Al volver de las vacaciones los 147 trabajadores de Daewoo así como los 93 trabajadores y trabajadoras de Esmaltaciones San Ignacio en Vitoria-Gasteiz se han encontrado con sus respectivas fábricas cerradas, con guardias de seguridad que les impedían la entrada y con el anuncio de la deslocalización de su producción. En el caso de Daewoo se llevaría a Corea y en el caso de Esmaltaciones a Tánger y China.
La planta de Vitoria de la multinacional coreana se instaló en febrero de 1998 con una inversión de unos 66 millones de euros que jamás llegó a completar y recibiendo importantes subvenciones de la administración, ya que prometió crear más de 400 puestos de trabajo que nunca creó (el tope de plantilla sólo llegó de 160 a 190).
Los trabajadores, como ellos mismos reconocen, han pasado años cobrando sueldos miserables, sufriendo el despotismo y oscurantismo en la gestión de la planta, etc., motivos que les llevaron a hacer dos huelgas para dignificar sus condiciones laborales. Con la excusa de la crisis la empresa ha presentado tres EREs en algo más de un año. Los sacrificios de los trabajadores no han evitado que la multinacional aprovechase las vacaciones de este año para, sin avisarlos, vaciar la fábrica de maquinaria e iniciar el proceso de liquidación con el objeto de despedirles.
Esmaltaciones San Ignacio es parte del grupo IEG que en el 2005 contaba con ocho fábricas y que se han ido cerrando año tras año. El verano de 2010 los trabajadores de Gateor se encontraron con la fábrica cerrada y sin las mejores máquinas, siendo avisados del cierre por un burofax y sin poder recoger en semanas sus pertenencias siquiera de dentro de la fábrica.
Esmaltaciones y la dejación
de la Administración
Esmaltaciones lleva en Vitoria desde mediados de los años cincuenta. En los setenta llegó a tener cerca de 1.500 trabajadores, que participaron en primera línea en las históricas luchas del 3 de marzo de 1976. Desde entonces la empresa ha ido progresivamente reduciendo su plantilla. Esmaltaciones, junto a Pemco, suscribió en junio de 2003 un pacto con el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para trasladar sus instalaciones desde Olárizu a Júndiz, liberando así los solares industriales para convertirlos en suelo de uso residencial y permitir la construcción de una promoción municipal de viviendas tasadas. A cambio de desmantelar su sede, Esmaltaciones cobraría en concepto de plusvalías unos 30 millones de euros de todos los vitorianos con el objeto de que su futuro y el de sus trabajadores quedara garantizado. Uno de los anexos del documento prohibía a ambas empresas, de forma expresa, despedir a ningún trabajador.
Cuando la empresa suscribió el convenio con el ayuntamiento el número de empleados en Esmaltaciones alcanzaba los 330. Cinco años después solamente quedaban 155 y, a pesar de las denuncias del comité de empresa, la dirección presentó un plan de viabilidad para despedir a otros 36. Desde entonces ha reducido la plantilla hasta los 94 que quedan en la actualidad.
En todo este tiempo, la dirección de la empresa ha utilizado el método cínico de comparar los salarios de los trabajadores de Esmaltaciones con los de los trabajadores chinos, diciendo que con el costo de 3,61 trabajadores de aquí pagaría a cien trabajadores en China. ¿Por qué no hace la comparativa con los salarios de los trabajadores en las fábricas de menaje de cocina en Alemania, Francia, etc., con salarios mucho más altos y que logran ser competitivos?
Desde estas páginas hemos rechazado todos los EREs presentados por la dirección, incluyendo el último que fue aprobado por el comité, ya que considerábamos que eso suponía aceptar los falsos argumentos de la empresa y, además, porque el plan no garantizaba el futuro de la empresa, como ahora estamos viendo.
Ya hace tiempo que la dirección empezó a sacar de la fábrica maquinaria de varias secciones (aros, aluminio y protecciones) a otras empresas. Los millones que ahorraron aumentando drásticamente la producción con menos empleados y después de años de congelación salarial, los utilizaron para “externalizar” la producción, es decir, dar el trabajo a subcontratas con empleo precario y ETTs, y siempre rechazaron los contratos de relevo para rejuvenecer la plantilla. Años y años de sufrimientos y sacrificios de los trabajadores han sido despreciados por la patronal, que sólo mira por sus beneficios e intereses.
Una lucha que afecta al conjunto de los trabajadores
Daewoo Electronics y Esmaltaciones San Ignacio se suman a otras firmas históricas como Cegasa, Saunier Duval, Kemen, Thayser, BH y otras que han ido cerrando en Álava, donde en julio se contabilizaban 21.425 parados.
Es tarea de todos defender estos puestos de trabajo que, si se destruyen, no se volverán a recuperar. La administración, que les ha dado suculentas ayudas públicas, debería ahora proceder a la nacionalización de ambas plantas colocándolas bajo el control de los trabajadores para mantener la producción de frigoríficos y de menaje de cocina respectivamente, en el caso de que la patronal persista con el cierre. Es inadmisible que se den grandes ayudas a las empresas, se nacionalicen las pérdidas de los bancos, cajas de ahorro y grandes constructoras y, sin embargo, se trate de mostrar como algo normal el echar a la calle a miles de trabadores de empresas capaces de generar riqueza, sin que haya ninguna intervención pública para salvar esos empleos. Las nacionalizaciones son necesarias hoy para defender el tejido productivo de una patronal parasitaria que sólo piensa en sacar más y más beneficios especulando.
La alternativa al cierre pasa por la extensión y la unificación de las luchas. En los años setenta se hubiese procedido ya a la ocupación de ambas fábricas y su defensa por el conjunto de la clase trabajadora para evitar el desalojo patronal. Es necesario recuperar las viejas tradiciones de lucha que nos permitieron lograr importantes conquistas empezando por tumbar la dictadura antes la franquista y ahora la dictadura del gran capital y lograr los derechos democráticos junto a subidas salariales, educación y sanidad públicas y un estado de bienestar que ahora a decretazos están intentando desmantelar. Las direcciones sindicales, junto al 15-M, deberían poner fecha ya a una huelga general democrática y participativa con asambleas en todas las fábricas y barrios obreros.
