El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa
Marx y Engels, El Manifiesto Comunista

Se cumple un año de gobierno de Mariano Rajoy. Doce meses de infamia, mentiras y corrupción, de arrogancia insultante y añoranza del franquismo, en que el PP ha socavado una parte fundamental de las conquistas obtenidas décadas atrás gracias a duras luchas, huelgas y manifestaciones masivas. Pero esta reacción extrema, que se endurecerá en 2013 como consecuencia de la depresión que vive la economía capitalista en el Estado español, amenaza con desencadenar a su vez, en un lapso de tiempo difícil de determinar de antemano, una crisis política de un calado revolucionario. En el año que ha transcurrido, la clase obrera ha hecho frente a este vendaval con huelgas generales, movilizaciones y manifestaciones de una dimensión formidable: mes tras mes, millones hemos abarrotado las calles de todo el Estado, hemos paralizado la vida económica, y desnudado el gran fraude de la sociedad en la que vivimos. Lo llaman democracia pero, en realidad, no es más que la dictadura del capital financiero cubierta de un ropaje parlamentario.

Capitalismo parasitario y financiero. Un gobierno hecho a su medida

El capitalismo español atraviesa la crisis más importante de sus últimos setenta años. Basta un dato. La formación bruta de capital fijo, es decir, la tasa del capital dedicada a la inversión productiva, ha sufrido un colapso asombroso: cayó en 2008 un 4,7%; en 2009, 16,6%; en 2010, 6,3%; en 2011, 5,1% y la previsión para 2012 es de un 5,5%. ¡En cinco años una caída del 38,2%! En contraste, la fuga de capitales entre junio de 2011 y junio de 2012 fue de 296.000 millones de euros, ¡equivalente al 27 % del PIB!
Estas cifras revelan muy bien el sabotaje de los capitalistas a la economía productiva. Cuando desde el gobierno, desde el PSOE y, lamentablemente desde las direcciones sindicales y de IU, se insiste en que hay que “adoptar” medidas que favorezcan el empleo y la inversión en la producción, pero sin romper con el sistema, cabe preguntarse ¿por qué los capitalistas no lo hacen? ¿Por qué se empecinan en no aplicar las sugerencias de los portavoces parlamentarios y sindicales? La respuesta a esto es concreta. Los capitalistas invierten no por amor al prójimo, a los parados, a los jóvenes que buscan su primer empleo. No, así no funciona el capitalismo. Ellos invierten su capital si consideran que el beneficio está asegurado, si obtienen un lucro satisfactorio en el menor tiempo posible. Pero si la economía mundial está sumida en una crisis de sobreproducción sin parangón desde 1929, cuando la escasez brota de la sobreabundancia de mercancías, bienes y servicios que no encuentra una realización en el mercado, cuando se cierran empresas en todos los sectores, y el consumo se deprime, no hay ninguna razón para que los dueños del capital inviertan en el proceso de la producción. Por el contrario, buscan acomodo en otras actividades más rentables aunque sus efectos provoquen nuevos y mayores desequilibrios y una desigualdad creciente e insostenible.
El PP y Rajoy asumen la mecánica del capitalismo sin complejos. No en vano su política de “austeridad” persigue aumentar los beneficios de la banca y las grandes empresas, y asestar un golpe decisivo a la clase obrera, a sus derechos, salarios y a su capacidad de resistencia. Sus “reformas” han supuesto, para empezar, un tajo sin precedentes al gasto social, a la plusvalía diferida, que los trabajadores no obtienen directamente en salarios pero sí en servicios y prestaciones de todo tipo; alientan grandes negocios para los monopolios privados gracias a una nueva oleada de privatizaciones en sectores esenciales e irrenunciables para la población (como la educación y la sanidad); a través de reformas legales refuerzan el poder de los empresarios —como propietarios colectivos de la fuerza de trabajo asalariada— en las fábricas y también ante los tribunales (que por otra parte se privatizan para que los trabajadores no podamos acceder a ellos). Todo esto se complementa con el saqueo de las finanzas públicas —y el pago de intereses de la deuda, que en 2013 alcanzarán los 38.600 millones de euros (un 33,8% más que en 2012)—, en beneficio de los responsables de la crisis: el sector financiero y los grandes plutócratas.
¿Se puede ser más escandalosamente mentiroso que el ministro De Guindos, que Rajoy, que todo este gobierno de reaccionarios, cuando exigen austeridad y nuevos sacrificios acusando a los ciudadanos de a pie de haber vivido por “encima de sus posibilidades”, mientras permite a los bancos estafar a un millón de familias con las preferentes o desahuciar a más de trescientas mil, y además premia a estos parásitos con constantes inyecciones de capital, amnistías fiscales, con la compra de sus inmuebles invendibles, y aplaude las indemnizaciones multimillonarias que obtienen al abandonar tranquilamente sus cargos después de falsear los libros contables? Así es y así funciona el sistema en su fase de degeneración senil, en la época del capitalismo monopolista de Estado. Su putrefacción representa la putrefacción de la sociedad contemporánea, de sus gobiernos, de su justicia, de su moral, de sus instituciones (que ahora revelan mejor que nunca hasta qué punto están subordinadas a las grandes empresas y bancos).

