El campo de la justicia no está al margen de todos los planes de guerra antisocial unilateral y sin tregua del gobierno del PP contra la mayoría de la sociedad. Al colapso estructural del sistema judicial, por falta de medios materiales y humanos (despido de 1.200 jueces sustitutos), y al caos absoluto a todos los niveles, donde priman los privilegios de los ricos y poderosos, la impunidad de la corrupción y de los abusos de poder con sentencias e indultos escandalosos, propios del régimen franquista, ahora se suma la ley de tasas judiciales, que implica lisa y llanamente dinamitar cualquier vestigio de igualdad ante la justicia.

A partir de ahora, cualquier trabajador que recurra cualquier sentencia de lo social debe pagar 500 euros en 2ª instancia y 1.200 en 3ª instancia. Por ejemplo, la reclamación de una indemnización de 1,3 millones de euros de un tetrapléjico víctima de un accidente de tráfico, donde las aseguradoras suelen ofrecer muchísimo menos de lo justo y necesario, y suele judicializarse, llegar hasta la 3ª instancia (Tribunal Supremo), cuesta 19.550 euros de tasas. Y  además éstas no se devuelven aunque se gane el juicio. En una gran cantidad de demandas, como recurrir multas de tráfico, aunque sean de 90 euros tienen una tasa fija de 200 euros en 1ª instancia judicial, o las deudas a comunidades de propietarios, divorcios..., serán a veces superiores las tasas que el objeto que se reclama, y si no, en todo caso, desproporcionadamente caras, llegando a ser un obstáculo económico insalvable, teniendo que soportar ilegalidades e injusticias sin posibilidad de amparo judicial.
Con esta reforma se consigue una justicia groseramente a favor de los ricos. Se atrae la especulación y actividades impunes de mafias extranjeras (Eurovegas, obtención de la nacionalidad comprando vivienda de 160.000 euros, trabajadores sin derechos…), se favorece más todavía la impunidad de los abusos de poder y de la corrupción de las administraciones y las estafas, legales o no, de grandes compañías (financieras, aseguradoras, telecomunicaciones, hidroeléctricas...) donde sus víctimas no podrán demandarles por las tasas, y aún teniendo laudos arbitrales y sentencias favorables no podrán ejecutarlos pagando tanta tasa a cada trámite, no les saldrá a cuenta demandar.
Se favorece a los lobbys de grandes despachos de abogados y los de bajo coste, con su ejército de becarios y minijobs, al tiempo que se perjudica duramente a la mayoría de abogados y procuradores en un mercado en profunda crisis. Paralelamente se acelera la degradación y privatización de los Servicios de Orientación Jurídica y Turno de Oficio, como en Madrid, y se fomenta el negocio de las mediaciones y arbitrajes extrajudiciales, con sus masters y servicios de mediación y arbitraje mucho más caros que la anterior vía judicial, todo como alternativa a la vía judicial. Así se rebaja el cumplimiento de normas contrarias a los intereses de los más poderosos, por ser costoso y arriesgado reclamarlo judicialmente.
El malestar y rechazo provocado en el sector ha sido muy fuerte, incluso se ha reclamado la convocatoria de huelgas antes de que entrara en vigor la ley, a las que, finalmente, no se ha puesto ninguna fecha, desaprovechando la posibilidad de echar atrás está agresión y abrirle un nuevo frente de lucha al PP.
La ley de tasas es un gravísimo ataque al conjunto de los trabajadores y tiene una trascendencia que va más allá del propio sector de la justicia. Los sindicatos y partidos políticos de izquierdas deben tener una posición política de clase y tomar la iniciativa de convocar una huelga general de justicia de 48 horas como primer paso en la lucha, defendiendo la derogación de esta ley, así como su vinculación a la lucha contra las contrarreformas de penalización del aborto y de manifestantes, la cadena perpetua, además de exigir el cese no solo del ministro de Justicia, sino del gobierno del PP, lo que implica que esta lucha debe desembocar en la convocatoria de una nueva huelga general y vincularse a la derogación de las contrarreformas laboral, educativa y demás.