La campaña de criminalización contra el Sindicat d'Estudiants iniciada
por el director del IES Consell de Cent, Damián Montes, y el Departament
d'Educació de la Generalitat, ha recibido un nuevo apoyo judicial con
la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.
La campaña de criminalización contra el Sindicat d'Estudiants iniciada por el director del IES Consell de Cent, Damián Montes, y el Departament d'Educació de la Generalitat, ha recibido un nuevo apoyo judicial con la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.
En marzo de 2009, tras sucesivos intentos para conseguir realizar una asamblea de estudiantes en el instituto público barcelonés, el director del mismo interpuso una denuncia contra dos compañeros del Sindicat (uno de ellos el secretario general en Catalunya) con la falsa acusación de agresión. La sentencia condenatoria del juzgado culminaba un proceso judicial repleto de irregularidades.
El día del juicio el director trae dos testigos que mienten descaradamente sobre los hechos, uno de los cuales era un completo desconocido para los acusados. Además de la acusación de agresión cometida por el compañero Iban, añadían una nueva agresión cometida por el compañero Aniol, algo de lo que nos enteramos en el mismo juicio. Todo esto contradecía la versión policial, aunque no se pudo poner de manifiesto dado que el juez impidió declarar al agente de los Mossos d'Esquadra. Y para añadir dramatismo al asunto, el director alude una baja por depresión causada por el trauma producido por la supuesta agresión.
Los compañeros del Sindicat explicaron la falsedad de estos hechos, señalaron las contradicciones en su versión y la razón de fondo de este montaje: reprimir el derecho a asamblea y huelga en el instituto y criminalizar al Sindicat d'Estudiants, vinculándolo con la cuestión de la violencia en las aulas.
A pesar de eso, un montaje coordinado entre el director, sus dos testigos y el abogado de la Generalitat, pesó mucho más para el juez que la verdad, poniendo multas de 300 euros para cada uno y una orden de alejamiento de seis meses.
Atropello a los derechos democráticos
Ante esta escandalosa sentencia, el Sindicat d'Estudiants decidió apelar a una instancia superior. El recurso presentado a la Audiencia Provincial solicitaba la nulidad o la revocación de la sentencia para dictar absolución y se fundamentaba tanto en las contradicciones de sus testigos y la versión policial, en la indefensión que implica enterarse de las acusaciones en el mismo juicio, y en varios errores claros de forma. Pero, otra vez, todo esto ha dado igual, confirmando la Audiencia la sentencia condenatoria del juez, sin ni siquiera llamar a declarar al agente de los mossos tal y como reclamamos.
Esta sentencia supone un atropello a los derechos democráticos que sin duda tratarán de utilizar el Departament y los directores reaccionarios de los institutos públicos, como han hecho durante este curso, difundiendo calumnias contra nuestra organización de forma soterrada entre los equipos directivos de los centros e intentando a echarnos del Consell Escolar Municipal con el apoyo de su secretaria, a pesar de no estar en vigor la sentencia.
Nuestra intención era seguir recurriendo, pero en la Audiencia se agota el recurso. No tenemos más remedio que acatar por imperativo legal la sentencia, pero no por eso dejaremos de denunciar que esta sentencia, basada en una falsa acusación sancionada por testigos que mintieron de forma flagrante en el juicio, supone un grave ataque a los derechos democráticos.
El próximo curso estará cargado de luchas y movilizaciones contra los ataques del gobierno central y la Generalitat, comenzando por la huelga general del 29 de septiembre, en la que participará activamente el Sindicat d'Estudiants. Ante estos acontecimientos, aquellos reaccionarios que apoyen estas medidas de deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y degradación y privatización de los servicios públicos, no dudarán en apoyarse en este tipo de sentencias para reprimir nuestros derechos democráticos y tratar de frenar, limitar o criminalizar la respuesta.
Por nuestra parte, queremos agradecer la solidaridad recibida, con las casi 400 resoluciones de apoyo de estudiantes, trabajadores, secciones sindicales y comités de empresa, y especialmente de profesores y maestros catalanes con los que los estudiantes hemos compartido dos años de lucha contra la LEC, y con los que nos esperan muchas más batallas unidos. Este tipo de atropellos, lejos de amedrentarnos, nos reafirman en nuestra firme voluntad de luchar en defensa de la educación pública y los derechos democráticos.
