El 10 de marzo de 2011 Mª Dolores de Cospedal, durante la precampaña de las elecciones municipales, anunciaba que no recortaría en sanidad y en educación. Poco más de un año después de su llegada al gobierno de Castilla - La Mancha los jóvenes y trabajadores de la región hemos sufrido el mayor ataque contra la sanidad y la educación desde la caída de la dictadura.
Después de la medidas anunciadas tras el verano, que suponen la privatización de varios hospitales de la región, el aumento de la jornada laboral del personal sanitario, la falta de personal para cubrir las bajas y unas listas de espera cada vez más largas, ahora, justo antes de la llegada del verano, el PP de Castilla La Mancha tiene previsto mandar al paro a 767 interinos de todos los hospitales de la región, el cierre de algunos servicios de urgencias en las zonas rurales y la reducción del horario de otros.
El plan incluye el cambio de horario de 23 Puntos de Atención Continuada (PAC) hasta las 20:00 horas y de otros 14 hasta las tres de la tarde, afectando a las provincias de Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Albacete. Esta decisión deja a municipios como Piqueras, en Guadalajara, a cerca de 50 kilómetros y una hora de camino del punto de atención urgente más cercano, en Molina de Aragón, ya que buena parte del recorrido debe hacerse por carreteras muy sinuosas. Lo mismo ocurre con otros como Majaelrayo, en la Sierra Norte de la provincia, cuyos vecinos deberán desplazarse hasta Cogolludo salvando 40 kilómetros de carreteras secundarias durante cerca de una hora. Estos dos pueblos han tenido hasta ahora servicios de urgencias a 20 kilómetros de distancia en El Pobo de Dueñas y Tamajón, respectivamente, dos de los centros que el gobierno de Cospedal quiere cerrar. El resultado de esta decisión es que tanto las distancias como los tiempos de respuesta en caso de urgencia se alargan, y en ocasiones se duplican. La situación puede ser especialmente grave en el medio rural, donde buena parte de la población tiene edad avanzada y carece de medios propios para desplazarse. Sin embargo, son precisamente estos usuarios los que tienen más probabilidades de necesitar atención. En el caso de Marchamalo o Chiloeches, que suman entre ambos más de 10.000 tarjetas sanitarias, el problema puede ser la saturación de los servicios de urgencia donde sean desplazados, ya que no están preparados para asumir un incremento de la demanda tan numeroso.
Frente a estos recortes la única alternativa es una respuesta contundente del personal sanitario y los pacientes de la sanidad pública y su unificación con el resto de sectores que están sufriendo los ataques del gobierno de Cospedal.
