la mayoría altos cargos políticos y técnicos del PP.
El proceso de instrucción del caso se inicia gracias a una denuncia anónima en la que asegura que el velódromo que en un principio iba a costar 48 millones de euros acabó costando más del doble, 100 millones de euros y que este hecho coincide con un aumento del patrimonio de Matas que no podía ser justificado legalmente.
La Fiscalía acusa también a Matas de haber recibido sobornos, pagos con dinero negro y de haber engañado a la Agencia Tributaria. Así como también se investigó el palacio ubicado en el centro de palma y adquirido por una irrisoria suma de dinero por Matas, conocido popularmente como "el palacete".
La imputación de todos estos delitos podría suponer más de 24 años de prisión para Matas. El juez impuso una fianza de 3.000.000 millones de euros que Matas consiguió pagar misteriosamente en unas horas, acudiendo a amigos banqueros que le debían favores. En este "préstamo" se ha visto implicada la Caja valenciana y el colegio de Arquitectos quien supuestamente actuó como intermediario.
Este caso de corrupción sale a la luz al calor de la alarma creada por la trama Gúrtel y otras causas delictivas que implican a miembros del PP a lo largo de la geografía del estado español.
La respuesta de la ejecutiva del PP ante los escandalosos casos de corrupción ha sido un sospechoso silencio y mirar hacia otro lado, poniendo de manifiesto una vez más para quién gobierna y qué intereses defiende la derecha.
El caso maquillaje, la operación voltor y la crisis de gobierno balear
Desde hace más de medio año, la sociedad balear no cesa de ver cómo uno tras otro salen a la luz distintos casos de corrupción donde sus protagonistas se apropian de dinero público con total impunidad. Desde el caso Andratx, Rodrigo de Santos, el cas voltor y un largo etc, se han tenido multitud de ejemplos de escándalos financieros en los que se han visto implicados políticos de la anterior legislatura compuesta por PP-Unión Mallorquina.
Uno de los últimos casos que implica a altos cargos de Unión mallorquina, el caso maquillaje, ha supuesto una grave crisis en el actual gobierno balear.
Unión Mallorquina pasó a formar parte del actual gobierno balear al entrar en coalición con el PSOE y el Bloc. UM es un partido de derechas de carácter nacionalista que suele tener la llave en las elecciones autonómicas oscilando en la coalición entre la derecha y la izquierda según su interés.
El caso maquillaje sacó a la luz cómo Mª Antonia Munar, presidenta del Parlament entregó a Miquel Nadal (ex vicepresidente del Consell de Mallorca) 300.000€ de UM para comprar la productora Video-U a quien se le concedía el grueso de la parrilla de programación de la Televisión de Mallorca, obteniendo beneficios millonarios personales en la anterior legislatura.
La Operación Voltor investigó la trama de corrupción desde el Instituto de Estrategia Turística a través del cual se ha desviado fondos públicos a personas y empresas afines a Unió Mallorquina. El Inestur, gestionado desde la Consejería de Turismo, estaba en manos de UM antes de que el pasado 5 de marzo esta formación fuera expulsada del Ejecutivo autonómico, rompiéndose el Pacto de gobierno.
La Operación Voltor se desató el pasado mes de febrero con la detención de numerosas personas y altos cargos del Gobierno Balear. Así, en esta operación fueron detenidos el ex consejero de turismo, el ex presidente de UM, el ex director general de Promoción Turística del Gobierno Balear, el contable de UM, el ex gerente del Inestur y ex director general de Calidad Ambiental, el empresario de la comunicación, entre otros. Se les han imputado los delitos de malversación de caudales públicos y fraude.
El pasado 5 de marzo se anuncia por parte del ejecutivo balear la expulsión de UM del pacto de gobierno. El PSOE pasa a gobernar en minoría con el Bloc. El presidente del gobierno balear Francesc Antich (PSOE) argumenta esta medida como necesaria para garantizar la transparencia de la gestión pública. Anunció también la reducción de consellerias y la reestructuración del ejecutivo para gobernar en minoría con el Bloc.
El PP amenazó con convocar elecciones anticipadas, eso supuso una división en el PSOE respecto a qué hacer. Un sector ve el peligro que implicaría la convocatoria de elecciones ya que no confían en ser capaces de movilizar a la base social de la izquierda, debido a la pérdida de confianza que su propia política ha provocado.
El descontento social se agudiza en la "Isla de la Calma"
Las Islas Baleares es una de las comunidades donde la crisis ha azotado con más fuerza, con una economía basada fundamentalmente en la hostelería y el sector inmobiliario ha pasado de un alto nivel de empleo a una alta tasa de paro situándose en un 12'32%.
El creciente descontento de la sociedad balear se puso de manifiesto una vez más el pasado 20 de marzo en una manifestación convocada por la Plataforma por la Dignificación de la Democracia y contra la Corrupción, integrada por unas 120 entidades cívicas, culturales, vecinales y ecologistas de la isla. Dicha manifestación fue la tercera contra la corrupción y contó con más de 3500 asistentes.
Es vergonzoso ver cómo unos pocos se adueñan de escandalosas cantidades de dinero público, mientras los trabajadores tenemos que sufrir los recortes de presupuesto para servicios públicos como la educación, sanidad,... y la pérdida de nuestras condiciones laborales con el argumento de que no hay dinero y que todos tenemos que arrimar el hombro para afrontar la crisis económica. La crisis no debemos pagarla los trabajadores, sino sus responsables, los capitalistas.