Hundir a los trabajadores en la pobreza

En 2012 se han evaporado cada día más de 2.000 empleos, y según Eurostat, la oficina estadística de la UE, a la altura de noviembre el desempleo alcanzó la cota del 26,6%, o lo que es lo mismo, 6.157.000 personas en paro. Más de 1,7 millones de hogares españoles, según la última Encuesta de Población Activa, tiene a todos sus miembros parados, y solo el 67% de los registrados en las oficinas de empleo reciben alguna prestación. Pero la sangría no va a detenerse en 2013. Las medidas en marcha, con la reforma laboral como ariete, provocarán un aumento de decenas de miles de nuevos parados en la empresa privada y en el sector público, donde se han destruido más de 70.000 empleos el año pasado.
El crecimiento de este “ejército de reserva”, y las reformas y medidas aprobadas por el PP, ha hecho retroceder el poder adquisitivo de los trabajadores a los niveles de 1985. Según la OCU, tres de cada diez trabajadores cobran ahora entre un 1% y un 10% menos que hace un año, mientras que uno de cada diez ha visto reducido su salario en más de un 20%. Sólo un 37% ha mantenido su salario durante los últimos doce meses. Entre los jubilados, el 35% cobra entre un 5% y un 10% menos que un año atrás, y el 8% entre un 10% y un 20% menos. El empobrecimiento de la clase obrera también se nutre del aumento escandaloso de los precios de productos y servicios básicos. En el último año el recibo de la luz ha subido cuatro veces (en total un 17%, y un 70% de incremento desde 2008). Pero la luz no es ninguna excepción: la subida del precio de los transportes públicos es igual de brutal, como los incrementos de las tarifas del agua, del IBI, de los peajes, los alimentos y un largo etcétera.
Las consecuencias de todo lo anterior son obvias. Según un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), elaborado a partir de datos oficiales, la tasa de precariedad en España, que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos, afecta a un total de 20,6 millones de personas, es decir, ¡al 43,7% de la población! Esta pauperización creciente de la población tiene su contrapunto en la acumulación de riqueza en el otro polo: el 10% de los más ricos disfrutan del 63% de la renta global española (solo 200 españoles multimillonarios poseen 145.800 millones de euros de patrimonio). “Gobernar, a veces, es repartir dolor”, señaló hace unas semanas con toda la desenvoltura del mundo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Lo están consiguiendo sin duda: no sólo han repartido un gran sufrimiento, lo que en realidad hacen es ejercer una gran violencia contra la mayoría. Es una guerra real, pero no declarada oficialmente.

