El Gobierno del PP (y Francisco Camps en particular) está en uno de sus momentos más difíciles, y eso a pesar de la falta de oposición sindical y política. El entramado de corruptelas establecido y perfeccionado durante lustros por la derecha ha llegado a tal punto de descaro que cualquier investigación superficial lo deja a la luz pública. Los casos afectan a todas las instituciones gobernadas por el Partido Popular, de norte (Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y cacique provincial, está enjuiciado por delito fiscal, cohecho y tráfico de influencias) a sur (el caso Brugal afecta a la Diputación de Alicante y al Ayuntamiento de Orihuela, al menos; también está el caso Aguas de Calpe), sin olvidar por supuesto la trama reina, Gürtel, con enormes ramificaciones. La corrupción también contamina los sanos sentimientos deportivos, hasta el punto de adulterar la competición con la compra de partidos para garantizar el ascenso del Hércules de Alicante a Primera. Los políticos del PP, empresarios en su mayor parte, aplican a la Administración Pública los mismos criterios que a sus empresas privadas: estrujarlas en beneficio privado suyo, o de sus compadres, socios y cómplices.
El Gobierno del PP (y Francisco Camps en particular) está en uno de sus momentos más difíciles, y eso a pesar de la falta de oposición sindical y política. El entramado de corruptelas establecido y perfeccionado durante lustros por la derecha ha llegado a tal punto de descaro que cualquier investigación superficial lo deja a la luz pública. Los casos afectan a todas las instituciones gobernadas por el Partido Popular, de norte (Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y cacique provincial, está enjuiciado por delito fiscal, cohecho y tráfico de influencias) a sur (el caso Brugal afecta a la Diputación de Alicante y al Ayuntamiento de Orihuela, al menos; también está el caso Aguas de Calpe), sin olvidar por supuesto la trama reina, Gürtel, con enormes ramificaciones. La corrupción también contamina los sanos sentimientos deportivos, hasta el punto de adulterar la competición con la compra de partidos para garantizar el ascenso del Hércules de Alicante a Primera. Los políticos del PP, empresarios en su mayor parte, aplican a la Administración Pública los mismos criterios que a sus empresas privadas: estrujarlas en beneficio privado suyo, o de sus compadres, socios y cómplices.
Esta corrupción, en un contexto de recortes, cierre masivo de empresas y paro, tiene un coste. El muy poco honorable (Camps) es obligado a pasar largas temporadas fuera del País Valenciano, o a presentarse de improviso en actos públicos, viajando en furgonetas, con tal de esquivar posibles concentraciones en contra y periodistas. Según el CIS, el 58% de los valencianos no considera a Camps honrado (era el 29% hace cinco años), y el 56% considera a la Generalitat ineficaz (frente al 38% de entonces). La sociedad valenciana se divide en dos mitades a la hora de valorar el Govern: le aprueban el 40,1%, le desaprueban el 40%; es el menor apoyo al Consell, en encuestas, desde hace lustros. El problema es que sólo se ha empezado a investigar Gürtel, Brugal y demás casos; cada semana hay sorpresas...
Recortes y recortes
Por otro lado, el desaforado endeudamiento de la Generalitat (y del Ayuntamiento de Valencia), confiando en la eternidad de la burbuja inmobiliaria que tantos ingresos le generó, se ha convertido en su contrario. 15.300 millones de euros, de deuda, penden sobre la cabeza de los valencianos. En un solo trimestre aumentó un 7%. Iberdrola está amenazando, con paros eléctricos en paradas, con la interrupción del servicio a toda la red de Ferrocarriles de la Generalidad, por falta de cobro. Y cada consejería se enfrenta cada mes y semana con la necesidad de recortar de aquí y de allí (casi siempre, claro está, de los gastos sociales). Esta situación crea una conflictividad permanente. Los bomberos se quejan de falta de medios y reclaman al Consell los 21 millones que debe al Consorcio Provincial de Valencia. Mediapro ha retirado el permiso para que Canal 9 transmita partidos de fútbol de los cuatro equipos valencianos en Primera, exigiendo así el cobro de supuestas deudas. Los ayuntamientos, ahogados, exigen deudas (reales o ficticias) a la Generalitat, incluyendo el de Valencia. Y así todo.
La federación de sociedades musicales (que engloba a unos 300.000 afiliados y a la mitad de las existentes en todo el Estado, dada la enorme tradición que hay en el País) amenaza con movilizarse ante el brutal recorte a las subvenciones a bandas de música (35% menos), clases (55%) y conservatorios; este recorte supondría el despido de 3.000 profesores y del 25% de los centros de enseñanza. La Generalitat pretende que cambie la filosofía de estas sociedades, que no son lucrativas, y que cobren por sus conciertos y busquen financiación en empresas privadas. El 18 de octubre habrá una gran manifestación.
