Es necesario un plan de lucha a la altura de los ataques
El pasado 2 de diciembre, Mª Dolores de Cospedal anunciaba la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Básicos, es decir, la versión 2.0 de los recortes que se anunciaron el mes de septiembre. Estos recortes van un poco más allá y suponen un paso más en el proceso de privatización de los servicios públicos. Dicho plan recorta una media del 3% el salario a los empleados públicos que dependen de la Junta, a la vez que aumenta la jornada laboral en dos horas y media semanales. Esta medida supondrá, en la práctica, el despido masivo de interinos en la administración pública.
Se aplicará un ERE de cinco meses al año a los trabajadores forestales. También se recorta un 52% del presupuesto el dispositivo contra incendios. En Castilla-La Mancha la superficie forestal representa aproximadamente un 45 %, por tanto, el riesgo de incendios en verano, si no se toman las medidas de prevención adecuadas durante todo el año, es muy alto.
En el caso de los Servicios Sociales las medidas anunciadas por el gobierno regional significan el desmantelamiento de toda la red de atención a las mujeres maltratadas y prevención de maltrato de género, todos los recursos de atención a inmigrantes, familias desestructuradas, jóvenes en situación de riesgo, infancia desprotegida, en los servicios sociales especializados sólo se mantendrán los convenios con empresas privadas. Además, se dejan de percibir las mensualidades de los cuidadores en el entorno familiar de las personas dependientes, además del incumplimiento de otros muchos puntos de la Ley de Dependencia.
Nada se salva de la quema
Por si ello fuera poco, se profundiza el proceso de privatización de la educación iniciado en septiembre, priorizando la promoción de los centros de enseñanza privados-concertados. Buena prueba de ello es el hecho de que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan haya cedido unos terrenos públicos, en los que se iba a construir un centro público de enseñanza, para la construcción de uno concertado. Además, se elimina el programa de gratuidad de libros, se reducen 53,5 millones de euros para la universidad además de reorganizar el transporte escolar.
La sanidad pública tampoco se salva de la quema. El plan también incluye la privatización de la gestión de los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso, así como todos los que se construyan en el futuro. Los recortes sanitarios han obligado a cerrar plantas en varios hospitales.
Este ataque va más allá de recortes en las condiciones laborales, significa la degradación absoluta de los servicios públicos. El actual modelo público de sanidad, educación y de los servicios públicos en general es una conquista, un derecho gracias al cual, las familias trabajadoras no debemos pagar por ir al médico o por escolarizar a nuestros hijos entre los 3 y los 18 años. Las medidas que ha anunciado el gobierno regional pretenden convertir a los servicios públicos en un lucrativo negocio para unos pocos a costa de terribles dificultades para la aplastante mayoría.
Represión y criminalización del profesorado en lucha
Además de lo que suponen los recortes en sí mismos, el gobierno de Castilla - La Mancha lanzó, a raíz de las protestas del 7 de septiembre en Guadalajara, una campaña de criminalización del movimiento de los profesores que ha culminado con una denuncia por resistencia y desobediencia a la autoridad contra cinco compañeros que participaron en las protestas. Quieren demostrar que como en los tiempos más oscuros de nuestra historia luchar puede traer consecuencias penales. Sin duda, el hecho de que sean tan sólo cinco los denunciados demuestra el carácter político de esta denuncia. Entre los centenares de personas que acudimos al Teatro Buero Vallejo han escogido sólo a unos pocos para intentar dar una lección y atemorizar a los que se manifiestan en contra de los recortes. El único delito que cometieron estos compañeros fue luchar en defensa de la educación pública.
Después de las movilizaciones del trimestre pasado contra los recortes en educación, la lucha ha pasado a un nuevo nivel. Ahora el ataque es contra el conjunto de los servicios públicos y por lo tanto la respuesta ha de ser unificada. Es necesario que los dirigentes de CCOO y UGT organicen asambleas de trabajadores en todos los centros de trabajo y las coordinen tanto a nivel provincial como regional para decidir cuales tienen que ser los siguientes pasos en la lucha. La convocatoria de una manifestación unificada en Toledo el 11 de febrero y la huelga de los trabajadores de la Junta de Castilla - La Mancha el día 29 son un paso adelante en la lucha, pero es insuficiente. Es necesaria la unificación también, con los trabajadores de todas las empresas que prestan servicios a la Junta y con el conjunto de los trabajadores con la organización de una gran huelga general en Castilla - La Mancha en defensa de los servicios públicos. Los ataques no sólo son contra los empleados de la administración, son contra los servicios públicos de los cuales se benefician el conjunto de los trabajadores.
