El próximo 25 de marzo se celebrarán en Andalucía elecciones al parlamento autonómico. Después de la debacle electoral del PSOE en las últimas elecciones municipales y generales, la posibilidad de que por primera vez la derecha pueda acceder al gobierno de Andalucía es una realidad. Los sondeos dan mayoría al PP en las ocho provincias, y supera al PSOE en aproximadamente ocho puntos dependiendo de la encuesta. En el contexto de profunda crisis del sistema capitalista que estamos viviendo, en plena ofensiva del gobierno del PP y la patronal contra los derechos y las condiciones laborales de la juventud y los trabajadores en el Estado español, cuando se anuncia cada día nuevos recortes del gasto social y ataques a la enseñanza y la sanidad pública, la vuelta al poder de los señoritos andaluces significaría un duro golpe para las condiciones de vida de la clase trabajadora.

La clase obrera andaluza, tanto en el campo como en la ciudad, tiene una arraigada tradición de lucha. En un territorio como este, el atraso económico y el acentuado carácter parasitario y reaccionario de la burguesía han marcado las relaciones sociales durante décadas. Los señoritos, todopoderosos durante el franquismo, perdieron gran parte de su poder fruto de la lucha de los trabajadores con la caída del franquismo. Hoy, es más necesario que nunca volver a pararles tanto en las urnas, como en la calle.

El auténtico carácter del PP

El PP es el partido de los empresarios y los explotadores. En él se han refugiado además todos los elementos de la extrema derecha, todos los franquistas que durante la dictadura gozaron del poder político y social amparados en la represión y en la total falta de libertades democráticas y sindicales. Un exponente claro de esto es el perfil de señorito cortijero del presidente del PP andaluz, Javier Arenas, el político mejor pagado de toda Andalucía. Pero no es el único: la plana mayor del PP en la comunidad está cortada por el mismo patrón. A pesar de su demagogia, el programa real de la derecha se reduce al beneficio empresarial por encima de cualquier otra consideración. La prueba práctica de sus auténticas intenciones se ha revelado, entre otras medidas regresivas, con la aprobación de la reforma laboral, el ataque más grave a los derechos de los trabajadores de los últimos treinta años.
En las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobierna la derecha, la política aplicada no deja lugar a dudas. La privatización sistemática de todos los servicios públicos esenciales en busca del enriquecimiento individual de los empresarios, las corruptelas, el clientelismo y el ataque sistemático a las condiciones laborales de los trabajadores son su sello.
Un buen ejemplo de esto es el Ayuntamiento de Málaga. El afán privatizador de la derecha lleva años desmantelando los servicios municipales para venderlos al mejor postor. El resultado no sólo es un deterioro considerable de los servicios públicos, también el empeoramiento de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. El ejemplo de la empresa municipal de limpieza Limasa es representativo: con un 51% de capital privado, se ha congelado el salario a los trabajadores mientras que el año pasado el beneficio empresarial ascendió a cinco millones de euros. Para el año 2012, en los presupuestos del Ayuntamiento malagueño se aumenta descaradamente la partida destinada a la contratación de empresas privadas, para ir desmantelando los servicios ofrecidos directamente con empleos públicos municipales. Este guión es el que están aplicando en todas las capitales y municipios dónde gobiernan.
Siguiendo esta filosofía, si el PP llega al gobierno andaluz ¿qué hará por ejemplo con la educación andaluza? En estos momentos, el peso de la educación pública no universitaria en Andalucía es del 81 % frente al 19 % de la privada. En comunidades como Madrid, el PP consiguió ya en 2009 que más del 50 % de toda la red educativa estuviera en manos privadas. En su inmensa mayoría estos centros son financiados directamente con fondos públicos que van a parar a los bolsillos de los empresarios.
Andalucía encabeza la lista de parados de todo el Estado con una tasa de desempleo del 31,23 % (más de ocho puntos por encima de la media estatal). En las ciudades, la explosión de la burbuja inmobiliaria dejó sin empleo a miles de trabajadores incluso antes de que empezaran a notarse las consecuencias de la crisis en otros lugares del Estado. En el campo, con años sin posibilidad de acceder a un empleo digno por la persistencia del latifundismo, familias enteras malviven cobrando únicamente los 400 euros del subsidio del Plan de Empleo Rural (PER). Es evidente que un gobierno del PP en la Junta Andaluza representa una amenaza para los jornaleros. Después de años de acusar de vagos a los trabajadores del campo, la derecha, como defensora de la gran propiedad terrateniente y de los grandes monopolios agroalimentarios, atacará sin tregua el PER y el subsidio de desempleo agrario, imponiendo unas condiciones aún más esclavas en el campo andaluz en beneficio de los cortijeros. Las declaraciones de sus mentores no dejan lugar a la duda. Luis del Rivero, presidente de Sacyr (empresa constructora que cotiza en el IBEX 35) afirmó que “el PER es un sistema que fomenta la vagancia”. La burguesía andaluza, que se ha destacado por su carácter especulador durante los años del boom del ladrillo y por mantener el campo en un obstinado subdesarrollo, se suma ahora al entusiasmo empresarial ante la reforma laboral, que en boca del presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, es una medida valiente, que prima la actividad económica sobre el estado del bienestar. Se frotan las manos ante un gobierno del PP en la Junta de Andalucía, que acabaría con lo que Herrero ha calificado de “preponderancia” y “excesivo de intervencionismo” de “lo público”.