Por otra parte, el súbito anuncio, en junio, del recorte de conciertos a las residencias de dependientes, ha impactado en miles de familias. La patronal respondió al anuncio exigiendo el pago íntegro a 1.850 familias, que, ante la imposibilidad de pagar y de contar con las escasas y saturadas residencias públicas, se veían en la desesperación de atender en su propia casa y sin medios a sus familiares. La desaparición de esas plazas también conllevaba la destrucción de 900 empleos (sin contar los de familiares, normalmente mujeres, que deben dejar de trabajar para atender a los dependientes). La rápida reacción de los afectados ha obligado a la Generalitat a recular de momento.
Ataques a la enseñanza pública y al idioma
Pero uno de los principales paganos es la educación pública. El tijeretazo este curso es impresionante. Alrededor de 60 millones menos de euros. Esto se traduce en: entre 1.200 y 1.500 docentes sin plaza; eliminación de los desdobles en la FP; menos grupos y más masificación en las aulas de Secundaria y Escuelas de Idiomas; generalización de las aulas joroba (es decir, de la impartición de clases en instalaciones como laboratorios, bibliotecas, comedores, incluso pasillos y patios; sólo en Valencia se han autorizado 600 plazas escolares en estas aulas)... La reducción de profesores tendrá un alto precio en el fracaso escolar (actualmente del 37%; el cuarto más grave de todas las Comunidades Autónomas), ya que habrá menos maestros de apoyo en Primaria y menos profesores de diversificación en Secundaria. Eso sí, la Consejería ha tenido una de sus grandes ideas: las becas fantasma; este curso las ayudas para pagar la matrícula universitaria, y la compensación a la Universidad por exención de matrículas, serán condicionadas, según la orden publicada, "a la existencia en el presupuesto de la Generalitat del año 2011 de crédito adecuado y suficiente".
En especial, la enseñanza en valenciano está puesta en la picota. La derecha regionalista y blavera demuestra su desprecio por el idioma con la excusa de los recortes. El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, garantiza que en diez institutos este curso se imparta chino mandarín, y a la vez declara que "tener líneas de todo en todas partes es insostenible desde el punto de vista económico (...), no se puede sostener una doble línea en valenciano y castellano en todas partes". ¿En qué se concreta esto? En que, en muchas localidades, para este curso, el que ha estudiado en el programa PEV (mayoritariamente en valenciano), si quiere continuar en el instituto, debe pasarse al programa PIP (donde todas las asignaturas son en castellano menos Lengua y Literatura Valencianas y otra). Es decir, se niega el conocimiento real del catalán, la inmersión lingüística, incluso a los que ya habían iniciado ese programa. Para estos burgueses, el valenciano o catalán no es más que un incordio, que exige grandes inversiones, y que no repercute en sus beneficios.
El camino para defenderlo es la lucha, vinculándola siempre al resto de nuestros derechos como jóvenes y trabajadores: el derecho a una educación y sanidad públicas y dignas; el derecho a buenos servicios públicos.
Frente a esta situación de corrupción y recortes, la oposición sigue sin levantar cabeza. Si la oposición a la gestión del PP es amplia, no lo es menos la crítica al resto de partidos. En la citada encuesta del CIS, el 44% considera mala o muy mala la labor de oposición, y el 39% regular. El papel de freno de las direcciones sindicales y políticas de la izquierda hace más difícil la expresión del malestar, pero no la elimina, de una u otra forma se dará. No se puede descartar que la autosuficiencia del PP le haga cometer errores y provocar un movimiento masivo de oposición en la calle.
Esta corrupción, en un contexto de recortes, cierre masivo de empresas y paro, tiene un coste. El muy poco honorable (Camps) es obligado a pasar largas temporadas fuera del País Valenciano, o a presentarse de improviso en actos públicos, viajando en furgonetas, con tal de esquivar posibles concentraciones en contra y periodistas. Según el CIS, el 58% de los valencianos no considera a Camps honrado (era el 29% hace cinco años), y el 56% considera a la Generalitat ineficaz (frente al 38% de entonces). La sociedad valenciana se divide en dos mitades a la hora de valorar el Govern: le aprueban el 40,1%, le desaprueban el 40%; es el menor apoyo al Consell, en encuestas, desde hace lustros. El problema es que sólo se ha empezado a investigar Gürtel, Brugal y demás casos; cada semana hay sorpresas...
