El escándalo saltó a las páginas de la prensa burguesa cuando un vocal denunció ante la fiscalía al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, por cargar al presupuesto público los gastos de seis viajes de fin de semana a Marbella, por importe de 3.000 euros. Posteriormente se supo que eran un total de veinte los viajes, con un gasto total de 13.000 euros, incluyendo cenas, spa y bebidas, y sin contar los costes de desplazamiento de cuatro o cinco escoltas junto al presidente. Sobre el personaje, baste reproducir lo que publicábamos en el número de mayo sobre la herencia franquista en el aparato del Estado: “Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo desde 2008, ejerce como juez desde 1969, escribe habitualmente en la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos, también peregrina asiduamente a Tierra Santa y cree que se libró de un atentado de ETA por obra de la Virgen de Fátima”.
Pero si sorprendente, al menos para algunos, fue la noticia, más lo fueron los hechos posteriores: el fiscal archivó el caso ya que “no existe obligación de detallar los gastos” de estos viajes, que en ningún momento se han negado y ni siquiera se ha justificado que fueran por motivos oficiales. De hecho, la misma fiscalía justificó el carácter “reservado” que podía tener este tipo de viajes así como las personas con las que Dívar, que no se ha dignado a dar ninguna explicación a los mortales, cenó en restaurantes de lujo.
Además, el escándalo aumentó cuando sólo cinco vocales pidieron la dimisión del presidente, mientras los otros siete aplicaban la doctrina Garzón y lo que pedían era ¡que dimitiera el vocal que había denunciado los hechos! Dicho sea de paso, quien habría sustituido a Dívar sería Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia de Valencia con Camps y principal abanderado de la persecución a Garzón. Esta es la situación de la máxima institución del llamado Poder Judicial, que gastó 90.000 euros en abril en enviar a nueve personas en primera clase a Buenos Aires a la Cumbre Judicial Iberoamericana, un gasto imprescindible cuando se eliminan las becas para estudiar idiomas en el extranjero.
Hechos como éste resultan esclarecedores de la catadura moral de los máximos representantes del poder judicial, uno de los “pilares” en los que se asienta la democracia burguesa. Su arrogancia descomunal, su ostentoso desdén hacia el más mínimo elemento de control, su afán por el lujo y el derroche (del dinero ajeno) son marcas inconfundibles de la clase social a la que están íntimamente vinculados, la burguesía, completamente decadente y parásita.
Uno de los aspectos más indignantes de toda esta historia son las declaraciones del propio interesado cuando, sin ningún sonrojo, afirmó que las cantidades reclamadas eran “una miseria”. Un auténtico insulto cuando decenas de miles de parados no tienen ingresos o sobreviven con 400 euros al mes y millones de trabajadores de los de verdad, de los que no tienen fines de semana “caribeños” de cuatro días, necesitan más de un año para ganarlo. Pero más pronto que tarde esta misma clase a la que él y los suyos desprecian, mandarán al basurero de la historia al sistema que representan, aplicándoles la auténtica justicia: la justicia obrera.


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