¿Quién es el responsable de esta situación?

A pesar de que la derecha insiste una y otra vez en su legitimidad electoral para llevar a cabo estos ataques sin precedentes, la fortaleza del PP es mucho más aparente que real. Los resultados que obtuvieron en las elecciones generales del pasado 20-N, y anteriormente en las municipales del 22 de mayo, demuestra que tienen un techo que no rebasan. No se ha producido un corrimiento del voto obrero hacia el PP. En realidad su victoria es la consecuencia directa del desplome del Partido Socialista: millones de jóvenes y trabajadores han dado la espalda a una política, la del anterior gobierno de Zapatero, caracterizada por sus constantes claudicaciones ante los poderes económicos y sus acuerdos con la derecha en aspectos cruciales, como la reforma constitucional, que prima el pago de intereses a la banca y abre la puerta a una profundización de las llamadas políticas de “austeridad”, es decir, recortes salvajes del empleo público y del gasto social. Con todo, la “fortaleza” del PP en Andalucía muestra debilidades evidentes: sólo aumentaron un 13% sus votos en las elecciones generales. No recogieron, ni mucho menos, todo el profundo descontento con el Partido Socialista, que en Andalucía perdió casi la mitad de sus sufragios.
El avance institucional del PP es responsabilidad de aquellos que, en lugar de adoptar políticas en beneficio de la población, utilizan el apoyo electoral de los trabajadores para poner en práctica las medidas que exigen los grandes bancos, el FMI y la UE. Esto es lo que explica la pérdida de más de cuatro millones de votos por parte del PSOE (750.000 de los cuales han sido en Andalucía).
Durante todos estos años, el gobierno de la Junta de Andalucía, primero con Chaves y ahora con Griñán, se ha limitado a gestionar el capitalismo sin enfrentarse en ningún momento a los intereses fundamentales de los empresarios. Esto le ha llevado una y otra vez a defraudar a su base social y electoral. En los tiempos de boom económico, la Junta ha podido desarrollar una política social para amortiguar en parte las desigualdades sociales generadas por el capitalismo, pero en los puntos claves, siempre ha salvaguardado los intereses empresariales. Así por ejemplo, el gobierno del PSOE andaluz no puso ningún freno a la especulación inmobiliaria en toda la Costa del Sol y de hecho le puso todas las facilidades, terminando incluso salpicado por escándalos de corrupción urbanística que aún hoy siguen saliendo a la luz. El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) lleva años reivindicando una reforma integral del campo andaluz para acabar con el latifundismo heredado de hace siglos, modernizar y hacer públicas las explotaciones bajo control de los trabajadores. Una política agraria así, debería haber sido una prioridad de un gobierno de izquierdas, pero la Junta de Andalucía jamás se ha querido enfrentar a los terratenientes, al contrario, ha utilizado la represión policial contra las movilizaciones jornaleras, ha despreciado sus justas demandas y no ha tenido empacho en designar como hija predilecta de la Comunidad a esa representante cualificada del latifundismo agrario que es la duquesa de Alba.
