Más de 150 oficiales de la construcción han podido participar en las asambleas convocadas por el Ayuntamiento de Villaverde para elaborar las bases que regirán la bolsa de trabajo donde se establecerá el orden de entrada para acceder a los contratos de estas obras públicas. Uno de los puntos más controvertidos que se sometió a debate se centró en la propuesta del gobierno municipal para desligarnos de las oficinas de Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del Inem, organismos oficiales que establecen los criterios y el orden de contratación.
En ningún momento se escondió la posibilidad de que este paso conlleve represalias por parte de los gobiernos central y autonómico en forma de retención de los fondos que financian el programa. Sin embargo, ejemplos como Marinaleda, también en la provincia de Sevilla, que lleva toda la vida autogestionando este programa de forma asamblearia, fueron determinantes para que, tanto la iniciativa como las bases para puntuar a los trabajadores, fueran aprobadas por unanimidad por este parlamento obrero.
El PER en el punto de mira de los reaccionarios
El Plan de Empleo Rural (PER) fue una importante conquista de los trabajadores del campo resultado de las movilizaciones que se desencadenaron en las zonas rurales de Andalucía y Extremadura demandando tierra, trabajo y unas condiciones de vida dignas que cambiaran la dura existencia de las familias jornaleras. La lucha consiguió la aprobación de un plan de inversiones en los pueblos andaluces y extremeños con dos líneas diferenciadas: un subsidio de seis meses, actualmente unos 450 euros mensuales para ayudar a estas familias a superar las épocas de paro forzoso; y un programa de obras e infraestructuras anual donde la mano de obra contratada no cualificada proviene del sector agrícola mientras los oficiales se eligen entre los parados de la construcción. Estas son las ayudas, ganadas con sangre y sacrificios, que responden a una realidad incuestionable, que el campo bajo las históricas relaciones de propiedad y producción privadas sólo genera trabajo en épocas y campañas concretas, manteniendo el resto del año a la población jornalera desocupada, obligados a la emigración para subsistir. Unas ayudas que, en conjunto, tanto obras como prestaciones, suponen para las arcas del Estado unos 600 millones de euros anuales. Estos son los datos reales por los que los trabajadores del campo tienen que pedir perdón continuamente y son calificados por toda esa suerte de señoritos reaccionarios y agentes de la burguesía como vagos que no quieren trabajar. ¿Y qué dicen estos difamadores profesionales sobre los más de 6.000 millones de euros, más de diez veces lo que reciben los obreros agrícolas, que cobran los propietarios de las tierras, incluidos parásitos y rentistas como la casa de Alba y otros terratenientes, en concepto de subvenciones europeas? Unos fondos, señores hipócritas, que se dan en muchos casos por mantener la tierra sin cultivar y privar a la sociedad rural de trabajo y riqueza.
El nuevo PER en Villaverde
La inversión concedida a Villaverde para las obras del PER se eleva a 211.000 euros, unos fondos de donde saldrán los contratos para los peones del campo y oficiales de la construcción en desempleo, ahora bajo el control y la supervisión de la asamblea de parados y de un comité de trece de sus componentes que fueron elegidos democráticamente en la propia asamblea que será, además, quien realice las tareas administrativas de puntuación de solicitudes, ordenación y publicación de los listados y seguimiento del funcionamiento de la bolsa. Los trabajadores, con la mayor naturalidad, aceptan asumir responsabilidades reservadas celosamente para administraciones públicas como el Inem e incluso el propio ayuntamiento con su corte de funcionarios especializados, secretarios y profesionales del oficio aplicando la legalidad vigente como garante de los derechos. La pregunta que nos hacemos es ¿de qué ha sido garante “la legalidad vigente”, con sus informes y tribunales cuando la nota dominante en la mayoría de las contrataciones y los programas de empleo no es otra que el enchufismo más descarado y todo tipo de arbitrariedades? El clientelismo, esa práctica tan extendida en los pueblos andaluces, heredada de los caciques y los señoritos cortijeros, sigue siendo una realidad que cuenta con la complicidad, por acción u omisión, de la Administración del Estado en todos sus niveles. La ley y la democracia a la que nos remiten continuamente, responde a un interés de clase. Se trata de un derecho burgués y de una democracia burguesa que atrapa a los débiles y que los fuertes pueden sortear con facilidad, destinada a conservar el poder y los privilegios de los de arriba.
La política asamblearia que llevamos a cabo en Villaverde es la respuesta de la clase obrera a este estado de cosas. La asamblea del PER se constituye como un verdadero órgano democrático de la clase obrera, del poder directo de los trabajadores para administrar sus asuntos, de transparencia y garantía de sus derechos, y por supuesto, y este será uno de los elementos decisivos, de lucha y reivindicación por proyectos de empleo y vivienda como la expropiación y terminación de los 58 pisos.
