Los parados gallegos que llevan más de un año sin poder cobrar prestación de desempleo han descubierto que la Xunta de Galicia les retiraba la atención sanitaria, al bloquearles la tarjeta sanitaria sin previo aviso. Decenas de miles de trabajadores, muchos de ellos enfermos crónicos, han tenido que costearse por su cuenta el pago de los medicamentos mientras esperan 2 o 3 meses a los trámites para que les den una tarjeta para personas sin recursos (PSR). Tampoco tienen derecho a consulta con su médico de cabecera y si tienen que ir a Urgencias, tienen que firmar un compromiso de pago para ser atendidos.  Todo ello debido a la aplicación de la nueva normativa que entró en vigor en septiembre.
Por su parte, la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, negando lo evidente ha dicho que la medida sólo afecta a  los extranjeros. Primero tuvieron la desvergüenza de decir que era falso que se hubieran desactivados las tarjetas, que las denuncias recibidas eran por las elecciones y que Galicia era la única comunidad autónoma que garantiza de oficio la atención sanitaria a desempleados de larga duración y personas sin recursos. Después han prometido que se reactivarían automáticamente las tarjetas sanitarias, cosa que hasta el momento tampoco ha sucedido. Luego han culpado al gobierno central de la situación, por una nueva normativa estatal que no entra en vigor hasta el próximo 1 de enero.
Resulta escandaloso que la Xunta pretenda ahorrar dinero a costa de retirar el derecho fundamental a la atención sanitaria gratuita precisamente a aquellos que más lo necesitan por carecer de recursos económicos. Y aún más indignante es el que pretenda ocultarlo negando la realidad o echando balones fuera.