¡Huelga general de 24 horas ya!

Frente a la ofensiva del gobierno, banqueros y empresarios: movilización masiva y continuada de la clase obrera
Frente a la crisis del capitalismo: defender la transformación socialista de la sociedad

El plan de ajuste presentado por Zapatero y aprobado el 27 de mayo en el congreso de los diputados abre una nueva fase en la situación política del Estado español. Los capitalistas han decidido que ya es el momento de apretar el acelerador en los ataques a la clase obrera y el gobierno del PSOE se dispone a ponerlo en práctica. La clase dominante ha concluido que entre preservar durante más tiempo una precaria paz social a cambio de retrasar más las llamadas "medidas estructurales" o ponerlas ya en marcha, aún a costa de enfrentarse a un escenario de mayor conflictividad social y a una mayor inestabilidad política, es preferible lo segundo y, efectivamente, ha pasado a la ofensiva, marcando el paso de los acontecimientos políticos.

La burguesía necesita cruzar
las ‘líneas rojas'

Obviamente, esta ofensiva no se hace por gusto de emociones fuertes. En el contexto de la mayor crisis económica desde los años 30, la única manera de compensar la caída de sus beneficios empresariales y garantizar para el sector financiero el cobro de las deudas acumuladas por el Estado, en gran medida debido a las políticas de salvamento a la banca, es reducir drásticamente los gastos sociales, los salarios y los derechos conquistados por la clase obrera en todos los terrenos. Por lo tanto, no les bastaba con los despidos en masa, los desahucios y las ingentes cantidades de dinero público comprometidas con la banca y las grandes empresas. Era necesario cruzar las famosas "líneas rojas". Desde el inicio de la crisis, Zapatero había repetido constantemente que no se tomarían medidas de ataque contra los trabajadores, y los dirigentes de CCOO y UGT se basaban en ese supuesto compromiso del gobierno para no convocar una huelga general. Ahora este precario equilibrio ha saltado por los aires.
La burguesía y el gobierno del PSOE han asumido completamente las consecuencias de llevar a la práctica la mayor ofensiva contra la clase obrera de las últimas décadas. En el terreno político-electoral la burguesía utiliza descaradamente su vieja política de "usar y tirar". Mientras aplauden la "iniciativa valiente" del gobierno, preparan ya el terreno para la "alternancia democrática", para cuando el PSOE esté completamente quemado ante su base social y se haya desprestigiado por completo. Que los dirigentes del PSOE participen de forma tan entusiasta de una táctica tan claramente suicida requiere una explicación. ¿Cómo puede ser que Zapatero, que fue aupado por un movimiento prologado y masivo de los trabajadores y de la juventud contra el PP, y que fue advertido con un clamoroso "no nos falles" la noche electoral del 14 de marzo de 2004, haya emprendido ahora el camino de la confrontación abierta con los trabajadores, contra su propia base de apoyo electoral? Como siempre hemos explicado los marxistas, cualquier gobierno o partido que asuma que el sistema capitalista es el único posible -por más que formalmente se proponga dotarlo de un "rostro humano"- acabará aceptando todas sus exigencias, incluso las más reaccionarias y lesivas para los trabajadores. Esta ley política adquiere hoy una importancia decisiva, ya que la gravedad de la crisis capitalista estrecha bruscamente el margen de maniobra de todas aquellas posiciones basadas en la conciliación de intereses entre capitalistas y trabajadores. Este hecho no sólo explica la postura del gobierno PSOE, también determina la política de los dirigentes sindicales.

Crisis del reformismo

Si la utopía engañosa y reaccionaria del "capitalismo con rostro humano" del gobierno, una de las insignias ideológicas del reformismo, acabó en la defensa práctica del capitalismo financiero más salvaje (no hay otro capitalismo posible), otro de sus pilares ideológicos, sostenido como un dogma de fe por los dirigentes sindicales, el del pacto perpetuo con los empresarios como la táctica más realista para defender los intereses de los trabajadores, se ha revelado como un gigantesco fraude. Es el mismo gobierno el que ha roto el acuerdo de congelación salarial de los funcionarios. Respecto a la reforma laboral, aunque el gobierno mantenga a los dirigentes sindicales sentados en la mesa de negociación, las auténticas decisiones se están tomando en coordinación con el FMI, la banca y la patronal. Para la burguesía y para el gobierno la negociación con los sindicatos ha pasado a un segundo plano, salvo que los dirigentes sindicales estuvieran dispuestos a aceptar y justificar públicamente toda la batería de ataques que está en marcha, abriendo de forma más o menos inmediata una situación de crisis interna en sus filas.
Sin embargo, mientras que la burguesía y el gobierno actúan con decisión para llevar adelante sus objetivos estratégicos, los dirigentes sindicales van siempre a la zaga, con una táctica confusa, contradictoria y titubeante. Además del recorte de los gastos sociales, la congelación de las pensiones y la reducción de los salarios de los empleados públicos, medidas que están ya aprobadas, se han puesto en marcha la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la subida del IVA y el copago de los medicamentos, además de nuevos y más profundos recortes en los presupuestos de 2011.
Para derrotar estos planes de ataque, los sindicatos deben mostrarse decididos, transmitir a los trabajadores, y a sus propios enemigos, que están dispuestos a luchar en serio, sin medias tintas. El paso más útil para este fin es la convocatoria de una huelga general de forma inmediata. Sin embargo, a pesar de que los planes de ataque ya se han emprendido y se están preparando otros a la luz del día, en el momento en que se escriben estas líneas (1 de junio), la huelga general todavía no se ha convocado. Es obvio que el tiempo corre a favor del gobierno y de la burguesía.
Sin huelga general, el tiempo corre a favor de los planes del gobierno

