Francisco Camps pide para su Gobierno autonómico valenciano "una medalla
mundial, interplanetaria", mientras Carlos Iturgaiz, eurodiputado del
PP, acusa a las "hienas bolcheviques" de estar detrás del acoso a Camps.
El PP, especialmente el valenciano, y los implicados directamente en el
caso Gürtel, responden sobreactuando al avance del proceso por este
caso.
Francisco Camps pide para su Gobierno autonómico valenciano "una medalla mundial, interplanetaria", mientras Carlos Iturgaiz, eurodiputado del PP, acusa a las "hienas bolcheviques" de estar detrás del acoso a Camps. El PP, especialmente el valenciano, y los implicados directamente en el caso Gürtel, responden sobreactuando al avance del proceso por este caso.
El Tribunal Supremo decidió el 12 de mayo volver a imputar a Camps por delito de cohecho pasivo (es decir, por aceptar regalos en función de su cargo) y devolver al juez José Flors la instrucción, cerrada por el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) por considerar que no había indicios de delito. El Tribunal Supremo no tenía otra opción, ya que la justificación del TSJCV era jurídicamente ridícula: considerar que no había causalidad entre la recepción de los regalos de Gürtel por Camps (los famosos trajes) y la concesión de contratos a empresas de la trama. Uno de los peregrinos argumentos para negar esa causalidad es que no es Camps quien firma los contratos... Es evidente que el intento de exculpar al molt poc honorable es una decisión política tomada por las instancias judiciales más próximas a la Generalitat del PP. No hay que olvidar que Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, es calificado por Camps como "más que amigo".
Aunque lo van a tener difícil. El 26 de mayo, el juez que instruye el caso Gürtel se ha inhibido, a favor del TSJCV, con respecto a las partes del caso que afectan a aforados valencianos. Esto implica que existen indicios de delito de Camps y tres figuras más de la plana mayor del PP y la Generalitat valencianas. Los delitos de los que se les acusa son: financiación ilegal (del PP), cohecho propio (recibir regalos a cambio de algo), falsedad documental, asociación para delinquir, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude fiscal. Ni más ni menos.
La comparecencia de estos cuatro cargos frente a un jurado y su posible condena, pondría más al descubierto la estrecha relación que hay entre ese partido y los emprendedores empresariales (o, en otro término, pillos) que se arriman al poder para sacar ganancias de forma legal o ilegal. Personajes que, todo hay que decirlo, no son marginales dentro del empresariado, sino que con su preponderancia caracterizan a la clase burguesa del Estado español como una de las más parásitas y corruptas de todo el continente. Las consecuencias electorales de tal juicio serían difíciles de prever, podría desanimar el voto en sectores de la derecha y movilizar el de izquierda, por eso el Partido Popular utilizará todos sus medios y todas las triquiñuelas legales para evitar llegar a juicio, al menos hasta después de las autonómicas valencianas. Veremos todo tipo de maniobras en la oscuridad...
La punta del iceberg
El regalo de doce mil euros en trajes a Camps es la punta de iceberg de un sistema corrupto ampliamente extendido. Las empresas Gürtel facturaron legalmente 8,5 millones a diez conselleries, y 1,8 al PP valenciano. Además, la trama de Correa hinchaba los gastos de actos del PP. A veces eran constructoras valencianas muy conocidas las que pagaban a Orange Market por servicios realmente prestados al partido, lo que implica una financiación ilegal de éste; esas empresas fueron recompensadas con 937 millones en contratos de obras públicas, en cinco años.
Pero Correa y sus muchachos no son los únicos. La corrupción carcome toda la estructura de poder autonómico del PP. Otro de los casos más sonoros es el de Carlos Fabra, el capo del PP de Castellón. Los peritos le hallan nueve supuestos delitos fiscales; él y su esposa dejaron de ingresar 1,7 millones de euros en cinco años. A este barón, denunciado por múltiples corruptelas, y con ganancias no justificadas de 3,6 millones, ¡le salen las declaraciones a Hacienda negativas, esos cinco años! Desde luego, es un tipo con suerte...: le ha tocado ocho veces la lotería...
Rabia en la población valenciana
La corrupción, la prepotencia y autoadulación hiperbólica (en un contexto de paro masivo, pinchazo del sector inmobiliario, EREs, y enormes dificultades de llegar a fin de mes), el acoso a los vecinos de El Cabanyal en Valencia, la precarización de los servicios públicos (especialmente educación y sanidad)... se combinan para fomentar una rabia extendida en amplios sectores de la población contra el PP. Sin embargo, esa rabia no es suficiente para desalojar al PP del Palau de Manises (sede de la Generalitat). La incapacidad del reformismo es evidente. El día anterior a la reimputación de Camps, el secretario general del PSPV-PSOE, en una reunión con los líderes empresariales y sindicales, presentaba un Programa para el Saneamiento y la Reforma de la Economía Valenciana. Entre otras cosas, defendía el adelgazamiento o supresión de empresas públicas, el recorte del 15% en el gasto corriente, y fomentar la hostelería y el turismo. Por supuesto, ofrecía al PP un pacto en este sentido, lavando así la cara a un Camps con la correa al cuello. Es claro que esas medidas poco pueden entusiasmar a los miles de manifestantes por una enseñanza pública con suficientes medios o a los miles de afectados por el deterioro de la sanidad pública...