En marzo de 2009, tras sucesivos intentos para conseguir realizar una asamblea de estudiantes en el instituto público barcelonés, el director del mismo interpuso una denuncia contra dos compañeros del Sindicat (uno de ellos el secretario general en Catalunya) con la falsa acusación de agresión. La sentencia condenatoria del juzgado culminaba un proceso judicial repleto de irregularidades.
El día del juicio el director trae dos testigos que mienten descaradamente sobre los hechos, uno de los cuales era un completo desconocido para los acusados. Además de la acusación de agresión cometida por el compañero Iban, añadían una nueva agresión cometida por el compañero Aniol, algo de lo que nos enteramos en el mismo juicio. Todo esto contradecía la versión policial, aunque no se pudo poner de manifiesto dado que el juez impidió declarar al agente de los Mossos d'Esquadra. Y para añadir dramatismo al asunto, el director alude una baja por depresión causada por el trauma producido por la supuesta agresión.
Los compañeros del Sindicat explicaron la falsedad de estos hechos, señalaron las contradicciones en su versión y la razón de fondo de este montaje: reprimir el derecho a asamblea y huelga en el instituto y criminalizar al Sindicat d'Estudiants, vinculándolo con la cuestión de la violencia en las aulas.
A pesar de eso, un montaje coordinado entre el director, sus dos testigos y el abogado de la Generalitat, pesó mucho más para el juez que la verdad, poniendo multas de 300 euros para cada uno y una orden de alejamiento de seis meses.
Atropello a los derechos democráticos
Ante esta escandalosa sentencia, el Sindicat d'Estudiants decidió apelar a una instancia superior. El recurso presentado a la Audiencia Provincial solicitaba la nulidad o la revocación de la sentencia para dictar absolución y se fundamentaba tanto en las contradicciones de sus testigos y la versión policial, en la indefensión que implica enterarse de las acusaciones en el mismo juicio, y en varios errores claros de forma. Pero, otra vez, todo esto ha dado igual, confirmando la Audiencia la sentencia condenatoria del juez, sin ni siquiera llamar a declarar al agente de los mossos tal y como reclamamos.
Esta sentencia supone un atropello a los derechos democráticos que sin duda tratarán de utilizar el Departament y los directores reaccionarios de los institutos públicos, como han hecho durante este curso, difundiendo calumnias contra nuestra organización de forma soterrada entre los equipos directivos de los centros e intentando a echarnos del Consell Escolar Municipal con el apoyo de su secretaria, a pesar de no estar en vigor la sentencia.
Nuestra intención era seguir recurriendo, pero en la Audiencia se agota el recurso. No tenemos más remedio que acatar por imperativo legal la sentencia, pero no por eso dejaremos de denunciar que esta sentencia, basada en una falsa acusación sancionada por testigos que mintieron de forma flagrante en el juicio, supone un grave ataque a los derechos democráticos.
El próximo curso estará cargado de luchas y movilizaciones contra los ataques del gobierno central y la Generalitat, comenzando por la huelga general del 29 de septiembre, en la que participará activamente el Sindicat d'Estudiants. Ante estos acontecimientos, aquellos reaccionarios que apoyen estas medidas de deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y degradación y privatización de los servicios públicos, no dudarán en apoyarse en este tipo de sentencias para reprimir nuestros derechos democráticos y tratar de frenar, limitar o criminalizar la respuesta.
Por nuestra parte, queremos agradecer la solidaridad recibida, con las casi 400 resoluciones de apoyo de estudiantes, trabajadores, secciones sindicales y comités de empresa, y especialmente de profesores y maestros catalanes con los que los estudiantes hemos compartido dos años de lucha contra la LEC, y con los que nos esperan muchas más batallas unidos. Este tipo de atropellos, lejos de amedrentarnos, nos reafirman en nuestra firme voluntad de luchar en defensa de la educación pública y los derechos democráticos.