Por supuesto la convocatoria de la huelga de empleados públicos del 8 de junio es un paso adelante. Es uno de los sectores más gravemente afectados y por lo tanto su movilización es importante. Sin embargo, este paso no puede ser en absoluto un sustituto de la huelga general y es ingenuo y temerario pensar que este retraso no tiene consecuencias. Mientras la huelga general no esté puesta sobre la mesa el margen para que el gobierno realice maniobras tácticas de despiste es mayor. Es evidente que la intención del gobierno es retrasar la ruptura formal de las negociaciones sobre la reforma laboral y la presentación de su propio plan en este punto para enfriar el ambiente de cara a la huelga del día 8 de junio, con la intención de introducir fisuras y prejuicios entre distintos sectores de la clase obrera. De hecho, dicha convocatoria sólo adquiere pleno sentido si tiene a la vista una continuidad con la convocatoria de una huelga general. ¿Seguirán los dirigentes de CCOO y UGT movilizando sólo a los empleados públicos, en un contexto en que todos los sectores de la clase obrera están bajo ataque y así es percibido por todo el mundo? Los primeros perjudicados por esta táctica serían estos trabajadores. Y si esta no es la intención de los dirigentes sindicales, ¿por qué no convocarla desde ya, para que los empleados públicos vayan a la movilización del 8 de junio con el ánimo de saber que su lucha tendrá continuidad y es parte de un plan más amplio? ¿Por qué supeditar la convocatoria a una negociación sobre la reforma laboral que es una farsa y donde la única manera de que los empresarios y el gobierno acepten un acuerdo sería necesariamente con un brutal retroceso en los derechos laborales para los trabajadores? O, acaso los dirigentes sindicales barajan, seriamente, llegar a un acuerdo de reforma laboral. Si fuese así, los dirigentes de CCOO y UGT estarían despejando el camino no sólo para un nuevo retroceso en las condiciones laborales, sino en todos los demás planes de ajuste, además de envalentonar a los empresarios en su política de persecución sindical y terror dentro de cada fábrica, abriendo la puerta al desmantelamiento de la negociación colectiva y, por supuesto, del derecho de huelga.

