Entrevista a Lluís Perarnau, presidente de la Junta de PAS funcionario de la Universitat Autònoma de Barcelona (UGT)

El Militante.— De los recortes en sanidad en Catalunya se conocen los efectos: incremento de un 25% de las listas de espera; el tiempo de espera de una prueba diagnóstica como una colonoscopia ha pasado de dos meses a un año; 3.700 puestos de trabajo eliminados en el Institut Català de la Salut (ICS). ¿Qué efectos tiene el recorte de 144 millones en la aportación de la Generalitat a las universidades públicas?
Lluís Perarnau.— Es un recorte de un 16% de media, que se suma a los incumplimientos de compromisos financieros del gobierno anterior. Además, parece que en el 2012 quieren recortar un 5% adicional. Estas medidas son un ataque muy grave a la universidad pública, porque la pone bajo una presión enorme. A algunas las pone al borde de la quiebra. El gobierno de CiU pretende que las universidades reduzcan plantillas, tanto de profesorado como de Personal de Administración y Servicios (PAS). UGT calcula que los recortes se llevarán por delante unas 2.000 plazas de profesor y unos 500 puestos de PAS. Esto está afectando ya a la calidad de la enseñanza, con grupos de 150 y hasta de 170 estudiantes por aula. ¿Dónde queda todo lo de Bolonia? ¿Aquello de la participación más activa del estudiante, los desdoblamientos, los grupos tipo seminario, etc.?
Por otro lado, el gobierno ha aumentado un 7,4% las tasas, 4 puntos por encima del IPC. Y pretende irlas subiendo hasta incrementar drásticamente la aportación que los estudiantes y sus familias hacen a la financiación de la universidad. Con esto se cargan el modelo de universidad pública actual, accesible a una gran mayoría de la sociedad, y cada vez estamos más cerca de las universidades privadas.
En conjunto, las medidas del gobierno de derechas de CiU pretenden borrar la frontera que hay entre la universidad pública y las universidades privadas, promoviendo la privatización de servicios en la pública y favoreciendo la expansión de las privadas.
EM. — ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta sindical a los recortes en la universidad?
LlP. — Hasta ahora la respuesta ha sido limitada. En la UAB y en la UPC, en el curso pasado, se impidió con concentraciones de trabajadores y estudiantes, que los órganos de gobierno se pudieran reunir en un par de ocasiones. En el inicio de este curso, se llevó a cabo una concentración también en el acto de inauguración oficial del curso académico. Pero está claro que esto es totalmente insuficiente si se quiere forzar al gobierno a echar atrás sus planes. Esto mismo es lo que dijo el PAS y el profesorado de la UAB, que se pronunció en la asamblea de finales de septiembre por una huelga de todas las universidades públicas catalanas. Posteriormente, desde la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (PUDUP) se lanzó el llamamiento a hacer la huelga el 17 de noviembre. Pero la actitud de CCOO, UGT y CAU ante el llamamiento ha sido titubeante, incluso contraria en alguna sección sindical.
Ahora se están haciendo asambleas en las cuatro universidades públicas del área de Barcelona y todavía no está claro en qué campus se hará huelga el día 17. Todo esto hubiera sido completamente diferente si desde el principio los sindicatos hubieran ido a las asambleas con una postura decidida y firme de plantar cara a los recortes, explicando al PAS y al profesorado la necesidad de la huelga del 17 de noviembre. En lugar de eso, durante semanas, unos y otros han centrado su discurso en buscar alternativas a los recortes, creando la ilusión que, de algún modo, el PAS y el profesorado contratado, que son los que van a sufrir directamente los recortes, se podían librar del ataque.
Es verdad que en la universidad hay ejemplos claros de derroche, de privilegios en determinados niveles de dirección. Pero el recorte que CiU ha impuesto a las universidades es tan brutal que, aun en el supuesto de que las universidades corrijan una parte de las situaciones de derroche o de privilegios, el tijeretazo alcanza igualmente a puestos de trabajo y derechos laborales. En este sentido, es muy ilustrativo el caso de la UPC. La Gerencia dio a los representantes del PAS un documento en el que, textualmente, se planteaba que si no se quería eliminar totalmente el personal temporal, había que negociar la supresión o recorte de todos los beneficios sociales del PAS, derechos conquistados convenio a convenio a lo largo de más de 20 años. El chantaje es claro: o renuncias a derechos sociales o el personal temporal se va a la calle.
Hasta ahora, las gerencias y los equipos de gobierno se han cuidado de no descubrir demasiado qué es lo que están cocinando para cuadrar los números en los presupuestos. Pero está claro que quien va a pagar los platos rotos del recorte presupuestario van a ser el personal temporal, en forma de despidos, y el conjunto del PAS y del profesorado, con eliminación de derechos. UGT, CCOO y CAU tienen que dejar de alimentar la ilusión de que “otro recorte es posible”, un recorte que no afecte a la plantilla… Tal alternativa no existe, por más que algún rector también nos quiera confundir con esta cuestión. No hay más salida que la movilización, cuanto más masiva y contundente, mejor. Por eso el 17 de noviembre tiene que ser el arranque de un calendario de movilizaciones en ascenso, que confluya con el sector de sanidad y con toda la comunidad educativa. Al gobierno de CiU se le puede forzar a parar sus planes, a condición de organizar una respuesta a la altura del ataque que representan los recortes. Una huelga de todo el sector público en Catalunya tiene que ser el siguiente paso en la lucha.
EM. — ¿Qué plan de lucha necesitamos para hacer frente a los recortes?
LlP. — El 17-N va a ser el punto de arranque de un calendario de movilizaciones todavía por definir. Pero lo que está claro es que hay que confluir con el sector de sanidad, que hace semanas, meses, que están en lucha, y con el de educación, que también se va a incorporar a las movilizaciones. En las asambleas que se están haciendo de PAS y profesorado en las universidades, una de las ideas que más se ha repetido es que no es suficiente con una movilización aislada, sin continuidad. Una huelga de todo el sector público sería un paso muy importante hacia una huelga general de 24 horas en Catalunya contra la política antisocial de CiU, tal y como también está defendiendo el Sindicat d’Estudiants que, por cierto, ha anunciado que va a movilizar a los estudiantes de institutos el día 17 de noviembre para unificar la lucha con la universidad.
Mas, Mas-Colell, Rigau…, los responsables políticos del gobierno CiU aparentan fortaleza, pero hay que demostrarles que la fuerza la tenemos la mayoría de la sociedad, que estamos en contra de que desmantelen la sanidad y la educación públicas.
En lo que se refiere a la universidad, si estamos de acuerdo en que este es el ataque más grave a la universidad pública catalana en 30 años, ¿no habrá que ponerse en marcha de manera inmediata para defender los puestos de trabajo, los derechos sociales, una universidad pública de calidad? Todo el proceso de asambleas, las reuniones, van a servir, y mucho, para organizar esta respuesta conjunta, amplia y masiva, sostenida en el tiempo. No hay margen para la negociación. Cualquier pacto o acuerdo en la actual situación comportará retrocesos en los derechos sociales o en los puestos de trabajo.