El comienzo del curso en la Comunidad de Madrid con el brutal ataque a la educación pública no ha sido más que un adelanto de las verdaderas intenciones del Partido Popular para cargar la crisis a hombros de los trabajadores. Tal y como presagiaba el conflicto en la enseñanza, este ataque era sólo el aperitivo  a todos los recortes en los servicios públicos y a las condiciones de los trabajadores que estaban por llegar en el resto de sectores. Apenas ha habido tiempo para que el gobierno de la Comunidad de Madrid con mayoría del PP haya aprobado junto a los Presupuestos de 2012 la llamada Ley de Acompañamiento, conocida popularmente como ley escoba, que significa un ataque de enormes dimensiones a los trabajadores además de preparar la legislación para unas condiciones cada vez más favorables para que las empresas privadas puedan campar a sus anchas.
La ley escoba afecta en muchos y diferentes aspectos a jóvenes y trabajadores, aunque lo más importante es el tremendo ataque a los funcionarios de la Comunidad de Madrid, que tendrán que trabajar dos horas y media más a la semana. Este aumento de la jornada laboral  afectará a 120.000 funcionarios y trabajadores públicos, pero además significa en la práctica el despido de entre 7.000 y 8.000 trabajadores públicos de diferentes servicios públicos, con el consiguiente empeoramiento de la calidad de estos servicios. Parece que los más afectados serán los trabajadores de la sanidad, según las estimaciones de los sindicatos, unos 4.000 trabajadores podrían perder sus puestos de trabajo.
La ley también contempla penalizaciones para las bajas por enfermedad, los trabajadores ahora cobrarán sólo el 60% de su salario a partir del cuarto día de baja. Los dirigentes del PP alegan que estas medidas persiguen luchar contra el absentismo y aumentar la productividad de la Administración, al tiempo que ahorran 25 millones de euros anuales. Lamentablemente, la experiencia nos dice que lo único que persiguen es destruir los servicios públicos y abrir la puerta  a las empresas privadas. Obviamente, este recorte en las condiciones de los funcionarios tendrá repercusión mucho más allá de los empleados públicos, sin duda se trasladará de una forma mucho más dura a los trabajadores de empresas privadas. Por si esto no fuera poco, el PP no respeta los acuerdos en la negociación colectiva a los que llegaron sindicatos y la Comunidad de Madrid, este detalle es muy clarificador del futuro que el PP tiene pensado para el conjunto de la clase obrera.
El PP ha esperado a que pasaran las elecciones generales para presentar otras 25 enmiendas que profundizan más los ataques. Entre las más significativas se encuentra la modificación de la Ley de Suelo, que reduce las cargas urbanísticas a los promotores. Antes los promotores por cada 100 m2 construidos debían ceder otros 100 m2 para uso público, ahora se reduce a la mitad, además de permitir que, por ejemplo los jardines de urbanizaciones privadas, sean considerados como cesiones para uso público. Esta modificación significa que habrá menos espacio para la construcción de colegios, hospitales, bibliotecas, centros municipales o polideportivos públicos.
El Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua de la Comunidad de Madrid, queda abierto a la participación de empresas privadas, lo que representa un primer paso para su privatización. También se dejará de subvencionar el transporte público a los residentes en provincias limítrofes, eso afecta a miles de trabajadores residentes en Guadalajara, Toledo etc., que diariamente acuden a Madrid a trabajar y que verán mermar considerablemente su poder adquisitivo debido a la subida del precio del transporte.
Las enmiendas de Esperanza Aguirre favorecen claramente a la educación privada, mientras que por un lado despide a miles de interinos y aumentar la jornada de personal docente, por otro lado, aumenta las ayudas  para percibir deducciones para los gastos de enseñanza privada. La renta por miembro familiar necesaria para desgravar se triplica, de 10.000 a 30.000 euros anuales, el argumento es que los padres con hijos en centros privados  “pagan dos veces por la educación”.
Ante estos ataques los dirigentes sindicales se han limitado a hacer declaraciones de intenciones y propuestas tibias. Los trabajadores de la enseñanza han demostrado la enorme fuerza y las ganas de luchar que existen, además de haber generado una gran simpatía entre trabajadores de todos los sectores ante lo que era percibido como el principio de los ataques a todos los servicios públicos y a las condiciones de los trabajadores. Estos ataques no son más que una parte de una ofensiva general contra la clase obrera en todo el estado, por esa razón es necesario unificar todos los conflictos y plantear un plan de lucha claro en el que se ponga sobre la mesa la fuerza de todos los trabajadores unidos hasta conseguir frenar todos los ataques.