La importancia de la alternativa

Dada la situación, parece que los dirigentes han asumido que tarde o temprano tendrán que convocar una huelga general. Hemos argumentado la importancia de que esta huelga se hubiese convocado ya, pero tan importante como la convocatoria es sobre qué ejes reivindicativos y programáticos se va a organizar, considerando además la huelga general como el inicio de un plan de movilizaciones masivas, contundentes y que tengan continuidad en el tiempo. La huelga general es una acción fundamentalmente política. Su convocatoria conectará sin duda con la voluntad de millones de trabajadores y jóvenes de expresar su rabia, su rechazo, a estos planes injustos. Por fin, la clase trabajadora podrá reivindicar su papel y su fuerza en la sociedad, frente a la continua presión de los capitalistas. En sí misma, la convocatoria de la huelga general juega un papel positivo, porque desentumece los músculos de la clase obrera, y facilita la vinculación de los problemas concretos de cada trabajador, de cada empresa, de cada sector, con la necesidad de encontrar una alternativa general para todos ellos. La convocatoria de la huelga general hará más claro, ante millones de trabajadores, jóvenes y otros sectores sociales que están siendo víctimas de la voracidad del sistema capitalista, que en el fondo aquí se está librando una batalla entre ricos y pobres.
Por todas estas razones, desde el primer momento, la burguesía lanzará una brutal ofensiva política contra la huelga tratando de desmoralizar y dividir a los trabajadores, minimizando el alcance de su acción y presentándola como un sinsentido. Entrará en la batalla ideológica y política y tratará de explotar a su favor los siguientes interrogantes, que también planean en el ambiente y que adquirirán cada vez más importancia en la medida que el enfrentamiento se desarrolle: además de rechazar las medidas de ajuste, ¿qué alternativa hay? Indudablemente, la respuesta a esta pregunta tiene una importancia de primer orden. Si se acepta, que el capitalismo es el único sistema posible, también hay que asumir que el motor del capitalismo es la obtención de beneficios y que por lo tanto las medidas de ataque están justificadas, al menos en alguna medida. Bajo esta óptica, la huelga general sólo tendría el objetivo de "amortiguar" el ataque en vez de derrotarlo, tratar de "repartir" más equitativamente los sacrificios, en vez de evitar que la clase obrera pague, de nuevo, las consecuencias de una crisis de la que no tiene ninguna responsabilidad; la huelga sería la "culminación" de la lucha, no el inicio de un movimiento de lucha ascendente; sería una manera de soltar presión, de "administrar el descontento social" como algunos dirigentes públicamente han asumido, no una manera de elevar el nivel de conciencia de las masas trabajadoras hacia una objetivo superior, vinculando las reivindicaciones más elementales a la necesidad de acabar con las causas de fondo de los problemas, que es el sistema capitalista.
Efectivamente, no se puede defender seriamente los derechos más elementales de la clase trabajadora sin un sindicalismo combativo, y no puede haber un sindicalismo combativo consecuente sin una perspectiva política de transformación socialista de la sociedad, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción, la democracia obrera y la supresión de las fronteras nacionales. La disyuntiva es capitalismo o socialismo, nunca esta cuestión ha adquirido tanta importancia práctica para la clase obrera como ahora.

No hay caminos intermedios

En un contexto de crisis tan aguda, cualquier reivindicación elemental, defendida consecuentemente, choca con la lógica del sistema capitalista y con los intereses fundamentales de la burguesía. Efectivamente, en un momento de caída brutal de la recaudación del Estado, es incompatible mantener, a la vez, el pago de intereses a la banca (el único capítulo de los presupuestos que no se recorta en 2011, si no que crece), con el mantenimiento de las conquistas en educación, sanidad, pensiones y demás servicios sociales e infraestructuras, cuanto menos mejorarlas. Es imposible crear puestos de trabajo mientras las palancas de la economía estén en manos de una oligarquía financiera cuya actividad fundamental consiste en especular o poner sus fortunas en paraísos fiscales. Es imposible un salario digno sin afectar a los sacrosantos beneficios empresariales. La situación ha llegado a un punto crítico, donde es fundamental e irrenunciable para los capitalistas (sus beneficios, sus privilegios sociales) es incompatible con lo que es fundamental e irrenunciable para los trabajadores (tener un trabajo, una educación, una sanidad y una pensión digna). Las reivindicaciones y la lucha tienen que ser consecuentes con esta realidad.
La crisis capitalista está poniendo de manifiesto que es necesaria una táctica y una estrategia que sirva para agrupar, fortalecer el movimiento obrero, dotándole de una perspectiva y un programa de lucha claro, basado en una alternativa de clase frente a la crisis del capitalismo. Pero este cambio está ligado a la necesidad de transformar profundamente las organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera. La práctica ha demostrado que ni el reformismo socialdemócrata en el terreno político, ni la política del "mal menor" en el terreno sindical, sirven para defender los intereses de la mayoría de la sociedad. La convocatoria de una huelga general no eliminará el problema que este planteamiento, dominante en la dirección de los sindicatos, implica para los trabajadores, simplemente lo colocará en un plano superior. La crisis capitalista, que no es coyuntural sino que condicionará todo el próximo periodo histórico, está poniendo en evidencia que la única política realista y consecuente con la defensa de los intereses de la mayoría es el marxismo. De ahí que en esta nueva etapa de la lucha de clases, la necesidad de construir y fortalecer una corriente marxista revolucionaria en los sindicatos y organizaciones políticas de la clase obrera se ha convertido en una cuestión decisiva.
Sí hay una alternativa al capitalismo: una economía planificada en función de los intereses de la mayoría de la sociedad, en la que las palancas fundamentales de creación de riqueza (el sistema de crédito, las grandes industrias, la producción de energía, la comunicación y los transportes) estén nacionalizados, bajo control de los trabajadores. No hay ningún obstáculo para que todos podamos trabajar y hacerlo en condiciones de dignidad salvo los intereses particulares y mezquinos de una ínfima minoría de la sociedad. Ya es hora de dejarlo claro, ya es hora de levantar la bandera de un genuino programa socialista.

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