¡No al pacto social!

UGT y CCOO deben abandonar las negociaciones y convocar una huelga general en todo el estado

Por la unidad del movimiento obrero

Los hechos de las últimas semanas han dejado claro que el gobierno ha cedido a la presión del gran capital, "pese a quien pese" y aun a costa de inmolarse. En sus reuniones con los máximos representantes de la banca y las grandes empresas, Zapatero se ha comprometido a aplicar tajantemente todos los ajustes que exigen los capitalistas. Y mientras el PSOE le hace el trabajo sucio a la derecha, el PP hace demagogia y espera a que el gobierno caiga en sus manos como fruta madura, para continuar con la demolición de las conquistas históricas de la clase obrera.

Recortes generalizados

Tras aprobar la contrarreforma laboral más lesiva desde el fin de la dictadura franquista, el gobierno ha continuado adoptando medidas a favor de las grandes empresas y los bancos, y contra los trabajadores: eliminación de la ayuda de 426 € a los parados, más privatizaciones, congelación del gasto social, aumentos ridículos de las pensiones y el salario mínimo, disminución de los impuestos a las empresas y aumento del IVA al 18%, subidón del 10% de la electricidad... Y todo esto con 4'6 millones de parados.

La situación es cada día más insoportable para centenares de miles de familias obreras. Los desahucios y las colas en los comedores asistenciales crecen sin parar. La crisis que los capitalistas han generado la estamos pagando los más débiles. En 2010, la inflación fue del 3% y el incremento salarial medio en los convenios negociados fue del 1'3%, pero los beneficios empresariales crecieron un 14% en el primer semestre y el sueldo medio anual de los miembros de los consejos de administración de las empresas del Ibex-35 fue de 700.000 € y el de los altos ejecutivos superó los dos millones. Y por si no tuviesen ya bastante, se les sigue dando más. Zapatero acaba de anunciar que va a acelerar la entrega de las cajas de ahorro a los bancos.

Retraso de la edad de jubilación a los 67 años

El gobierno, siguiendo los dictados del FMI, la Unión Europea y los grandes capitalistas, está decidido a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años y a aumentar el período de cómputo para calcular la pensión (de los 15 años actuales a un mínimo de 20) y los años requeridos para cobrar el 100% de la misma (de 35 a 37), lo que, de aprobarse, significaría un recorte del 20-25% de las pensiones futuras. Todas las justificaciones para esta reforma son mentira. El motivo real es empujarnos a los trabajadores a suscribir fondos de pensiones privados, para que así los bancos se lleven una parte todavía mayor de nuestros salarios, como si no nos robasen ya bastante con las hipotecas, las comisiones, etc.

Este ataque sin precedentes se completa con la intención de profundizar la reforma laboral y acabar con la negociación colectiva. La patronal demanda que desaparezca la prórroga automática de los convenios cuando acaba su vigencia. A corto plazo, quieren potenciar los convenios de empresa frente a los de ámbito superior; a largo plazo, acabar con la negociación colectiva e imponer la negociación individual entre trabajador y empresario. Todo el mundo puede comprender la gravedad de esto.

No al pacto social, sí a la lucha de clases

El gobierno ha llevado a las direcciones de CCOO y UGT a la mesa de negociación para implicarlas en los recortes. A pesar de que en diciembre Toxo anunció que si el gobierno mantenía la jubilación a los 67 años habría una huelga general en enero, ahora ha retrocedido y ha propuesto un gran pacto social. Cándido Méndez y Toxo están cometiendo un gravísimo error al negarse a dar continuidad a la huelga general del 29-S. Aquí no hay ninguna negociación. Es un trágala puro y duro, como demuestra que el gobierno haya puesto fecha a sus contrarreformas, que Zapatero siga insistiendo en los 67 años o que diga que "la ausencia de reformas es peor que la falta de consenso", que es lo mismo que decir que habrá recortes sí o sí.

Mientras el gobierno ha ido a más, endureciendo los ataques, los dirigentes de CCOO y UGT han ido a menos. Después del 29-S, desaparecieron de la escena varias semanas; luego convocaron las manifestaciones de diciembre, con la actitud rutinaria que ya es habitual, y anunciaron una iniciativa legislativa popular, con la que pretenden, ilusamente, que el mismo parlamento que aprobó la reforma laboral, ahora la rechace; finalmente esto culmina con la propuesta de un gran pacto social con el gobierno, los empresarios y los partidos, ¡incluido el PP!, enterrando la expectativa de una nueva huelga general. El giro ha sido completo.

Si hay acuerdo, sólo puede significar una cosa: retrocesos para los trabajadores (acompañados, por supuesto, de alguna migaja para intentar que los traguemos). En este contexto de brutal ofensiva de la burguesía en todos los países, está totalmente descartado que ese acuerdo sea positivo para la clase obrera. ¿Por qué iban los empresarios a hacer concesiones si el gobierno, en caso de no haber consenso, está dispuesto a tomar todas las medidas que le piden? Zapatero está siendo muy claro al respecto.

Si firmasen un pacto de Estado, los dirigentes sindicales no sólo abandonarían una oposición a los ataques que, desde que empezó la crisis (otoño 2007) y excluyendo el 29-S, no pasó de tibia, sino que pasarían a avalarlos. Ya no se trata de una táctica de lucha incorrecta, sino de un espaldarazo al plan de ataque contra la clase obrera.

