Cruz Roja - Cuenca y la Delegación de Bienestar Social han decidido cerrar el Hogar Residencial de Adolescentes en protección, que los primeros gestionan en convenio con la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, ya que consideran que no es económicamente rentable su mantenimiento tras los desperfectos causados en el mismo con motivo del temporal sucedido el pasado 13 de agosto. Como consecuencia, el trabajo educativo llevado a cabo con los niños se ha visto bruscamente interrumpido (rompiendo los vínculos afectivos entre menores, entre ellos y el equipo educativo y la intervención psico-socio-educativa que de ello se deriva). Los niños han sido reubicados sin criterio y los trabajadores se han quedado en la calle. El origen de esta situación radica en los criterios meramente económicos que rigen el sector desde la privatización de los servicios sociales. Las consecuencias de esta privatización se traducen en precariedad laboral y un claro maltrato institucional hacia los niños supuestamente protegidos.
En primer lugar, los bajos salarios y contratos basura motivan una alta rotación del personal educativo, lo que imposibilita que se establezcan figuras de referencia adecuadas y estables en la vida del niño, las cuales son necesarias para el adecuado desarrollo psicosocial del mismo. Por otro lado, el interés superior del menor se ve relegado a un segundo plano, en favor de los intereses económicos de las diversas instituciones que se lucran con estos convenios con el beneplácito de la Junta. De esta manera, los destinatarios del servicio son transformados en una pieza más del engranaje del negocio de la "solidaridad", que fagocita grandes cantidades de dinero público que no repercute, como debiera, en el bienestar de estos niños.

Primacía de los criterios económicos sobre los humanos

Por citar algunos ejemplos del caso concreto de Cruz Roja en Cuenca, la casa donde estos niños residían no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad que exige la propia Administración (se ha estado trabajando durante más de seis años sin licencia de apertura; los dormitorios de los chicos eran de dimensiones minúsculas, no disponiendo de un espacio individual adecuado para el estudio; el extintor estaba caducado hacía años; la desratización y desinsectación no estaban en regla, etc.). Además, el ratio educador/menor se vio modificado el pasado año, reduciéndose de dos a un solo educador por turno, imposibilitando una verdadera intervención individualizada y viéndose convertido el educador en un mero vigilante.
De igual forma, las necesidades administrativas priman sobre las necesidades reales del menor, produciéndose traslados de centro, acogimientos y retornos a la familia biológica que no responden a la situación vital del menor, sino a coyunturas puntuales en relación al deficitario número de plazas disponibles en los centros de menores de la región. El tiempo ha demostrado que muchas de esas decisiones han sido precipitadas, produciendo en los menores un perjuicio mayor que el remedio que se pretendía lograr. Esto ocurre también por la saturación de casos que soporta cada técnico de menores de la Junta, debido a la escasez de personal que padecen.
La ineficacia del sistema de protección de menores ha llevado a que la simple inundación de una vivienda suponga la vulneración del objetivo fundamental que se pretende conseguir con un menor tutelado (lograr una estabilidad afectivo-emocional a través de recursos humanos y materiales).
Ante esta situación, desde el Colectivo de Educadores de Casas de Acogida, exigimos que la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha asuma directamente la atención de los menores en situación de riesgo o exclusión social y desamparo, integrando los recursos ya existentes en una red pública más amplia sin empresas intermediarias. Mientras esta situación se revierte, en el caso concreto del Hogar Residencial de Adolescentes gestionado por Cruz Roja en Cuenca, reivindicamos que el recurso siga en funcionamiento ya que cubre unas necesidades sociales no solventadas de otra manera. Así, si Cruz Roja no continúa con la gestión del recurso, pedimos que se subrogue a la nueva entidad la plantilla actual en su totalidad (que ha demostrado a lo largo del tiempo su vocación y profesionalidad) y que el pliego de condiciones se base en la calidad del servicio y no en aspectos económicos.

En defensa de los puestos de trabajo.
No al maltrato institucional.
Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.