La hoja de ruta del gobierno de Rajoy para 2013

Las tendencias hacia la depresión de la economía española se refuerzan, tal como reconocen los organismos económicos internacionales, que empeoran las previsiones del gobierno notablemente: tras una contracción del 1,3% del PIB en 2012, la OCDE y el FMI estiman para 2013 una caída del 1,4% o 1,3%, y ¡una tasa de paro del 26,9%, superior a la de 2012!
“Dados los importantes riesgos que se han acumulado, son urgentes medidas políticas decisivas en todos estos frentes” afirma el último informe de la OCDE. ¿Y cuáles son esas medidas urgentes? Aumento del IVA a más bienes y servicios; una nueva reforma de las pensiones para alargar la edad de la jubilación y rebajar su cuantía; otra reforma laboral, con un contrato único y que recorte las indemnizaciones por despido… Por tremendas que parezcan, estas “sugerencias” forman parte de la hoja de ruta del gobierno de Rajoy para 2013 y se complementan con otras que están en su bandeja de salida: el copago sanitario total; despedir a miles de funcionarios y empleados públicos (algunas cifras que se barajan hablan de un 20%); profundizar en los recortes en las prestaciones de desempleo, jubilación y viudedad, que ya se han puesto en marcha en 2012; privatización de la educación y la sanidad gracias a la aplicación de la LOMCE y a decretos como el del Gobierno regional de Madrid…
Esta política de esclavización de la clase obrera tampoco garantiza que el gobierno no se vea obligado a solicitar el “rescate” financiero a la UE. Si no lo han hecho hasta el momento es por el miedo a una escalada en la lucha de clases mayor todavía que la de este último año. Hace pocas semanas el ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió que el Gobierno estaba “mirando” la posibilidad de solicitarlo y señaló: “Los tiempos también son importantes. Hay que elegir la mejor decisión en el mejor momento posible”. En efecto, echar gasolina sobre un incendio no suele ser una buena idea.

Continuar la lucha hasta tumbar al PP y levantar una alternativa socialista a la catástrofe capitalista