Pero incluso si finalmente no hubiese pacto (porque no pueden asumir lo que la burguesía pide) y tienen que llamar a la movilización, estas negociaciones habrán sido muy negativas por la desmoralización sembrada entre los trabajadores, que en el corto plazo dificultará cualquier respuesta posterior. Las negociaciones son un error gravísimo que debe ser corregido con urgencia porque debilita al movimiento obrero y aumenta el desprestigio de los sindicatos.

Hoy más que nunca es verdad el dicho de: "Si luchamos, podemos perder; pero si no luchamos, estamos perdidos". Tenemos que crear un clima de movilización masiva y contundente en defensa de nuestros derechos, un clima como el que vivimos con el Prestige o la guerra de Irak. La única forma de parar los ataques es con una auténtica rebelión obrera.

27 de enero: Todos a la huelga

En esta situación, los sindicatos vascos y la CIG han convocado huelga general para el próximo 27 de enero en sus respectivas comunidades. Lo ideal sería que esta huelga fuese estatal, pero en estos momentos eso no es lo fundamental. Una huelga general de ámbito autonómico también puede ser útil, de igual forma que el hecho de que una huelga general europea sería más útil que las de ámbito estatal no significa que éstas no sirvan para nada. El 29-S sirvió y el 27-X va a servir para lo que ahora mismo es lo fundamental: que los trabajadores demostremos que no nos resignamos, que no aceptamos más retrocesos, que queremos hacer frente a la embestida patronal, que estamos dispuestos a luchar. La estrategia pactista de las direcciones de CCOO y UGT justifica las huelgas en Galicia y Euskadi, que pueden servir, si se convocan en condiciones, para presionar para que abandonen esa estrategia suicida.

La situación que afrontamos los trabajadores es muy grave, y esto exige dejar de lado cualquier sectarismo. Todos los sindicatos deben colocar los intereses generales del movimiento obrero por encima de cualquier otra consideración, incluidos sus propios intereses como organización, e impulsar al máximo la unidad de acción sindical. Ni CCOO y UGT debieron excluir a la CIG a la hora de convocar la huelga general del 29-S (cosa que no había pasado en anteriores huelgas generales), ni la CIG debió convocar ese día manifestaciones separadas. Un error no justifica otro. La división sólo favorece a la burguesía, ningún sindicato se beneficiará de ella.

El 27 de enero también debe servir para trabajar a favor de la unidad de acción sindical. La dirección de la CIG tiene la responsabilidad de poner toda la carne en el asador para garantizar el éxito de la huelga. Para ello es imprescindible la distribución masiva de propaganda en todas las fábricas, barrios obreros y centros de estudio, realizar asambleas informativas e impulsar la celebración de asambleas generales en los centros de trabajo, para que sean los trabajadores los que colectivamente se pronuncien sobre la huelga. El peor error que podría cometer la CIG es dirigirse de forma sectaria a las bases de CCOO y UGT. Miles de afiliados a estos sindicatos simpatizan claramente con la idea de que es necesario luchar de forma decidida para frenar esta brutal agresión a nuestros derechos, y estarán en la huelga. Por su parte, las bases de CCOO y UGT deben exigir a sus dirigentes que abandonen inmediatamente la mesa de negociación y convoquen una huelga general estatal en enero, que lógicamente, existiendo ya una convocatoria y en aras de la unidad del movimiento obrero, debe ser el día 27.

Extender la lucha, defender una alternativa socialista

Los trabajadores somos más y somos más fuertes, pero sin organización y sin un programa correcto sólo somos carne de explotación. Necesitamos organizarnos y tener un programa alternativo a las políticas capitalistas. El papel de las organizaciones obreras, tanto sindicales como políticas, es más vital en los momentos de crisis, por eso la burguesía ataca a los sindicatos con saña cuando presentan batalla. Sólo les valen cuando se desnaturalizan y sirven para desmovilizar a los trabajadores. Necesitamos un sindicalismo combativo, de clase y democrático. Necesitamos recuperar unos sindicatos que sean instrumentos de lucha contra el capitalismo y para avanzar hacia el socialismo. Los trabajadores de toda Europa estamos sufriendo los mismos ataques y debemos unir fuerzas para defendernos. Hay que continuar la lucha con una huelga general de 48 horas en el Estado español, pero también debe convocarse una huelga general en toda Europa contra las medidas capitalistas y a favor de un programa reivindicativo auténticamente socialista que sirva para solucionar los problemas que afrontamos y transformar la sociedad.

Jubilación a los 60 años con el 100% del salario con contratos de relevo, manteniendo la estabilidad en el empleo.

Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. Contra el desempleo, reparto del trabajo

Salario mínimo de 1.100 euros al mes.

Defensa de la empresa y los servicios públicos. No a las privatizaciones. 7% del PIB para educación.

Un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al SMI hasta encontrar trabajo.

Derogación de la ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes.

Ninguna restricción en nuestros derechos de expresión, reunión y huelga.

Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Por una federación socialista de nacionalidades ibéricas.

Nacionalización de la banca y los monopolios sin indemnización bajo control obrero. De esta forma se podría planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.

¡Participa en los piquetes y las manifestaciones!

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