Aprobada en el Ayuntamiento de Villaverde del Río, el 24 de enero de 2013, con 7 votos a favor de IU, 3 en contra del PP, y 3 abstenciones del PSOE
D. Enrique Casas Rodríguez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Villaverde del Río, de conformidad con lo establecido en el art. 97.3, en relación con el art. 91.4 del RD 2568/86 del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las entidades locales, somete al Pleno de esta corporación la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los PGE de 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de las condiciones impuestas por la “troika” (Comisión Europea, FMI, BCE) de acuerdo con el Memorándum de Intenciones firmado por el Gobierno español que desarrolla la reforma constitucional que establece la prioridad del pago de la deuda sobre los gastos sociales.
Estamos ante unos presupuestos que inciden en las políticas fracasadas y archicapitalistas de austeridad a costa de reducir el gasto público y social, unas políticas cuyo resultado material está siendo deprimir aún más la escasa actividad económica y aumentar el paro de forma imparable hasta casi seis millones de personas.
No es verdad que no haya dinero para las políticas sociales, para la inversión productiva o para planes de empleo que aliviarían la situación que atraviesan muchas familias paradas, y que al mismo tiempo reactivarían el consumo y la economía.
Hay dinero y mucho en estos presupuestos (casi 40.000 millones de euros) para pagar deudas e intereses a los bancos, los 15.000 millones de euros en ayudas directas para sanear las entidades en bancarrota o los cerca de 100.000 millones de euros que se han pedido al Banco Central Europeo para sanear todo el sistema financiero español, incluido los 25.000 millones de euros que ya ha recibido Bankia.
Uno de los derechos más golpeados por esta política de recortes son los servicios sociales. En el año 2012, la Administración General del Estado disminuyó los créditos para esta finalidad en un 45’5%, lo que ha supuesto para nuestra comunidad, bajar de 17 a poco más de 9 millones de euros.
Pero el panorama para el 2013 es aún más desolador. En los presupuestos del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para este ejercicio se plantea que la partida destinada a las comunidades autónomas para programas de Servicios Sociales se recorte un 40% más respecto al 2012. La aportación estatal a los Servicios Sociales Comunitarios descendería en dos años en un 67%, es decir, los Ayuntamientos, auténticos receptores de estos fondos, dejarían de recibir dos de cada tres euros.
Sin duda, estos recortes de las transferencias del Estado a Andalucía son un ataque para el mantenimiento del nivel de calidad de servicios tan esenciales para los andaluces y andaluzas como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la creación de infraestructuras y la cohesión social.
Sin embargo, la lucha contra los recortes del PP que enarbola el gobierno de izquierdas en la Junta, no puede convertirse en esencia en la mera aplicación de las políticas de ajuste.
Los presupuestos presentados para el 2013 en la Junta, están confeccionados siguiendo las mismas tesis de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria impuestos por Madrid y suponen un retroceso incluso respecto a los últimos aprobados por el PSOE en solitario. Las políticas de protección social y fomento del empleo sufren recortes mientras los pagos por la deuda financiera se elevan en un 60%, pasando de 2.229 a 3.581 millones de euros.
El presupuesto aprobado por el gobierno andaluz tiene una disminución de un 4’1% respecto al anterior (de 32.020 millones de euros pasa 30.706). Sin duda, la obligación de cumplir los estrictos objetivos de déficit y los recortes en las transferencias a las comunidades impuestos por el gobierno del PP juega un papel importante. No vamos a esconder aquí la responsabilidad de la derecha en los recortes presupuestarios, pero esta “justificación” tan propia de Rajoy y Artur Más, no puede ser un argumento para un gobierno que se reclama rebelde ante los recortes capitalistas y que se constantemente se pone como modelo de defensa de los derechos sociales y laborales frente a los que quieren desmantelar el estado del bienestar.
Este recorte presupuestario está provocado en gran medida por la obligación de hacer frente a los pagos de la deuda, que se eleva para el próximo año ¡un 60%!, de 2.229 a 3.581 millones de euros. De hecho, las partidas de educación y sanidad, dos líneas rojas de un programa de izquierdas y por las que estamos batallando en todas las luchas contra los recortes, tienen una disminución de 1.000 millones de euros en Sanidad (10’6%, pasando de 9.404 millones de euros a 8.384), y 600 millones de euros en Educación (8’6%, de 7.194 millones de euros en 2012, a 6.573 en 2013).
La defensa coherente de los derechos sociales y laborales de la población significa luchar contra los recortes en los parlamentos y en la calle, no aplicarlos.
ACUERDOS
1- Exigir al gobierno central la puesta en marcha inmediata de Planes de empleo para todas las familias desempleadas, mantener y aumentar todos los programas de protección social, especialmente restituir la inversión en Servicios Sociales y Ley de la Dependencia, así como un Plan de inversiones público de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales que ayuden a reactivar la economía. Derogación de todas las leyes de recortes a los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Financiar con el dinero que se le está regalando a la banca tanto en el estado central como en la Junta de Andalucía, todos y cada uno de estos programas y proyectos sociales.
2- Trasladar este acuerdo al comité de empresa de los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento, a la Diputación de Sevilla y al comité de empresa de los trabajadores esta Diputación, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a la Junta de Andalucía y al Gobierno del Estado.