Nadie puede decir ya que los trabajadores, que la juventud no estamos dispuestos a luchar con todas las consecuencias. En todas las grandes acciones de masas del año que acaba de concluir se ha sentido el impulso desde abajo: los dirigentes sindicales han ido a rebufo de los acontecimientos, obligados a convocar dos huelgas generales —que han sido un éxito rotundo— después de ser presionados por un movimiento de protesta que les ha desbordado constantemente. El problema no es de fuerza, ni de decisión. El ejemplo de la marea verde, de los mineros, de los jornaleros, de los estudiantes, de los empleados públicos, de los del transporte urbano, de la sanidad madrileña, de innumerables empresas privadas, es atronador. Pero los trabajadores deben enfrentarse no sólo a la derecha y la patronal, también tienen que superar el obstáculo de unos dirigentes que todavía están petrificados por la política de la “paz social”, del “diálogo y pacto social” ideas que, en los hechos, sirven como fuerza auxiliar al gobierno y los empresarios.
Tras la huelga general del 14-N y las manifestaciones multitudinarias de ese día, los dirigentes de CCOO y UGT han vuelto a recurrir a un guión muy conocido. En lugar de mantener la continuidad de la lucha, endurecerla y extenderla, a través de un calendario concreto de nuevas huelgas generales con el objetivo irrenunciable de echar atrás la contrarreforma laboral, la LOMCE, los recortes sociales, y dar un paso al frente exigiendo la renuncia del gobierno, se han centrado en reclamar un “referéndum” —que es un repliegue sobre el nivel de movilización alcanzado— y en mendigar la vuelta al “diálogo social”. Y si estallan conflictos sectoriales de envergadura que se pueden convertir en un punto de referencia, parece que su único interés es liquidarlos lo antes posible.
Cuando la dirección de Iberia anunció un ERE que supondrá la destrucción de 4.500 empleos y una reducción en torno al 40% de los salarios, CCOO y UGT amagaron con una convocatoria de huelga suspendida inmediatamente tras la presión del gobierno, la empresa y los grandes medios de comunicación. En lugar de basarse en la fuerza de los trabajadores de Iberia, en su capacidad para paralizar el tráfico aéreo y los aeropuertos de todo el Estado, en el ambiente que existe a favor de la lucha contra los despidos para desatar un movimiento de solidaridad, los dirigentes sindicales han aceptado los planes de la empresa sólo que troceándolos a lo largo de los próximos dos años. Algo muy parecido ha ocurrido con la lucha de Paradores Nacionales. Después de varias jornadas de huelga que fueron un éxito de participación, las direcciones de CCOO y UGT firman un acuerdo que implica, en esencia, aceptar las exigencias del gobierno: 350 despidos, el cierre del Parador de Puerto Lumbreras y que 27 centros sufran cierres parciales por periodos de dos, tres o cuatro meses, además de la clausura de 13 restaurantes.
En la reconversión que sufre el sector bancario, la estrategia de las federaciones de CCOO y UGT es similar. La dirección de la Bankia “nacionalizada”, nombrada a dedo por el PP, ha puesto encima de la mesa 6.000 despidos, el cierre de mil sucursales y una reducción salarial en torno al 50%, cumpliendo las condiciones impuestas por Bruselas para proporcionar liquidez. En el caso del Banco de Santander la cifra de despidos será de 3.000 trabajadores. En el conjunto del sector bancario, se destruirán 55.000 puestos de trabajo entre 2008 y 2015, según los planes puestos en marcha. ¿Cuál es la actitud de los dirigentes de CCOO y UGT ante esta salvajada? Lejos de plantear una respuesta contundente, comenzando por un plan de huelgas generales en el sector, imploran negociar con una clara disposición a aceptar los despidos pero en “condiciones no traumáticas”, es decir, con algo más de indemnización y con algunas prejubilaciones.
Las direcciones de CCOO y UGT, carentes de una alternativa coherente a la crisis capitalista, aceptan su lógica de una manera irrefutable. Pero su acción va a contrapelo del sentir de los trabajadores y de su nivel de conciencia, de la actitud que millones han demostrado en esta lucha de clases sin cuartel. En sectores donde las cúpulas sindicales tienen menor influencia para imponer sus políticas, los conflictos adquieren una dinámica notablemente diferente. En el caso de la sanidad madrileña, la movilización ejemplar contra la privatización ha destacado por derecho propio gracias a constantes asambleas, participativas y democráticas (que tan poco gustan a los burócratas); por una presencia multitudinaria, tanto de trabajadores como de pacientes y población en general, en las huelgas, en los encierros de hospitales y ambulatorios, en las manifestaciones; por haber ganado la batalla de la opinión pública madrileña… Sin duda, esta movilización que se suma a las 62 huelgas y 2.500 manifestaciones registradas en la capital del “reino” a lo largo de 2012, han supuesto el mayor desgaste del gobierno del PP en Madrid en veinte años.
