De vuelta de las vacaciones en Castilla-La Mancha se ha hecho realidad lo que tras el triunfo del PP en las elecciones autonómicas, y tras el acceso a la presidencia de la Junta de María Dolores de Cospedal, se sospechaba: el anuncio de un duro plan de ajuste presupuestario para 2012 en esta comunidad autónoma, que va a afectar de manera sustancial a apartados como el empleo, la sanidad y la educación públicas.

De hecho, los recortes empezaron en agosto cuando se conoció que más de 30.000 viudas no habían percibido la paga semestral del complemento anual de 400 euros a su pensión, implantada por el anterior gobierno del José María Barreda. El nuevo gobierno regional del PP explicó que estas mujeres no habían percibido el dinero que les correspondía porque tras la revalorización de las pensiones mínimas del gobierno central quedaban fuera de los límites que daban derecho a la prestación. El ahorro por este concepto supera los diez millones de euros. Las prestaciones derivadas de la aplicación de la ley de Dependencia llevan sin pagarse tres meses, según ha denunciado el PSOE. Asimismo, este verano se dejó de costear a los farmacéuticos las recetas cuyo coste financia la sanidad pública.

La cruda realidad

El  recorte del gasto público anunciado es del 20% (1.815 millones de euros). Cospedal pretende retrotraer el presupuesto a los niveles del año 2005, unos 7.000 millones de euros. Las principales partidas del recorte son las siguientes: 391 millones en gastos de personal, lo que va a representar 8.000 puestos de trabajo menos entre los trabajadores de las empresas públicas y los interinos; limitación del gasto con la congelación de la oferta de empleo público en todos los sectores para 2012 y la prohibición de contratar personal funcionario interino, con lo que se espera no gastar otros 111 millones; aumento de dos horas lectivas para los docentes (de 18 a 20 en Secundaria y de 23 a 25 en Infantil y Primaria) y se dejarán de pagar dos meses de vacaciones a los interinos que trabajen más de 5,5 meses. En total, en el ámbito educativo se espera congelar el gasto en más de 139 millones, mediante medidas como la supresión de centros de formación docente y la congelación de plantilla.
Con la denominada racionalización del gasto de las infraestructuras sanitarias habrá una reducción del gasto de 400 millones. No se aumentarán las partidas para la reparación de edificios públicos, el gasto en telefonía y la compra de nuevos vehículos. Con la supresión de 501 liberados sindicales y las subvenciones a los sindicatos se espera ahorrar otros 137 millones de euros. Se suprimirán temporalmente los programas de Termalismo y Turismo Social, con un ahorro de 8 millones euros. El presupuesto de la RTVCM se comprimirá en un 20% y con al reducción de subvenciones a las empresas públicas y privadas del sector agrícola el recorte del gasto es de 9,4 millones.
¿Cuáles van a ser las consecuencias de este plan en Castilla-La Mancha donde el sector público juega un papel fundamental en la economía? Sin duda, incidirá negativamente en la calidad de vida de la mayoría de los castellano-manchegos, especialmente enfermos, jubilados, niños, personas en situación de dependencia..., y en el desempleo.

La demagogia de la derecha

Cospedal ha dicho que su plan tiene por objetivo crear trabajo, pero lo cierto es que con medidas como la “supresión del 40% de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y eventual”, según dice textualmente el documento del Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, y con la congelación, arriba mencionada, de la oferta de empleo público en 2012, es difícil creer que el paro vaya a reducirse. El PSOE estima que serán despedidos 4.500 docentes y 4.000 médicos, enfermeras y auxiliares, a los que habría que sumar otros 3.000 trabajadores de los centros de ancianos y minusválidos. La incidencia en el empleo de la supresión de la obra pública nueva está valorada con una pérdida de 10.000 puestos de trabajo. Todo esto en una comunidad donde el desempleo alcanzó la cifra de 208.239 parados en agosto.
Esta reducción del gasto es, a día de hoy, la mayor con diferencia de cuantos se han anunciado en el conjunto de las autonomías. El recorte es el doble que el de la Comunidad Valenciana que es del 10% (1.550 millones), y el de Catalunya de otro 10% (2.680 millones). Ambas comunidades gobernadas también por la derecha.
Rajoy, en víspera de unas elecciones generales con pronóstico claro de victoria del PP, ha manifestado claramente su beneplácito a esta política de ajuste con expresiones del tipo “es lo que hay que hacer” y “cuenta con el apoyo de todos en el PP”. Castilla-La Mancha se ha convertido en el laboratorio desde donde se marca la pauta a seguir en el resto del Estado en todo lo relativo a los recortes sociales durante los próximos años. También hay que señalar que estos brutales recortes han sido felicitados públicamente por la ministra de Economía del  gobierno PSOE, Elena Salgado, como un ejemplo a seguir.
Las medidas del PP en Castilla–La Mancha revelan la cara real del autodenominado demagógicamente por sus dirigentes “partido de los trabajadores”, que no tenía ningún reparo en manifestar en su propaganda electoral que el que quisiera trabajo que votara al PP. Las conquistas históricas de los trabajadores, conseguidas con la lucha y el esfuerzo de generaciones, pretenden ser arrebatadas. Hora es de que desde CCOO y UGT y el conjunto de la izquierda se aborde ya la convocatoria y preparación de una huelga general.


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