El pasado 2 de diciembre  la presidenta de CLM anunció el segundo plan de ajuste en la región. Evidentemente todos los medios y los sindicatos se han hecho eco de los recortes que van a sufrir el conjunto de los funcionarios tanto en su nómina, se hará un recorte de 10% en el complemento específico o lo que es lo mismo un 3% del salario, además de que se les aumentará el horario de trabajo a 37,5 horas a la semana y los funcionarios interinos de educación finalizarán su contrato a fecha de 30 de junio. Desde luego el ataque que están sufriendo los funcionarios por este gobierno, aunque siguiendo la tradición del anterior, es salvaje pero desde luego lo realmente salvaje es el desmantelamiento de toda una serie de derechos de los ciudadanos que viven en CLM.

Podemos empezar por enumerar toda una serie de recortes dirigidos al conjunto de la población, como la eliminación de la gratuidad de libros, la eliminación del trasporte gratuito a jóvenes y jubilados o la reducción de 53,5 millones menos para la universidad. Además se reorganizará el transporte escolar, es decir, se eliminarán los cuidadores de secundaria (debemos recordar que la ESO se empieza con 11-12 años) y formación profesional y suponemos que terminará en la misma situación que los libros… perdiendo la gratuidad. También privatizará la gestión hospitalaria, por tanto primará más el criterio económico que el médico, efectivamente esto reducirá gastos que se traducirán en una disminución de la calidad sanitaria y un aumento de beneficios económicos de las empresas que los gestionan. Seguro que el presidente de la patronal manchega, Ángel Nicolás García, le está agradecido ya que hace un año constituyó junto a otras personas una sociedad limitada para, entre otros fines, gestionar y administrar centros sanitarios, la firma se llama  Hospital El Greco SL.

Parece que para contrarrestar tanto recorte al conjunto de los ciudadanos ellos también han decidido hacer un esfuerzo como muestra de que aquí el cinturón nos lo tenemos que apretar todos…. Tanto la Presidenta regional como sus consejeros renunciarán a las pagas extra y a los coches oficiales (bueno renunciar, renunciar, pues no, es que ahora serán de renting), aunque nos gustaría saber si la Señora Cospedal renunciará a la paga extra de un sueldo o de los cuatro que tiene, la verdad es que no concretó este detalle. En cualquier caso le agradecemos semejante esfuerzo.

Pues si todo esto ya es escandaloso, no sabría realmente ponerle un calificativo al atentado moral que supone el desmantelamiento de toda la red de atención a las mujeres maltratadas y prevención de maltrato de género, todos los recursos de atención a migrantes, familias desestructuradas, jóvenes en situación de riesgo, infancia desprotegida, desaparece la figura profesional del animador socio comunitario, presupuesto 0 € para los proyectos de Servicios Sociales Básicos (ahora de atención primaria), presupuesto 0 € para los gastos de mantenimiento de los servicios sociales básicos y en los especializados sólo se mantendrán los convenios con aquellas empresas dispuestas a maltratar tanto a trabajadores (con contratos abusivos, tanto en salario como en funciones) como a los usuarios de estos servicios. Además se dejan de percibir las mensualidades de los cuidadores en el entorno familiar de las personas dependientes, además del incumplimiento de otros muchos puntos de la Ley de Dependencia.

Gran parte de las trabajadoras del Instituto de la Mujer ya han recibido su carta de despido. Con 13 casas de acogida en toda la región con capacidad para 96 mujeres víctimas de maltrato machista, además hay 85 centros de atención a la mujer cuyo cierre va a suponer, además del abandono absoluto de todas estas mujeres y sus hijos por la administración, el despido de unas 400 trabajadoras. Por supuesto alegan “coyuntura económica heredada”, lo que les está dando de sí!!.

Lo más grave es que el PSOE lo había dejado en bandeja de plata y por supuesto el PP ha ejecutado con toda la dureza.  No hay que olvidar que a principios de año estrenamos una nueva ley de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha que es una puerta abierta a la privatización, que no garantizaba ninguno de los servicios que se van a perder ni a ninguna figura profesional salvo a los Trabajadores Sociales (versión administrativa, por supuesto). Es la crónica de una muerte anunciada.

Los trabajadores de la Mancomunidad para el desarrollo de la Manchuela están llevando a cabo una huelga indefinida que  empezó el 12 de diciembre. Los motivos son que llevan 6 meses sin recibir su salario y todo el año sin cobrar los gastos de desplazamiento. Esto ocurre porque la administración de la Junta de Comunidades no ha ingresado el dinero de los convenios que tiene firmados con ayuntamientos y mancomunidades para la financiación de los recursos humanos y materiales de los programas de Servicios Sociales, el desgaste psicológico de los trabajadores está siendo muy importante, la situación ya es insostenible. Así se encuentran compañeros de varias localidades como por ejemplo Molina de Aragón, aunque en este caso no han iniciado ninguna jornada de huelga.

Además debemos remarcar la situación en la que se quedan los trabajadores forestales y de medio ambiente. Situación que además de provocar un enorme daño en la estabilidad y condiciones laborales de estos trabajadores irá acompañada de un aumento evidente del número de incendios en nuestra comunidad, cuya extensión de terreno de monte no cultivado asciende a un 45% del territorio. Estos despidos, que afectarán a más de 2500 trabajadores eliminarán todo el trabajo de prevención de incendios que se lleva acabo en los meses de invierno. La intención es recortar gastos en el dispositivo contra incendios de un 52%, con un ERE de extinción de 600 personas, limitar los dispositivos a 7 u 8 meses al año y voluntariamente, rescisión de contratos, prejubilaciones, aceptación del fijo discontinuo. Además, la empresa pone sobre la mesa la reducción del 30% del personal de Asistencias.

En fin, la situación provocada por el actual gobierno del PP en Castilla La Mancha es desoladora. Esto unido a las declaraciones del Sr. Rosell, presidente de la patronal CEOE, en las que insta a Rajoy a modificar las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa pública para poder despedir a 900.000 funcionarios (que sobran según sus cálculos) y facilitar  la posibilidad de crear mini contratos de 400 € al mes, deja a la clase trabajadora sin opciones.

La única posibilidad para evitar a este gobierno fomentar la privatización de los servicios públicos y degradación de la contratación privada, provocando el despido de miles de trabajadores y la eliminación o reducción de la calidad en todos los servicios públicos,  es la organización y la lucha. Es necesario que las direcciones de los sindicatos de clase den un giro de 180º a su política y organicen un plan de lucha que pase en primer lugar por la convocatoria de una Huelga General en Castilla-La Mancha.

¡POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, NI UN PASO ATRÁS EN DERECHOS SOCIALES!