La posibilidad de una victoria está al alcance de la mano, y la clave está en unificar la lucha de la sanidad pública, con la enseñanza pública, los trabajadores de Metro, de la EMT, de Telemadrid, de la recogida de basuras, del Ayuntamiento…, en una huelga general de 24,  48 o de 72 horas en la comunidad madrileña hasta que el PP retroceda. Y el efecto de un triunfo semejante no se le escapa a nadie: actuaría como una descarga eléctrica para el movimiento obrero de todo el Estado y un golpe del que la reacción no se podría reponer.
Una estrategia de este tipo significa partir de que la mejor defensa de las conquistas que nos quieren arrebatar es pasar a una política ofensiva, confiar plenamente en la capacidad de lucha de los trabajadores, y defender una alternativa revolucionaria, socialista, frente a la crisis del capitalismo y los ataques del PP, que generalice y dé un contenido acabado a las conclusiones que millones de trabajadores están sacando de su experiencia cotidiana. Obviamente, las actuales direcciones sindicales, imbuidas de prejuicios, infectadas por los clichés de la opinión pública burguesa, hinchadas por la rutina oficinesca y acomodada al calor de los despachos, son completamente refractarias a esta política.
Recientemente, Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, planteó que en el mes de marzo habrá nuevas movilizaciones en la UE contra los recortes. Las declaraciones las hizo en el X Congreso de CCOO de Catalunya y fue muy sincero a la hora de trasladar sus inquietudes: “Nos gustaría más trabajar en un escenario de negociación, pero las puertas están cerradas aquí y en Europa. Por tanto vamos a intentar abrir este espacio desde la movilización social”. Por supuesto, descartó que esa movilización acabe en una nueva huelga general en el Estado español (ya nos tiene acostumbrado a esto), y pidió a los partidos de izquierda que “tomen el testigo del activismo que llevan a cabo los sindicatos en la lucha contra los recortes”, pues según Toxo: “el sindicalismo no lo puede todo ni cabe cargarle con esta responsabilidad”. En el mismo discurso reclamó “un plan Marshall del siglo XXI” para ayudar a los países en peores condiciones de la UE.
Un burócrata es un pillo redomado, y un gran burócrata lo es en una proporción mucho mayor. Toxo, en sus declaraciones, revela sin tapujos la psicología del aparato sindical: “¡Basta ya de tanta movilización! ¡Lo nuestro es negociar, ahí es donde nos encontramos cómodos! ¡Que otros tomen el testigo!”. Bonita manera de sacudirse responsabilidades. En cualquier caso, Toxo podría señalar qué política deberían adoptar las direcciones del PSOE y de IU. Pero no lo hace por la sencilla razón de que la política de los dirigentes del PSOE, y en gran medida de muchos en IU, es la misma que defienden las cúpulas de CCOO y UGT, y que se resume en: ¡Un plan Marshall para Europa! ¡Refundar la UE sobre bases piadosas, y consideradas con los trabajadores y los pobres! Hace más de 150 años, cuando Marx y Engels escribieron El Manifiesto Comunista también se refirieron a aquellos socialistas (los llamaban “socialistas burgueses”) que “quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las luchas y los peligros que surgen fatalmente de ellas. Quieren la sociedad actual sin los elementos que la revolucionan y la descomponen”. ¡Qué bonito sería un Plan Marshall para Europa! ¡Y que la CEOE fuera razonable, amiga de los trabajadores, y entendiese que debe aceptar una distribución más justa de la riqueza! Para disgusto de Toxo, de Méndez, de Rubalcaba, de todos los reformistas del mundo que anhelan los buenos días del “capitalismo progresivo”, vivimos la era de la descomposición del régimen burgués; de una guerra social que destroza el bonito y cuidado jardín de la colaboración de clases, que sitúa en primer plano la dominación autoritaria del capital financiero, que pone en entredicho las formas de la democracia parlamentaria, de la libertad de expresión, de organización, de huelga, incompatibles de forma creciente con el mantenimiento del orden capitalista.
El sindicalismo muestra todas sus limitaciones cuando renuncia a la lucha política por la transformación socialista de la sociedad. La primera tarea de los trabajadores y los jóvenes con conciencia de clase es comprender que no hay ninguna medicina “democrática” para un sistema podrido. Que la protesta masiva que se está desarrollando contra las políticas de ajuste, de recortes sociales, contra los desahucios y la privatización de la enseñanza y la sanidad pública, para que tenga éxito, debe convertirse en organización política consciente. Es necesario levantar la bandera del socialismo en el seno de nuestros sindicatos de clase, de nuestras organizaciones políticas de clase, forjar una fuerte tendencia marxista revolucionaria que hable caro a los trabajadores y la juventud, para oponer a la barbarie capitalista una alternativa socialista: la expropiación del capital financiero, de la banca y los monopolios, bajo el control democrático de los trabajadores, como paso decisivo para conquistar unas condiciones de vida dignas y el pleno empleo, defendiendo nuestros servicios públicos esenciales y estableciendo las bases materiales para una auténtica democracia de la mayoría.