Cristina Cifuentes, la tristemente conocida delegada de Gobierno en Madrid, abrió la veda de una salvaje campaña de criminalización contra la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y, en particular, contra su portavoz, Ada Colau. Cifuentes, gran protagonista de numerosos actos de represión policial, como la del 25 de septiembre (y días posteriores) en los alrededores del Congreso, declaró que “la PAH y su lideresa últimamente parece que tienen ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras”. Denunció, además, que las acciones de escrache son actos de kale borroka. Los escraches son citas de activistas en los domicilios de, en este caso, políticos del PP, partido que ha anunciado que votará en contra de los puntos fundamentales de la ILP que presentó la PAH en el Congreso. Según la Plataforma, “consideramos que tenemos derecho como ciudadanos a informarles de las consecuencias dramáticas que va a ocasionar su decisión porque las estamos padeciendo diariamente”.
Cifuentes tiró la primera piedra, pero inmediatamente fue secundada por elementos como Alberto Ruiz-Gallardón (ministro de Justicia), Antonio Basagoiti, el propio Rajoy, Rosa Díez (dirigente de UPyD), los medios habituales de la derecha, y personajillos de variado pelaje como Ramoncín. Escudándose en estas calumnias, la Secretaría de Estado de Seguridad ha dado instrucciones para la identificación y detención de los participantes en escraches. Colau ha respondido a esta grave amenaza de represión: "Hay casos de corrupción gravísimos, hay acoso y hostigamiento de las entidades financieras contra las personas más vulnerables, y aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones". En cambio "contra los ciudadanos honrados que sólo han dejado de pagar la hipoteca porque no pueden, porque se han quedado en el paro, contra éstos envían todas las fuerzas del orden y el peso de la ley".
Esta campaña histérica contra el movimiento de oposición a los desahucios es parte de la criminalización de la derecha (PP, CiU, PNV y UPyD) contra todos los movimientos que ponen en cuestión su política en favor del capital y contra la mayoría trabajadora. La represión brutal de luchas (la Primavera Valenciana de hace un año, las huelgas mineras del verano, la pasada huelga general…), las calumnias contra el Sindicato de Estudiantes (al que se acusó de “terrorista”) y la CEAPA por organizar huelgas contra la ley Wert, la amplia campaña mediática acusando a los organizadores de Rodea el Congreso –y posteriormente a las manifestaciones del 23 de febrero- de golpistas… todo vale para desviar la atención de la brutal política de ataques del Gobierno, y de su desbordada corrupción, y para apretar las filas de su base social más reaccionaria (en un momento en que cunde el desánimo y la perplejidad entre los votantes del PP).
La lucha sirve: sentencia del tribunal europeo
El Gobierno es consciente de que uno de sus puntos más débiles (¡y mira que tiene!) es la creciente inflamación popular ante la sangrante tragedia diaria de los desahucios. Ver a familias enteras, niños, ancianos, empujados, expulsados de sus casas, por las fuerzas del orden… a la orden de los banqueros, mientras éstos son mimados por el Gobierno en forma de decenas de miles de euros, es causa de indignación masiva. De igual forma, es altamente valorada la existencia de un movimiento como la PAH, que gracias a la acción directa, a sus raíces en el movimiento social, y su determinación de seguir adelante pese a quien pese, ha demostrado que la lucha sirve. De hecho, la movilización ha conseguido que se paren 800 desahucios, que se concedan 300 daciones en pago y, lo más importante, concienciar de este gran drama. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una importante sentencia, ha declarado la nulidad de los desahucios desde 1993, ya que la norma que regula las “ejecuciones hipotecarias” es ilegal al no garantizar el derecho de defensa de los afectados. Esta enorme victoria jurídica (que el Gobierno no está dispuesto a acatar, escudándose en que implicaría graves perjuicios para los bancos) hubiera sido imposible sin esta constante lucha de la PAH. De igual forma que la toma en consideración de la ILP, cuyas líneas centrales son: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios, y alquileres sociales.
Es obligación de los sindicatos, de los partidos de la izquierda, y de todo el movimiento, denunciar estas maniobras de criminalización, y participar en la lucha contra los desahucios, entendiendo que ésta es parte de la lucha general contra el sistema capitalista.
