El pasado mes de julio se publicaba la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, entre otras cuestiones, introduce nuevos requisitos para poder dedicarse a la venta y recogida de chatarra, lo que ha provocado ya las primeras movilizaciones de los chatarreros en diversas comunidades autónomas.
Con el argumento de atajar la economía sumergida, la ley puede suponer la asfixia económica de miles de familias, en su mayoría de etnia gitana, que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad de subsistencia. Como nos comenta Ángel, portavoz de los chatarreros de Avilés: “Nosotros salimos por la mañana con nuestro vehículo, sin un destino fijo. Tú no sabes lo que vas a traer a casa. Lo mismo hoy vendes 20 euros que mañana vendes 50. Yo creo que en todo el mes nunca he pasado de 500. Con la nueva ley, si tú dejas una lavadora en el contenedor, yo paso, la recojo y si quiere un municipal me denuncia por ¡hurto! Porque yo no estoy autorizado a recoger nada de la vía pública. O si yo llevo 20 kilos de chatarra y me para la Guardia Civil, me pone 4.000 euros de multa”.
El negocio de la basura
El tratamiento de residuos, la gestión de las basuras, plásticos, metales, etc., se está convirtiendo en una actividad atractiva para toda una serie de grandes empresas dedicadas en el periodo anterior a sectores como la construcción. El “negocio de la basura” mueve millones de euros al año, y aquí también, como en todas las esferas de la producción capitalista, la tendencia es a eliminar la competencia, comenzando por los más débiles.
Hasta ahora, para poder vender un material era suficiente con identificarse con el DNI, y el dueño de la chatarrería expedía un albarán por el importe, pero a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, es necesario estar dado de alta en autónomos y tener un permiso especial para transporte de residuos no peligrosos. “(…) Mira, hace poco pasó una cosa con unos compañeros que iban a descargar a un almacén, y la Guardia Civil se escondió para pillarlos. Ellos no llevaban residuos peligrosos, solo material normal, pero aún así el guardia les dijo: ‘os voy a multar, porque me da rabia que ganais más que yo’. Esto era porque les encontraron una factura de 3.000 euros. ¿Pero tú qué sabes cuanto les costó a ellos esa chatarra? ¿y cuánto tiempo tardaron en juntar esos 3.000 euros? porque igual tardaron 4 o 5 meses. Creo que es una injusticia el que nos hagan pagar un autónomo de 280 euros por lo menos, más luego un 20% del material que entregamos para declarar a hacienda. Con esto nosotros ya no cubriríamos. Esta ley está hecha para quitarnos de enmedio, los que salen beneficiados son las empresas grandes”.
La exigencia de darse de alta en autónomos lleva consigo otra consecuencia que agrava aún más la difícil situación de este colectivo, que sería la desaparición de los subsidios que reciben. Como señalaba Ángel: “Si entras en autónomos ¡Ya eres un empresario!¡Si este tío tiene una empresa, qué le vamos a dar! Y con esta nueva ley tampoco podemos recoger cartón, nada. Yo no entiendo que en un momento de crisis tan aguda, no nos den facilidades, cómo no dejan a las familias desenvolverse un poco… porque bueno, aunque precario, es nuestro trabajo. Para otro trabajo no tengo esa capacitación, esa formación… Nos abocan a mendigar, a robar…”.
Mayor exclusión social
Es indudable que la nueva ley está hecha sin contemplar la realidad de que más del 90% de los chatarreros pertenecen al pueblo gitano, un colectivo tradicionalmente marginado y oprimido, que ha sufrido como pocos el rechazo de la sociedad. Según datos del Secretariado Gitano “los niveles de contratación laboral en la población gitana han disminuido un 22% con respecto al año pasado (casi el doble que para el conjunto de la población) y casi un 20% de la población gitana ocupada desempeña actividades cercanas al subempleo. Por lo que la expulsión del mercado laboral de las personas que se dedican a la recogida de chatarra no traería consigo más que un recrudecimiento de las condiciones de vida y de las perspectivas laborales de una parte importante de esta comunidad”.
Por ese motivo, lo que demandan los chatarreros es la retirada de la ley o una modificación que tenga en cuenta esta realidad social. En este sentido, desde el Secretariado Gitano se reclama, junto con acciones de apoyo, y acompañamiento para facilitar la regularización de la actividad, la inclusión de un régimen particular con una base de cotización menor, en función del volumen de actividad. Ángel insiste en esta idea: “Nosotros no nos negamos a pagar, pero que sea algo acorde con la ganancia que tenemos”.
También quieren desvincularse de la imagen de ladrones que, dicen, han tenido tradicionalmente quienes se dedican a la chatarra. Vicente, otro de los portavoces señala: “A nosotros nos perjudicó mucho todo el robo a gran escala, de cobre, de catenarias, pero eso es una mafia organizada, necesita una estructura para operar, para sacar el dinero…No tiene nada que ver con nuestro trabajo, aquí nunca había pasado nada así, a esa escala”.
Ángel señala: “Hacemos un bien social, no estamos contaminando, estamos reciclando”. Y, de hecho, los metales recuperados por los chatarreros superan los índices logrados en las plantas de reciclaje. “Esta ley hará que vuelvan a proliferar los vertederos ilegales, porque ahora hay talleres, ayuntamientos y gente que está esperando que le retiremos esa basura”. Vicente añade: “con la nueva ley, tendrás que llevarlo tú al punto limpio, o vendrá una empresa que lo llevará gratis, o incluso tendrás que pagarle para que se lo lleve… al final la gente irá al descampado y tirará la nevera, como pasaba antes”.