Son difíciles de prever todas las consecuencias del escándalo Gürtel. Una de ellas parece ser el resurgimiento de la crisis del PP en Alicante, donde el barón regional José Joaquín Ripoll, del antiguo sector zaplanista, intenta distanciarse de Camps y que no le arrastre en su caída. En todo caso, e independientemente de resultados electorales, lo más importante es la tendencia hacia la polarización social y política en la sociedad valenciana. Unos inevitablemente hacia la derecha, expresándose en su partido tradicional; otros, poniendo cada vez más en cuestión las instituciones, el funcionamiento, de esta sociedad de clases, y expresándose de forma más confusa, compleja y tortuosa, ante la falta de alternativa clara.
El Tribunal Supremo decidió el 12 de mayo volver a imputar a Camps por delito de cohecho pasivo (es decir, por aceptar regalos en función de su cargo) y devolver al juez José Flors la instrucción, cerrada por el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) por considerar que no había indicios de delito. El Tribunal Supremo no tenía otra opción, ya que la justificación del TSJCV era jurídicamente ridícula: considerar que no había causalidad entre la recepción de los regalos de Gürtel por Camps (los famosos trajes) y la concesión de contratos a empresas de la trama. Uno de los peregrinos argumentos para negar esa causalidad es que no es Camps quien firma los contratos... Es evidente que el intento de exculpar al molt poc honorable es una decisión política tomada por las instancias judiciales más próximas a la Generalitat del PP. No hay que olvidar que Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, es calificado por Camps como "más que amigo".
Aunque lo van a tener difícil. El 26 de mayo, el juez que instruye el caso Gürtel se ha inhibido, a favor del TSJCV, con respecto a las partes del caso que afectan a aforados valencianos. Esto implica que existen indicios de delito de Camps y tres figuras más de la plana mayor del PP y la Generalitat valencianas. Los delitos de los que se les acusa son: financiación ilegal (del PP), cohecho propio (recibir regalos a cambio de algo), falsedad documental, asociación para delinquir, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude fiscal. Ni más ni menos.
La comparecencia de estos cuatro cargos frente a un jurado y su posible condena, pondría más al descubierto la estrecha relación que hay entre ese partido y los emprendedores empresariales (o, en otro término, pillos) que se arriman al poder para sacar ganancias de forma legal o ilegal. Personajes que, todo hay que decirlo, no son marginales dentro del empresariado, sino que con su preponderancia caracterizan a la clase burguesa del Estado español como una de las más parásitas y corruptas de todo el continente. Las consecuencias electorales de tal juicio serían difíciles de prever, podría desanimar el voto en sectores de la derecha y movilizar el de izquierda, por eso el Partido Popular utilizará todos sus medios y todas las triquiñuelas legales para evitar llegar a juicio, al menos hasta después de las autonómicas valencianas. Veremos todo tipo de maniobras en la oscuridad...
La punta del iceberg
El regalo de doce mil euros en trajes a Camps es la punta de iceberg de un sistema corrupto ampliamente extendido. Las empresas Gürtel facturaron legalmente 8,5 millones a diez conselleries, y 1,8 al PP valenciano. Además, la trama de Correa hinchaba los gastos de actos del PP. A veces eran constructoras valencianas muy conocidas las que pagaban a Orange Market por servicios realmente prestados al partido, lo que implica una financiación ilegal de éste; esas empresas fueron recompensadas con 937 millones en contratos de obras públicas, en cinco años.
Pero Correa y sus muchachos no son los únicos. La corrupción carcome toda la estructura de poder autonómico del PP. Otro de los casos más sonoros es el de Carlos Fabra, el capo del PP de Castellón. Los peritos le hallan nueve supuestos delitos fiscales; él y su esposa dejaron de ingresar 1,7 millones de euros en cinco años. A este barón, denunciado por múltiples corruptelas, y con ganancias no justificadas de 3,6 millones, ¡le salen las declaraciones a Hacienda negativas, esos cinco años! Desde luego, es un tipo con suerte...: le ha tocado ocho veces la lotería...
Rabia en la población valenciana
La corrupción, la prepotencia y autoadulación hiperbólica (en un contexto de paro masivo, pinchazo del sector inmobiliario, EREs, y enormes dificultades de llegar a fin de mes), el acoso a los vecinos de El Cabanyal en Valencia, la precarización de los servicios públicos (especialmente educación y sanidad)... se combinan para fomentar una rabia extendida en amplios sectores de la población contra el PP. Sin embargo, esa rabia no es suficiente para desalojar al PP del Palau de Manises (sede de la Generalitat). La incapacidad del reformismo es evidente. El día anterior a la reimputación de Camps, el secretario general del PSPV-PSOE, en una reunión con los líderes empresariales y sindicales, presentaba un Programa para el Saneamiento y la Reforma de la Economía Valenciana. Entre otras cosas, defendía el adelgazamiento o supresión de empresas públicas, el recorte del 15% en el gasto corriente, y fomentar la hostelería y el turismo. Por supuesto, ofrecía al PP un pacto en este sentido, lavando así la cara a un Camps con la correa al cuello. Es claro que esas medidas poco pueden entusiasmar a los miles de manifestantes por una enseñanza pública con suficientes medios o a los miles de afectados por el deterioro de la sanidad pública...
Son difíciles de prever todas las consecuencias del escándalo Gürtel. Una de ellas parece ser el resurgimiento de la crisis del PP en Alicante, donde el barón regional José Joaquín Ripoll, del antiguo sector zaplanista, intenta distanciarse de Camps y que no le arrastre en su caída. En todo caso, e independientemente de resultados electorales, lo más importante es la tendencia hacia la polarización social y política en la sociedad valenciana. Unos inevitablemente hacia la derecha, expresándose en su partido tradicional; otros, poniendo cada vez más en cuestión las instituciones, el funcionamiento, de esta sociedad de clases, y expresándose de forma más confusa, compleja y tortuosa, ante la falta de alternativa clara.
