En las últimas semanas en el Estado español hemos asistido a un curso acelerado de lo que significa la democracia capitalista. Lo vimos con la represión salvaje de la policía sobre los estudiantes que salían a las calles de Valencia para protestar contra los recortes. Una violencia indiscriminada, que es justificada sin complejos por el ministro de interior, Fernandez Díaz, en su comparecencia parlamentaria dijo que se “siente orgulloso” de la intervención policial. Pocos días después, el gobierno avaló la polémica actuación policial en una manifestación en Madrid contra la reforma laboral. Un grupo de policías encapuchados detuvo e interrogó a nueve manifestantes sin identificarse en ningún momento. Según el Ministerio de Interior “no hay ninguna prohibición legal que impida que se realice este tipo de interrogatorios”. Lo último ha sido la salvaje carga policial contra la manifestación de Barcelona durante la jornada de huelga general del 29-M. Estos sucesos son un botón de muestra del aumento de la represión contra las movilizaciones que contestan los recortes impulsados por el gobierno.
En los últimos meses hemos visto cómo la clase trabajadora y la juventud responden a los brutales recortes. Desde el movimiento 15-M a huelgas y manifestaciones contra el desmantelamiento de la educación, la sanidad y los servicios públicos. Desde el inicio de la crisis económica el número de convocatorias no ha parado de crecer. Así, en 2010 las protestas se incrementaron un 36% respecto a 2007: 19.336 luchas y protestas en todo el Estado (‘La crisis dispara las protestas y ya deja una media de 60 al día’, 20 minutos, 19/3/12). En estos momentos la media de protestas es de 60 al día. Lo que da una idea del estado de efervescencia que existe en la sociedad. Y no para de subir. En lo que llevamos de año las diferentes delegaciones y subdelegaciones de gobierno han tenido que admitir que la incorporación de nuevas capas a la lucha es una realidad que se acelera. Ciudades como Valencia ha visto como este primer trimestre de 2012 se multiplicaban por cinco el número de manifestaciones respecto a 2011.
Criminalización de la lucha
En este clima de intensa movilización la derecha y la patronal se proponen dar otra vuelta de tuerca en la represión de los derechos democráticos. Es lo que está detrás de la campaña que está realizando el gobierno y medios de comunicación afines para demonizar el derecho a huelga, a los sindicatos y en general a cualquier tipo de movilización del movimiento obrero.
La CEOE exige al gobierno “la legislación laboral que estime más oportuna” sobre el derecho a huelga, después de calificar la huelga general del 29-M como un acto ilegitimo que representa un ataque a la “soberanía nacional”. Desde el Ministerio de Interior, tras las cargas policiales en Valencia, se anuncia que se endurecerá el Código Penal para proteger “la autoridad policial”. De este modo se reformará el delito de desobediencia a la autoridad, para según palabras del ministro, “pueda operar una mayor disuasión en relación con comportamientos violentos o gravemente desobedientes de los mandatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” (‘Interior anuncia que ningún policía será expedientado por las cargas de Valencia’, El Mundo, 15/3/12). En Catalunya, en nombre de la seguridad pública, se habla de una ley que supuestamente prohibiría la presencia de encapuchados en manifestaciones.
Esta batería de medidas represivas demuestra la preocupación que tienen, temen que se les escape la situación de las manos, que la lucha avance y se generalice. La represión sólo pretende amedrentar y atemorizar a los jóvenes y trabajadores. Quieren evitar toda respuesta que signifique la confluencia de los diferentes frentes abiertos en una lucha amplia y generalizada. Hasta ahora la represión sólo ha conseguido incrementar la determinación de lucha de las masas, lo hemos visto en Valencia y también en distintos momentos de la lucha del 15-M, las masas a través de su experiencia comienzan a confiar en sus propias fuerzas. En el próximo período veremos nuevos estallidos sociales y movilizaciones, porque la magnitud de los ataques exige una respuesta contundente por parte del movimiento obrero y la juventud.
