Es necesario continuar la lucha contra la privatización

El 75% de la plantilla de Correos, unos 45.000 trabajadores, secundaron la jornada de huelga del 10 de junio convocada por CCOO, CSIF, Sindicato Libre, CGT, ESK e Intersindical Canaria (el 75% de la representación sindical), por la viabilidad de Correos y contra el apagón postal. La huelga ha sido un éxito, con un seguimiento masivo en las grandes capitales y localidades donde se aglutina el 80% de la plantilla (Murcia 95%, Zaragoza 80%, Toledo 85%, Valladolid 85%, Lugo y Pontevedra 85%, Madrid 75%, Vizcaya 70%, Navarra 70%, etc.). Algunos grandes centros de trabajo han llegado a alcanzar el 90% de seguimiento o se han cerrado por completo. Las manifestaciones y concentraciones celebradas fueron importantes, especialmente las de Madrid con más de 5.000 trabajadores y Barcelona con 1.500. Este elevado seguimiento en una empresa en red como es Correos, con una gran dispersión de la plantilla y con más de 10.000 centros de trabajo, demuestra la predisposición a la lucha de una gran parte de la plantilla.

Hay que denunciar el maquillaje de cifras por parte de la empresa (24% de seguimiento) y la presión hacia los colectivos más débiles como los eventuales (15% de la plantilla) y los mandos intermedios (más de 7.000) a los que se les impide ejercer el derecho a la huelga y se les da instrucciones para actuar de piquetes antihuelga; así como la utilización de contratas externas como herramienta antihuelga para mover el correo por carretera por todo el país.
Esta contundente respuesta de los trabajadores deja patente nuestro rechazo a los recortes económicos, de plantilla y al anteproyecto de Ley Postal que pretende una reconversión encubierta de mil trabajadores a corto plazo y 18.000 a medio plazo. El rechazo, también, al recorte en inversiones del 50%, al bloqueo del convenio para laborales y del acuerdo para funcionarios desde hace un año y medio, a la reducción de plantilla de 7.000 puestos en los últimos años y a la tentativa de privatización.

Nueva Ley Postal

El nuevo anteproyecto de Ley Postal de Pepiño Blanco que viene a sustituir a la Ley Postal de 1998 y que está a punto de ser debatida en el parlamento, es un hijo modélico de la liberalizadora y reaccionaria III Directiva Postal Europea, a la que incluso en algunos aspectos llega a superar en su ideología liberal. Es un ataque en toda regla al servicio público postal y a sus trabajadores, y un regocijo para la empresa privada a la que se le abren nuevas parcelas de mercado para explotar.
La nueva ley reduce la extensión del Servicio Postal Universal (SPU)* eliminando productos exclusivos de Correos y sus condiciones, abriendo la puerta a su fragmentación para que los operadores privados presten el SPU sólo en algunos productos (los más rentables) o por zonas geográficas (desgaje futuro de Correos).
El SPU ya no se financiará a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, sino con un sistema de copago con un 2% de recargo sobre el franqueo, así los ciudadanos pagarán dos veces: vía IRPF y vía "impuesto indirecto" en franqueo.
Se ceden las infraestructuras de Correos a los operadores privados y se facilita la entrada masiva de operadores al SPU a bajo precio sin que la mayoría de ellos contribuyan a su financiación. Correos será el operador que pague casi en exclusiva el fondo de financiación del SPU.
Se renuncia a establecer una regulación de las condiciones laborales de ámbito sectorial (Correos y operadores privados) para evitar el dumping laboral y se pone marco a una reducción masiva de plantilla para abaratar costes.
Eso sí, se designa a Correos como el único prestador del SPU durante quince años (periodo revisable a los cinco años). Pero en estas condiciones más que algo positivo parece una condena. Ya nos podemos imaginar a Correos gestionando las parcelas de mercado más deficitarias mientras los operadores privados se llevan la tajada.
En definitiva lo que se pretende con esta nueva ley es beneficiar a la empresa privada al más puro estilo neoliberal y desmantelar el servicio público postal siguiendo a rajatabla las órdenes de la burguesía europea. Al final Correos se convertirá en una empresa tremendamente deficitaria, con lo que se allanará el terreno para venderla a precio de saldo.

Basarse en la movilización de los trabajadores

La huelga del 10 de junio debe ser el inicio de la lucha contra la nueva Ley Postal. Nuestros sindicatos no pueden limitarse a negociar los plazos y las formas de la liberalización del sector y de la privatización de la empresa para intentar hacerlos menos nocivos. Exigir la moratoria de la Directiva Europea no es la solución; exigir más financiación para el SPU tampoco. Negociar estos procesos es negociar la destrucción de empleo y precarización. La solución pasa por la movilización decidida de los trabajadores para atacar frontalmente estos planes de la burguesía. Los dirigentes sindicales deben de coordinarse a nivel europeo para frenar las reaccionarias directivas neoliberales de la UE. El ataque que está sufriendo el sector postal no es un ataque aislado. La sanidad y la educación también están en peligro; hay que coordinar nuestra lucha con la de estos sectores en defensa de unos servicios públicos de calidad. El potencial de decenas de miles de trabajadores públicos en la calle es gigantesco, pero para ello es necesario que los sindicatos organicen asambleas en todos los centros de trabajo de Correos donde se decida un amplio calendario de movilizaciones y vincularlo al resto de servicios públicos. Tenemos que conseguir que la lucha de Correos se convierta en un símbolo de la defensa de lo público para todos los trabajadores del Estado español.

¡No a la Ley Postal!
¡No a la III Directiva Postal Europea!
¡No a la privatización de Correos!
¡Por un correo público y de calidad!

* Servicio Postal Universal: conjunto de servicios postales básicos mínimos de calidad, disponibles a todos los habitantes de un territorio nacional en todo momento, en cualquier lugar y a un valor asequible.