La izquierda debe impulsar una nueva huelga general, exigir elecciones anticipadas y defender una alternativa socialista ante la crisis capitalista

En el debate sobre el estado de la nación el gobierno del PP presentó una imagen completamente falseada de la situación económica. Con frases como “España ya tiene la cabeza fuera del agua” o “hoy tenemos futuro, hace un año no lo teníamos” Rajoy incidía en la idea de que lo peor de la crisis ya ha pasado y que, aunque lentamente, se vislumbra ya la salida de la recesión. Sin embargo, todo apunta justamente en el sentido contrario: que la crisis capitalista se está agudizando, en paralelo a sus consecuencias sociales catastróficas, agravadas por las brutales medidas de recortes y supresión de derechos impuestas por el PP.

Efectivamente, la depresión de la economía española se ha profundizado a finales del año pasado. Los datos oficiales del cuarto trimestre de 2012, publicados recientemente, son contundentes: el consumo de los hogares aceleró su caída hasta una tasa trimestral anualizada del -7,5%, y la inversión de las empresas en equipos y otros productos, hasta el -20,4%. Las exportaciones, que compensaban en parte la caída del consumo interno, tienen también una clara tendencia descendente, como consecuencia del agravamiento de la crisis en Europa. Cayeron un -3% en el cuatro trimestre de 2012 respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque en el conjunto del año pasado las exportaciones crecieron un 1,7%, la tasa es muy inferior a la de 2010 (15%) y de 2011 (8,5%).

Menos salarios y más paro

Tras un año de reforma laboral del PP, el número de ocupados se ha reducido en 850.000 personas, el despido por causas objetivas (indemnizado con 20 días por año) se ha incrementado un 49%, los expedientes de regulación de empleo han aumentado un 66%. En el sector público se destruyeron 240.000 empleos en 2012, con una gran incidencia en la sanidad y la educación pública. Según datos del Banco de España, el número de parados de larga duración ha crecido hasta los 3,3 millones de personas. La EPA registra casi seis millones de parados pero todo indica que la situación va a peor. Los últimos datos de las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, de febrero, revelan que la ocupación sigue disminuyendo (28.700 afiliados menos a la Seguridad Social). Recientemente la Comisión Europea ha pronosticado que en el año 2013 el número de parados crecerá otro medio millón de personas más.
Simultáneamente al incremento del desempleo se está produciendo una dramática disminución de los salarios. Por primera vez en la historia reciente, las rentas empresariales superaron las rentas salariales en el reparto de la riqueza en relación con el PIB. En 2012 los costes laborales unitarios cayeron un 3,4%.
Todas las medidas tomadas por el gobierno del PP (reforma laboral, recortes de los gastos sociales, incremento de tasa e impuestos que afectan a la mayoría de la población y un largo etcétera), están sirviendo para propiciar una brutal transferencia de riqueza a los bolsillos de los más ricos a costa de la clase trabajadora y de la mayoría de la sociedad, sin resolver en absoluto la crisis económica capitalista.

La gigantesca factura de la banca

Es la clase trabajadora la que está pagando la factura del rescate de la banca y de los intereses de la deuda pública, que van a parar también al capital financiero. Es una verdadera sangría de la riqueza social que ha alcanzo cotas históricas. En los presupuestos de 2013 se prevé un gasto de 38.660 millones de euros sólo en pago de intereses de la deuda con un incremento del 33% respecto a los presupuestos anteriores y superando por primera vez los gastos de personal. En 2012 el gobierno dedicó otros 30.000 millones a reflotar la banca, un dinero que jamás será recuperado por el Estado y que se incrementará en 2013.
Como consecuencia fundamentalmente de estos gastos, jamás en la historia económica del Estado español se había producido un incremento de la deuda tan grande como en 2012: 146.000 millones, equivalente al 12% del PIB. Son datos propios de una situación de guerra y efectivamente, los capitalistas han lanzado una guerra contra la clase obrera con el fin de descargar sobre sus espaldas todas las consecuencias de la crisis de su propio sistema. ¡Este brutal incremento de la deuda se ha producido en el mismo periodo en que se han emprendido los ataques más salvajes contra la clase obrera de las últimas décadas y que se han justificado para… equilibrar las cuentas públicas! El déficit público real es de más de 10%, el doble del objetivo inicial que se trazó el gobierno del PP e incluso por encima del 8,5% alcanzado bajo el gobierno de Zapatero.