Por otra parte, la desconexión con los intereses de los trabajadores y sus familias se ha acentuado en los últimos años, como prueba el reguero de escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos, cuya expresión más acusada ha sido el caso de los EREs fraudulentos, explotado demagógicamente por la derecha. El gobierno del PSOE en Andalucía no ha hecho nada por impedir la deslocalización, el cierre de cientos de empresas y el despido de miles de trabajadores. El ejemplo de Delphi, en Cádiz, es elocuente: después de regalar decenas de millones de euros a esta multinacional, aceptó sin más el cierre de la fábrica negándose a escuchar las grandes movilizaciones que protagonizaron los trabajadores de la empresa y del conjunto de la provincia, que llegaron hasta la huelga general en toda la bahía gaditana. En lugar de nacionalizar Delphi y asegurar los empleos, la Junta amparó los despidos y realizó promesas de recolocación que jamás ha cumplido. El ejemplo de Delphi es representativo de decenas: los mineros de Boliden, los trabajadores de astilleros de Sevilla, de Roca, y un largo etcétera.
Esta política, en momentos de crisis aguda del sistema lleva ineludiblemente a los recortes y a atacar las condiciones de vida de los trabajadores. Cuando los beneficios empresariales peligran, no hay política social que pueda quedar en pie para complacer sus intereses. Así hemos visto cómo se han aplicado recortes en la contratación de profesores, en el transporte escolar y en las becas, en el sistema sanitario, en proyectos de integración, en programas sociales..., y han empezado a privatizar, como haría la misma derecha, servicios públicos fundamentales.
Un ejemplo claro es el conflicto con los trabajadores de la administración pública andaluza el año pasado. Los trabajadores se movilizaron y denunciaron el empeoramiento de sus condiciones laborales y la externalización de servicios. No era para menos: de un plumazo se suspendían las ofertas de empleo público, se suprimían las bolsas de interinos y se incorporaba el criterio de rentabilidad privada a la gestión de la cultura, agricultura, agua, patrimonio y otros ámbitos en los que la gestión pública desaparecerá. Las empresas públicas con gestión privada ya manejan en la actualidad casi el 70% del presupuesto de la Junta de Andalucía.
Izquierda Unida, correctamente, ha criticado esta política en muchas ocasiones y ha protagonizado movilizaciones puntuales. Por supuesto, miles de trabajadores y jóvenes han visto en IU la posibilidad de ir más allá en la defensa de una política en beneficio de la mayoría trabajadora, un hecho que se ha traducido en el avance electoral que ha registrado en las últimas elecciones generales. Pero lo que un sector amplio de la clase obrera y la juventud percibe es que Izquierda Unida sigue muy centrada en el ámbito institucional, que debería poner como eje de su acción cotidiana la defensa de una auténtico programa socialista, exigiendo la nacionalización de la banca, la nacionalización de las empresas en crisis para garantizar el empleo y el impulso de la movilización, haciendo una labor sistemática dentro de los sindicatos de clase, especialmente en CCOO, para enfrentar la política de paz social y pactos con la patronal de consecuencias tan desastrosas para los trabajadores. Una auténtica política de oposición de izquierdas, conectando con las aspiraciones cotidianas de la población, los parados y la juventud, dejando claro el rechazo a cualquier pacto con el PP en los ayuntamientos —rectificando por tanto las vergonzosas alianzas que se han permitido con el partido de la burguesía en distintos municipios andaluces o en Extremadura—, aumentaría la credibilidad de Izquierda Unida como organización de lucha, anticapitalista y revolucionaria.

