Recientemente se conocía la condena al ex presidente balear del PP Jaume Matas: seis años de cárcel y nueve de inhabilitación. Se trata de la sentencia del primer juicio por el caso de corrupción Palma Arena. El tribunal considera probado que tanto Jaume Matas como el periodista Antonio Alemany (que le escribía los discursos), Miguel Romero (dueño de la empresa que intermedió en la contratación del Alemany por Matas) y Joan Martorell (ex director general de Comunicación del Gobern de Matas) pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos, que ascendieron a un total de 483.186 euros. Pero la verdadera noticia está en que Matas no ingresará en prisión hasta que la sentencia sea firme puesto que “la fiscalía no ve riesgo de fuga”. Así pues, por ahora la Audiencia les ha condenado a “indemnizar de forma solidaria a la Comunidad Autónoma” con 13.316 euros, y pagar multas por un importe aún inferior. ¡Un negocio redondo!
Más o menos al mismo tiempo se conocía otra decisión de escándalo procedente en esta ocasión del caso Nóos, en el que está acusado Iñaki Urdangarin. La fiscalía anticorrupción se ha opuesto a que el juez Castro, instructor del caso, citase a declarar a la infanta Cristina como imputada. Según el fiscal “no hay indicios suficientes que puedan demostrar que Doña Cristina conociera las actividades de su marido”. Es decir, que Cristina de Borbón, miembro de la Junta directiva del Instituto Nóos, propietaria al 50% junto con su marido y Secretaria del Consejo de Administración de Aizoon (empresa privada a la que supuestamente iba a parar parte de ese dinero público) no sabía nada de nada.
En un extremo opuesto al favor que la justicia regala tanto a Matas como a la infanta Cristina, está el caso de Miguel Montes Neiro, el preso común más antiguo de España, que se ha pasado en la cárcel 36 años. El pasado 15 de febrero salía de prisión con 61 años de edad. En su caso, todo comenzó con la deserción del ejército y, posteriormente, fue condenado por desorden público, evasión, quebrantamiento de condena, falsificación de documentos, tenencia de hachís, robo, tenencia ilícita de armas, desacato y evasión de permiso. Si algo deja claro su caso es que la cárcel es cosa de pobres.
La Constitución española dice que la justicia es igual para todos, pero no hay más que ver los ejemplos anteriores para constatar que, bajo el capitalismo es una clase privilegiada la que tiene el poder real, la que decide todo, favoreciendo a los suyos al margen de cualquier legalidad. Justicia es un ejemplo de esta realidad, pero hay más. La adjudicación de favores y el reparto de privilegios es otro, no hay más que ver el ritmo vertiginoso en la colocación de familiares y allegados de destacados líderes del PP en empresas públicas, y también privadas, desde su victoria electoral el pasado 20 de noviembre.
Partido Popular, ‘su’ familia es lo primero
Si bien es cierto que el PP no tiene el monopolio de la colocación de familiares y allegados en buenos puestos, la verdad es que tras su victoria electoral el pasado 20 de noviembre no han perdido un segundo.
En cuatro meses escasos, el hijo de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre —conde de Villariezo— con sólo 32 años ha sido contratado como asesor en la Secretaría de Estado de Comercio. Casualmente, hasta el momento de su nombramiento había trabajado en el bufete de abogados Pérez Llorca de Madrid. El fundador de este despacho es José Pérez Llorca, que fue diputado de UCD y uno de los ponentes de la Constitución; su hija, Carmen Pérez Llorca, ha ocupado varios cargos en los distintos gobiernos de Esperanza Aguirre y actualmente es viceconsejera de Organización Educativa. María Zaplana, hija del ex ministro Eduardo Zaplana, ha sido nombrada asesora en la Secretaría de Estado de Turismo. La pareja del presidente gallego, Núñez Feijóo, se ha convertido en jefa de Prensa de la Secretaría de Estado de Presupuestos. La ex mujer de Rodrigo Rato ha sido designada presidenta de la Red de Paradores. A Ricardo Cospedal, hermano de la secretaria general del PP, le han nombrado director de la Fundación Carolina, una entidad mixta público-privada dedicada a promover las relaciones culturales y a la cooperación en materia educativa y científica entre España e Iberoamérica. José Ramón Bujanda, cuñado del ministro de Agricultura, Arias Cañete, es el nuevo presidente de una empresa del mismo sector del que se ocupa su cuñado, la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA). Marcelino Ojeda, hijo del que fue diputado del PP con el mismo nombre, es desde enero el nuevo presidente de FEVE. Estos son sólo algunos de los ejemplos.
En un ejercicio de guardar las formas ante el escándalo social que estos fichajes estaban provocando, varios familiares de altos cargos del PP los han rechazado. Tal es el caso de Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores de Cospedal, que renunciaba a formar parte del Consejo de Administración de Red Eléctrica Española (con unos honorarios superiores a 100.000 euros anuales), o Alberto Nadal —hermano de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de La Moncloa y miembro de la CEOE— que también tenía previsto incorporarse al Consejo de Administración de REE.
Mejor suerte ha corrido la mujer de Álvaro Nadal, María Tersa Lizaranzu, que consigue acumular dos cargos dependientes del gobierno: directora de Política e Industrias Culturales y del Libro, además de presidenta de Acción Cultural española. Lo mismo sucede con Iván de la Rosa, marido de Soraya Sáenz de Santamaría, que acaba de fichar por Telefónica, a partir de ahora trabajará en la misma firma que gente tan ilustre como la esposa de Rajoy, Elvira Fernández, Eduardo Zaplana o Iñaki Urdangarin.
El PP, en consonancia con sus profundas raíces católicas, manifiesta una ferviente defensa de la familia, ahora podemos ver cómo defienden “su familia “ y “su vida”, en cambio, la magnitud de los ataques y los recortes demuestran que la vida y la suerte de las familias de los trabajadores les importan más bien poco, tirando a nada.
