Sentencias como la absolución por el Supremo de cuatro neonazis condenados previamente por la Audiencia de Barcelona por “escribir, editar, difundir y vender material de carácter neonazi” en la librería Kalki, mientras se impide la investigación de los crímenes del fascismo, y se inhabilita al juez Garzón a instancias del ultraderechista “sindicato” Manos Limpias, son otras tantas pruebas de la “protección”, más o menos encubierta que se les brinda a los fascistas desde el poder judicial, una institución, por otra parte, que nunca se ha depurado de los elementos reaccionarios provenientes del antiguo régimen. Como no se ha hecho, dicho sea de paso, con ninguna institución ni organismo público, incluyendo por supuesto, a la policía, la guardia civil o el ejército.
No es extraño que así sea, pues desde siempre, los grupos de ultraderecha han estado vinculados al estado, y han sido financiados por la clase dominante de diferentes modos, con generosas donaciones privadas, a través de clubs de fútbol, e incluso directamente subvencionados con dinero público (lo último, los casi dos millones de euros que recibieron este año tres formaciones de extrema derecha, en subvenciones de la UE). La utilidad de las bandas fascistas como grupos de choque contra los trabajadores es bien conocida históricamente, y su actividad se recrudece en los momentos de mayor aumento de la lucha de clases.
Su objetivo es amedrentar y tratar de desarticular la lucha organizada de los trabajadores y de la juventud. No es casualidad que en las recientes movilizaciones estudiantiles en valencia, los fascistas de España 2000 amenazaran a los alumnos y profesores del IES Lluis Vives. Según ha explicado Josep Manel Vert, de la asociación de padres del instituto, miembros de España 2000 han realizado dos llamadas telefónicas al centro amenazando a padres, alumnos y profesores con apalearlos. “Han dicho que vendrían grupos, que acabarían el trabajo que no había acabado la policía nacional y que apalearían a cualquiera…”. “Hay demasiada impunidad de estas bandas en la Comunidad Valenciana” indicaba.
Racismo oficial
Desde el poder intentan presentar a estas bandas como grupúsculos fuera de ningún control, totalmente al margen de la “derecha democrática” y de la burguesía en general. Pero tanto la derecha del PP como de CIU, esgrimen un discurso y una actitud cada vez más racista y de criminalización de los inmigrantes, introduciendo requisitos abusivos para que puedan censarse en un ayuntamiento, tratando de culparles cínicamente del deterioro del estado de bienestar o acosándoles y persiguiendo a todo aquel “sospechoso” de ser un “ilegal”, (llegando incluso a establecer cupos de detención en las comisarías madrileñas, como en su día denunció el propio SUP).
Esta campaña consciente, junto con la asunción de medidas que aíslan a los inmigrantes del resto de la sociedad, como la reaccionaria normativa sobre el uso del velo, adoptada en varios ayuntamientos (y apoyada también de forma oportunista por ciertos sectores de la izquierda, en particular del PSOE) contribuyen a dar una cobertura ideológica a los fascistas, que ven amplificado su discurso sobre “la invasión del país por parte de los inmigrantes”.
Sin embargo, el peso específico de estas bandas es muy pequeño. Su influencia dentro de la sociedad no puede compararse ni remotamente con la fuerza de la clase obrera y de la juventud. Por toda Europa, el péndulo de la historia se mueve a la izquierda, y no a la derecha, como lo demuestran las enormes movilizaciones a las que estamos asistiendo en los últimos meses. En ese sentido, no podemos hablar de “ascenso de la ultraderecha, o del fascismo” en la forma en que pretenden destacarlo los medios de comunicación burgueses que intentan de esta manera empequeñecer y desvirtuar la lucha de masas de los trabajadores europeos.
Pero el que no sobreestimemos el poder de estas bandas fascistas no quiere decir que no sean un riego real e inmediato para los trabajadores. Acontecimientos como los brutales asesinatos de jóvenes del Partido Laborista Sueco, la muerte a tiros de dos inmigrantes africanos en Francia o la recién descubierta red que asesinó a más de diez ciudadanos de origen turco en Alemania son sólo los casos más recientes que han saltado a la opinión pública, pero hay muchos más.
En el Estado español, a las continuas agresiones a inmigrantes se suman recientemente los ataques en la Universidad Complutense, la irrupción en actos de diferentes grupos de izquierdas para “reventarlos”, las amenazas a dirigentes estudiantiles, la agresión sufrido por la caseta de El Militante en la Feria de Málaga durante varios años consecutivos… La lista es larga y en el creciente escenario de polarización social y aumento de la lucha de clases sin duda aumentará aún más.
Impunidad
La derecha y la burguesía no tiene ningún interés en perseguir a estos grupos ni en limitar sus actividades, porque en última instancia, sirven a sus propios intereses. Por eso es ingenuo pensar que la justicia y la policía van a actuar de forma contundente contra estas bandas, salvo que les obliguemos a hacerlo. Los únicos que podemos parar a los fascistas somos los trabajadores y la juventud, a través de la autoorganización y la lucha, e implicando a las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda, como CCOO, UGT, el PSOE o IU.
Para enfrentarnos a los ataques es necesario en primer lugar denunciar públicamente (y judicialmente), cada uno de sus ataques. La falsa idea de que a este tipo de actos es “mejor no darles publicidad” es un tremendo error, que facilita la impunidad de los fascistas. Hay que denunciar lo que hacen y quienes lo hacen: señalar con nombres y apellidos a estos individuos para aislarlos socialmente y mostrarles el rechazo general hacia sus actos, a través de manifestaciones que agrupen a las organizaciones de izquierdas en un frente común contra el fascismo
Pero también hay que organizarse si se detecta que el fascismo es una amenaza real en un barrio, en una fábrica, en un centro de estudios. No podemos permitir que un puñado de fascistas nos impidan realizar nuestras actividades y ejercer nuestros derechos y para eso los comités de autodefensa, formados por los trabajadores y jóvenes cumplen la función “concreta” de defender los locales, los actos y las organizaciones obreras y juveniles de la izquierda. En el próximo periodo sin duda nos enfrentaremos a situaciones difíciles, donde retomar las tradiciones del movimiento obrero también en esta cuestión, será una necesidad para solucionarlas con éxito.
