Como se recordará, en febrero los estudiantes de Secundaria valencianos captamos la atención del movimiento contra los recortes en todo el Estado y de toda la población. La represión policial de uno de tantos cortes de tráfico que espontánea y semanalmente se realizaban en los institutos, en concreto del Lluís Vives, provocó un efecto en cadena. Al día siguiente, día 16, 20.000 estudiantes marchamos en la convocatoria del Sindicat d’Estudiants, y en los alrededores del IES Lluís Vives se recrudeció la represión. Entre ese día y el 21 se produjeron decenas de detenciones y de jóvenes identificados, golpeados y heridos. La respuesta inmediata de los estudiantes, y de muchos trabajadores y paseantes, fue persistir en la ocupación, pacífica, pero a la vez firme, de las calles céntricas alrededor del instituto. Ni siquiera la presencia intimidante de la policía por las zonas céntricas, el registro de cualquier grupo de jóvenes de más de dos personas, o el cerco por delante y por detrás de grupos de manifestantes, antes de cargar, pudo evitar la movilización. El objetivo de amedrentamiento de la lucha, yendo hacia el sector que consideraban más vulnerable (estudiantes de entre 14 y 18 años, y sus padres), fracasó estrepitosamente. Cada vez más paseantes se encaraban con los antidisturbios; si a partir del miércoles 22 no hubiera retirado el PP la ocupación policial del centro se hubiera arriesgado a episodios de rebelión social, no sólo en Valencia, sino en todo el Estado. Un pequeño anticipo fue la manifestación de diez mil personas, convocadas con muy pocos días de antelación por el boca a boca, por parte de prácticamente todos los sindicatos, partidos y asociaciones de izquierda, reunidos de urgencia.
Denuncia colectiva sobreseída sin investigar
A raíz de la coordinación de esos grupos surgió la llamada Assemblea d’El Micalet, donde participan CCOO, UGT, PSOE, IU, CGT, la FAPA, Sindicat d’Estudiants, l’Assemblea Anti-Represiva del 15-M, y muchas más entidades, amén de afectados por la represión y particulares. Esta plataforma ha interpuesto una denuncia colectiva contra los mandos policiales y políticos, denuncia que ha sido sobreseída en el plazo récord de cinco días. El juzgado considera que no hay ningún indicio de delito, ¡y eso sin haber practicado ninguna diligencia!, ni siquiera escuchar a los denunciantes. La represión policial continúa así en el poder judicial, comprometido con el PP en la salvaguarda de su orden social.
Mientras tanto, han llegado notificaciones de multas, que pueden llegar hasta los 6.000 euros, a 230 jóvenes manifestantes. Algunos, aparte de ocupar la calle, son acusados de resistencia o agresiones a la autoridad. De hecho, estos días están llamados bastantes de ellos a declarar. En estos momentos sólo se ha producido un juicio rápido por estos hechos; ha acabado en una amonestación, aunque el juez, haciéndose eco de la simpatía popular hacia los manifestantes, indica en la sentencia que la acusada “ha ejercitado el derecho de manifestación y expresión, luchando contra los recortes, lo que es un ejemplo para la ciudadanía que debería ser seguido”.
Desde la Assemblea d’El Micalet continuaremos arropando a los acusados, y denunciando cómo la mayoría de los jueces esconden la represión policial mientras completan la labor de los antidisturbios y del Gobierno intentando (sin éxito) amedrentar al movimiento.
