El 14 de junio cinco jóvenes militantes del PCPE en Asturias fueron detenidos en una especie de redada por la brigada de información de la policía nacional. Se les acusa de haber lanzado cócteles molotov contra los cajeros de dos sucursales bancarias durante las luchas de los trabajadores de la Duro Felguera en enero. Los compañeros niegan completamente esta acusación (sustentada en supuestos y sin ninguna prueba) que, además, es contraria al modo de actuar de la organización en la que militan. De hecho, en esos días apoyaron pacíficamente las marchas de protesta de los trabajadores de Duro Felguera.
Posteriormente la policía nacional les acusó de un delito de terrorismo y decidió poner a disposición de la Audiencia Nacional a tres de ellos. Inmediatamente se produjeron concentraciones de apoyo en Oviedo y en Gijón, exigiendo su liberación, así como en numerosos puntos del Estado español movidos por la solidaridad ante esta injusticia. La Audiencia Nacional decidió rechazar la imputación de terrorismo y considerar la acción de la policía como desmedida, dándole curso al Juzgado de Instrucción nº1 de Langreo.
Sabemos que esto no es ninguna casualidad. El contexto en el que se producen estos hechos es el del proceso de movilizaciones más importante de los últimos años, cuando a los trabajadores se nos impone pagar una crisis que no hemos provocado. Por eso se intenta criminalizar a aquellos luchadores, militantes u organizaciones de izquierdas que nos enfrentamos día a día a los recortes y la degradación de nuestras condiciones de vida. La experiencia reciente en Asturias resulta clarificadora a este respecto. La detención y encarcelamiento de los compañeros de la CSI Cándido y Morala hace unos años apuntaba ya en esta dirección, la de la represión y los castigos ejemplares para los sectores más combativos de la sociedad, utilizando para ello toda la legislación que se ha venido desarrollando con la excusa de la lucha contra el terrorismo.
De la misma manera que respondimos estos ataques con la movilización desde la Plataforma contra la Represión y por las Libertades se convocó una concentración el 1 de julio, en la plaza del Parchís de Gijón, denunciando este atropello contra los derechos democráticos básicos y haciendo un llamamiento a todas las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda, al conjunto de los trabajadores y de la juventud a seguir movilizándonos en defensa de estos compañeros.
¡Basta de reprimir a los que luchan!
¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