Sólo la clase trabajadora puede cambiar las cosas

El camino para frenar a la derecha en las urnas pasa por frenarla en la calle con la movilización social. Se puede impedir que la derecha gobierne en Andalucía, pero eso exige un giro de 180º hacia la izquierda en la política del Partido Socialista y, al mismo tiempo, el impulso de la movilización social más amplia y contundente contra las políticas reaccionarias del PP, tarea en la que Izquierda Unida y los grandes sindicatos tienen una responsabilidad muy destacada.
Los trabajadores y la juventud de Andalucía han demostrado una y otra vez estar a la altura de las circunstancias. Lo primero que hay que destacar es que en treinta años la derecha se ha visto incapaz de llegar al gobierno de la Junta de Andalucía. Incluso en vísperas de estas elecciones, a pesar de las encuestas, aun no está claro que la derecha pueda obtener una victoria por mayoría absoluta. En la memoria colectiva siguen frescas las décadas de dictadura, en la que estos elementos reaccionarios disponían de la vida de miles de trabajadores a su antojo. Pero además, en estos meses de gobierno la derecha ha desvelado con transparencia sus auténticas intenciones: quieren aplastarnos y retraernos a las condiciones de trabajo de hace un siglo. Vuelven a utilizar la represión policial cuando salimos a luchar por nuestros derechos más básicos, en defensa de la enseñanza, de la sanidad, de nuestras conquistas históricas arrancadas en las movilizaciones, en las huelgas generales, y que tantos sacrificios nos costó. Y estas razones son las que llevarán a cientos de miles de trabajadores y jóvenes, de parados y jubilados a las urnas a votar al PSOE y a IU para cerrar el paso a la derecha.
Votar y evitar el triunfo de la reacción es importante pero no es suficiente. Para derrotar a la derecha hay que levantar un muro de contención basado en la movilización y en la defensa de una política genuinamente de izquierdas. Son muchas las ocasiones en que los trabajadores andaluces, tanto en el campo como en la ciudad, han demostrado su predisposición a luchar. Empezando con el amplio seguimiento de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, continuando con las multitudinarias manifestaciones convocadas desde el 15 de mayo de 2011, donde una amplia masa de trabajadores arropó en la calle al movimiento 15-M por toda la geografía andaluza. El último ejemplo de esta predisposición ha sido la participación masiva en las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT del 19 y 29 de febrero contra la reforma laboral del PP. Pero no sólo en los grandes acontecimientos, sino que empresa a empresa, los trabajadores habrían luchado hasta el final si no hubiesen sido frenados por la política de pactos y paz social de las direcciones de CCOO y UGT, que ha obligado a las plantillas a aceptar sistemáticamente el mal menor, incluyendo despidos, EREs y recortes salariales y de derechos laborales.
El problema no está en la clase obrera, el problema está en su dirección sindical y política. Si su potencial de lucha fuera organizado y promovido por sus organizaciones tradicionales sería imparable. ¿Qué ocurriría si tanto PSOE como IU y los sindicatos mayoritarios se negaran en rotundo a aceptar ni un solo despido, ni un solo recorte, ni un solo ERE y se enfrentaran a la administración central del PP de forma contundente? ¿Cuál sería la respuesta si, en lugar de plantear que la UE relaje sus exigencias de contener el déficit, se defendiese sin complejos la nacionalización de la banca, de los monopolios y los latifundios? ¿No secundarían centenares de miles de trabajadores y jóvenes un gobierno de izquierdas en la Junta de Andalucía con este programa auténticamente socialista en beneficio de la mayoría? Claro que sí. En ese contexto, las posibilidades de acceso del PP al gobierno de Andalucía quedarían anuladas.
Pero para eso hace falta un giro drástico a la izquierda. Sólo la clase trabajadora tiene suficiente fuerza como para conseguir este giro. Por eso los marxistas de El Militante creemos necesario cerrar el paso a la derecha en las urnas y también en la calle. Exigir a los sindicatos un plan de lucha, incluyendo la convocatoria de la huelga general, como un primer paso dentro de un plan ascendente de movilizaciones hasta frenar todos los ataques. Sobre la base de la clase trabajadora organizada, los marxistas de El Militante luchamos dentro de las organizaciones de la izquierda y del movimiento obrero y juvenil por un programa político socialista y revolucionario. Es la única manera de derrotar la ofensiva del capitalismo contra las condiciones de vida de millones de trabajadores.