Más recortes

En aras de salvaguardar los intereses de la oligarquía financiera el gobierno del PP está llevando la sociedad y las cuentas públicas a una situación catastrófica, ¡y tienen el desparpajo de afirmar que han evitado el rescate y que no va a haber más recortes! Las tendencias fundamentales son muy claras: la economía va hacia abajo y la carga de la deuda va hacia arriba y ya sabemos como “resuelven” esta contradicción la derecha y todos aquellos programas basados en la defensa del capitalismo como único sistema posible: recortes sociales, empobrecimiento masivo, eliminación de derechos, etc. Mientras tratan, en vano, de crear expectativas sobre un cambio en la situación, de la proximidad del fin de la política de recortes, en la práctica están preparando una nueva y brutal ronda de contrarreformas, que afectarán muy probablemente a las pensiones y las prestaciones del desempleo, además de la ya anunciada contrarreforma educativa. Lo está exigiendo clara y explícitamente la UE.
El gobierno del PP está complemente deslegitimado y desprestigiado ante una gran mayoría social. A la indignación provocada por su injusta y criminal política económica se ha sumado el estallido del caso Bárcenas, que revela aún más a las claras la podredumbre de la derecha y su total sumisión a los intereses de una minoría social de privilegiados. El gobierno de Rajoy es un gobierno débil, pero está hondamente comprometido con los grandes capitalistas, tanto domésticos como extranjeros, y firmemente decidido a continuar con su política, que tiene el objetivo estratégico de hacer retroceder en décadas las condiciones de vida y los derechos de la mayoría de la población. El gobierno de la derecha no abandonará su cometido por pulcritud democrática, Rajoy ya ha dejado bien claro que nada de dimisiones y que va a acabar la legislatura.
La única manera de poner fin a la política del PP es tumbándolo con la movilización y hay condiciones para ello. El ingrediente fundamental está más que presente: un ambiente de gran combatividad de la clase obrera y de la juventud, su gran disposición a luchar. Las recientes y multitudinarias manifestaciones estudiantiles y del sector sanitario; la huelga de los trabajadores de Iberia; las manifestaciones del 23F en las que confluyeron todas las “mareas” revelan una y otra vez la existencia de un estado de movilización excepcional de sectores decisivos de la población, cuyos antecedentes hay que buscarlos en las grandes movilizaciones y luchas que acabaron con la dictadura franquista.

¡Basta de dar balones de oxígeno al PP!

Si hay algo que da margen de maniobra a la derecha no es otra cosa que la lamentable orientación de los dirigentes del PSOE y de CCOO y UGT, que no hacen más que suministrar balones de oxígeno al gobierno, con sus continuos ofrecimientos de pacto y su escandalosa pasividad frente a la brutal ofensiva de los capitalistas. Esta política es la que está detrás de la profunda crisis que está viviendo el partido socialista. La desconexión de la política del PSOE con el sentimiento de la mayoría de los trabajadores es tan profunda que las encuestas reflejan una caída continua de la intención de voto. Según un sondeo publicado en El País el 79% de los votantes del PSOE rechazan la “gestión” del partido en la oposición.
Los dirigentes del CCOO y UGT, poco antes del debate sobre el estado de la nación, llegaron prácticamente a un acuerdo con el gobierno y la patronal y su llamado plan de empleo juvenil (ver análisis detallado en la página 11). Luego no lo firmaron, pero eso al PP no le importó mucho, su objetivo de desprestigiar a los dirigentes sindicales sentándoles en la mesa de negociación para acordar nuevos retrocesos, con foto incluida, ya estaba conseguido. El hecho de que en el X Congreso de CCOO celebrado en febrero no se produjese un cambio de orientación sindical, ni siquiera divergencias de opinión, no indica que no existe una extendida y profunda crítica por abajo, sino que la distancia entre el sentir del aparato sindical y la militancia y el conjunto de los trabajadores es muy grande.
Cayo Lara, el portavoz de Izquierda Unida, sí defendió la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, lo cual es muy positivo, y también hizo una crítica más coherente a la política económica y social del PP. Esta posición más beligerante con la derecha, unido a la profunda crisis del PSOE, es la que está dando a IU un incremento muy significativo en la intención de voto en todas las encuestas. Si esta exigencia fuese completada con una apelación a los dirigentes sindicales a adoptar una política de confrontación sistemática contra el PP, con un llamamiento a la convocatoria de una huelga general y la defensa de un programa socialista, exigiendo la nacionalización de la banca y los grandes medios de producción para ponerlos al servicio de la mayoría, la única forma de acabar con la crisis y crear empleo, sin duda alguna los avances de IU podrían ser aún más rápidos y profundos, incluso les abriría el camino a la mayoría social y a poder encabezar una profunda transformación de la sociedad en líneas socialistas.