Recortes y recortes
Por otro lado, el desaforado endeudamiento de la Generalitat (y del Ayuntamiento de Valencia), confiando en la eternidad de la burbuja inmobiliaria que tantos ingresos le generó, se ha convertido en su contrario. 15.300 millones de euros, de deuda, penden sobre la cabeza de los valencianos. En un solo trimestre aumentó un 7%. Iberdrola está amenazando, con paros eléctricos en paradas, con la interrupción del servicio a toda la red de Ferrocarriles de la Generalidad, por falta de cobro. Y cada consejería se enfrenta cada mes y semana con la necesidad de recortar de aquí y de allí (casi siempre, claro está, de los gastos sociales). Esta situación crea una conflictividad permanente. Los bomberos se quejan de falta de medios y reclaman al Consell los 21 millones que debe al Consorcio Provincial de Valencia. Mediapro ha retirado el permiso para que Canal 9 transmita partidos de fútbol de los cuatro equipos valencianos en Primera, exigiendo así el cobro de supuestas deudas. Los ayuntamientos, ahogados, exigen deudas (reales o ficticias) a la Generalitat, incluyendo el de Valencia. Y así todo.
La federación de sociedades musicales (que engloba a unos 300.000 afiliados y a la mitad de las existentes en todo el Estado, dada la enorme tradición que hay en el País) amenaza con movilizarse ante el brutal recorte a las subvenciones a bandas de música (35% menos), clases (55%) y conservatorios; este recorte supondría el despido de 3.000 profesores y del 25% de los centros de enseñanza. La Generalitat pretende que cambie la filosofía de estas sociedades, que no son lucrativas, y que cobren por sus conciertos y busquen financiación en empresas privadas. El 18 de octubre habrá una gran manifestación.
Por otra parte, el súbito anuncio, en junio, del recorte de conciertos a las residencias de dependientes, ha impactado en miles de familias. La patronal respondió al anuncio exigiendo el pago íntegro a 1.850 familias, que, ante la imposibilidad de pagar y de contar con las escasas y saturadas residencias públicas, se veían en la desesperación de atender en su propia casa y sin medios a sus familiares. La desaparición de esas plazas también conllevaba la destrucción de 900 empleos (sin contar los de familiares, normalmente mujeres, que deben dejar de trabajar para atender a los dependientes). La rápida reacción de los afectados ha obligado a la Generalitat a recular de momento.
Ataques a la enseñanza pública y al idioma
Pero uno de los principales paganos es la educación pública. El tijeretazo este curso es impresionante. Alrededor de 60 millones menos de euros. Esto se traduce en: entre 1.200 y 1.500 docentes sin plaza; eliminación de los desdobles en la FP; menos grupos y más masificación en las aulas de Secundaria y Escuelas de Idiomas; generalización de las aulas joroba (es decir, de la impartición de clases en instalaciones como laboratorios, bibliotecas, comedores, incluso pasillos y patios; sólo en Valencia se han autorizado 600 plazas escolares en estas aulas)... La reducción de profesores tendrá un alto precio en el fracaso escolar (actualmente del 37%; el cuarto más grave de todas las Comunidades Autónomas), ya que habrá menos maestros de apoyo en Primaria y menos profesores de diversificación en Secundaria. Eso sí, la Consejería ha tenido una de sus grandes ideas: las becas fantasma; este curso las ayudas para pagar la matrícula universitaria, y la compensación a la Universidad por exención de matrículas, serán condicionadas, según la orden publicada, "a la existencia en el presupuesto de la Generalitat del año 2011 de crédito adecuado y suficiente".
En especial, la enseñanza en valenciano está puesta en la picota. La derecha regionalista y blavera demuestra su desprecio por el idioma con la excusa de los recortes. El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, garantiza que en diez institutos este curso se imparta chino mandarín, y a la vez declara que "tener líneas de todo en todas partes es insostenible desde el punto de vista económico (...), no se puede sostener una doble línea en valenciano y castellano en todas partes". ¿En qué se concreta esto? En que, en muchas localidades, para este curso, el que ha estudiado en el programa PEV (mayoritariamente en valenciano), si quiere continuar en el instituto, debe pasarse al programa PIP (donde todas las asignaturas son en castellano menos Lengua y Literatura Valencianas y otra). Es decir, se niega el conocimiento real del catalán, la inmersión lingüística, incluso a los que ya habían iniciado ese programa. Para estos burgueses, el valenciano o catalán no es más que un incordio, que exige grandes inversiones, y que no repercute en sus beneficios.
El camino para defenderlo es la lucha, vinculándola siempre al resto de nuestros derechos como jóvenes y trabajadores: el derecho a una educación y sanidad públicas y dignas; el derecho a buenos servicios públicos.
Frente a esta situación de corrupción y recortes, la oposición sigue sin levantar cabeza. Si la oposición a la gestión del PP es amplia, no lo es menos la crítica al resto de partidos. En la citada encuesta del CIS, el 44% considera mala o muy mala la labor de oposición, y el 39% regular. El papel de freno de las direcciones sindicales y políticas de la izquierda hace más difícil la expresión del malestar, pero no la elimina, de una u otra forma se dará. No se puede descartar que la autosuficiencia del PP le haga cometer errores y provocar un movimiento masivo de oposición en la calle.
