¡Unidad de la clase obrera contra las políticas reaccionarias del PP y de CiU!
¡En defensa de un programa de independencia de clase, internacionalista y socialista!
¡Por el derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskal Herria y Galiza!
Desde la manifestación de la Diada en Barcelona, el pasado 11 de septiembre, la cuestión nacional catalana ha vuelto a situarse en el primer plano de la política en todo el Estado, quizás como nunca lo había hecho antes desde la caída de la dictadura franquista. Se trata de un aspecto de vital importancia para la clase trabajadora catalana y del resto del Estado, y no es ninguna casualidad que la agudización del problema nacional en el Estado español se produzca en un contexto de grave crisis económica y de profundo malestar social.
La reacción españolista
Hay varios factores que han confluido para dar un carácter tan masivo a la manifestación del Onze de Setembre. Por supuesto, el rechazo a la crisis económica, el desempleo, la incertidumbre social o el empobrecimiento de sectores de las capas medias duramente golpeadas por la crisis, han sido factores relevantes. Junto a estos, el efecto acumulativo de la campaña reaccionaria de la derecha españolista contra los derechos democráticos y los sentimientos nacionales de una clara mayoría del pueblo catalán, particularmente desde la segunda legislatura de Aznar y la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, ha jugado también un papel muy activo.
Citando algunos ejemplos muy recientes de esta campaña, a finales de agosto el coronel Francisco Alamán decía en una entrevista: “¿La independencia de Cataluña? Por encima de mi cadáver y el de muchos. Los militares hicimos un juramento sagrado: cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable”. Pero su advertencia no se quedaba ahí: “Aunque el león parezca dormido, que no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos”.
Estas declaraciones, que tuvieron un gran impacto en Catalunya, no son una anécdota: muestran el estado de ánimo de amplios sectores del aparato del Estado, impregnados hasta la médula del nacionalismo español más rancio, exacerbado por el contexto de polarización e inestabilidad política creciente*. Obviamente, ni el gobierno del PP, ni la justicia, han adoptado ninguna sanción, ni abierto ninguna causa judicial contra este militar y sus manifestaciones golpistas. Eso lo dejan para las manifestaciones de protesta contra los recortes sociales.
En la víspera de la Diada, Rajoy también calentó el ambiente al decir que “España no está para algarabías y líos”. Días y semanas después las andanadas reaccionarias de la derecha españolista continuaron: Aleix Vidal-Quadras, eurodiputado del PP y exportavoz de este partido en Catalunya, apeló a la intervención de la Guardia Civil en Catalunya; Rosa Díez, diputada de UPyD, sugirió la supresión de la Generalitat; el ministro de Educación, Wert, vinculó el aumento del sentimiento independentista al sistema educativo catalán, llegando a afirmar que hay que “españolizar a los alumnos catalanes” y el mismo Juan Carlos I, en su conocida “cibercarta”, aludió a ese sentimiento como una “quimera”.
La arrogancia y la prepotencia de la burguesía españolista siempre han actuado como un poderoso acicate movilizador en Catalunya, una nacionalidad histórica con fuertes sentimientos de comunidad, lengua y tradiciones culturales, y donde la dictadura franquista reprimió ferozmente cualquier tipo de manifestación en defensa de los derechos democrático nacionales catalanes.
Este hecho, objetivo, no ha impedido a la burguesía nacionalista catalana, a CiU, colaborar activamente con la burguesía española y con el PP en todo lo que afectara a sus intereses de clase, exactamente igual que ha hecho la burguesía vasca y su partido, el PNV. La “defensa” de CiU de los derechos democráticos nacionales de Catalunya siempre ha perseguido un objetivo: fortalecer su poder político y su poder económico, aumentar su red clientelar de apoyos, y beneficiar los negocios de los capitalistas catalanes. El pueblo de Catalunya, los trabajadores, los de-sempleados, los pensionistas, los inmigrantes, han sido sólo el objeto del saqueo económico de estos burgueses, por muy nacionalistas que se presenten a sí mismos.
La demagogia de CiU: apoyando al PP contra los trabajadores y apropiándose de las aspiraciones democráticas para ocultar sus responsabilidades
Para explicar los movimientos tácticos de los representantes políticos de la burguesía catalana hay que partir de cual fue su política desde la llegada a la Generalitat de CiU, en noviembre de 2010, y qué respuesta social y qué efectos políticos ha tenido.
Un año antes de que el PP hiciera lo propio desde el gobierno central, el gobierno de CiU se lanzó, desde el primer minuto de legislatura, a una ofensiva brutal contra la sanidad y educación pública. La Generalitat en manos de Mas fue pionera en cerrar quirófanos y centros de salud y aplicar el copago sanitario. El gobierno de CiU utilizó la represión como pocas veces se había visto en los últimos años: brutal desalojo por parte de los Mossos d’Esquadra de plaça Catalunya durante el movimiento 15-M; salvaje carga contra la manifestación de la huelga general del 29-M (la jornada de huelga acabó con 74 detenciones en toda Catalunya); sistemática infiltración policial para organizar altercados que justifiquen la represión. En el plano ideológico, al igual que el PP, CiU desarrolló una intensa campaña de criminalización contra las manifestaciones y grupos de izquierda. Toda la parafernalia reaccionaria actual del PP contra las recientes manifestaciones del 25-S cerca del Congreso, es calcada a la que escenificó CiU a raíz de las concentraciones ante el Parlament, en la primavera de 2011. La derecha catalana es uno de los más vehementes partidarios de la restricción del derecho a huelga y manifestación, y lo defienden siempre que tienen su oportunidad.
Para justificar los recortes, CiU hizo una utilización a fondo de toda la demagogia liberal clásica contra el llamado estado del bienestar. Basta recordar las palabras de Boí Ruiz, conseller de Sanidad, que afirmaba, hace justamente un año, que “la salud es un bien privado que depende de uno mismo, y no del Estado” y que “no hay un derecho a la salud, porque ésta depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos, que es lo que sería el ecosistema de la persona”, por lo tanto, según este liberal recalcitrante, “el usuario debe tener la responsabilidad moral de que cuando no trata bien a su salud la tenemos que pagar entre todos”. Al igual que la dimitida Esperanza Aguirre en Madrid, Mas-Colell, conseller de Economía, otro acérrimo liberal, proclamó que era necesario poner fin al “acceso gratuito universal” a las prestaciones sociales.
CiU situó al PP como su socio principal en el Parlament, estableciendo una relación política que nunca se había producido de forma tan descarada en Catalunya, justamente donde los “populares” tienen un perfil más marcadamente cavernícola y españolista. Tras las elecciones municipales, en mayo de 2011, esta alianza se reforzó con el apoyo del PP a CiU para que alcanzara la alcaldía de Barcelona y el apoyo de CiU al PP para que éste se hiciera con la alcaldía de Badalona, encabezada por un racista declarado. La colaboración se fortaleció aún más con la llegada al gobierno de Rajoy, tras las elecciones de noviembre de 2011; CiU ha apoyado en el congreso, por convicción propia y en compensación por el papel del PP en Catalunya, todas sus medidas antiobreras: la reforma laboral, la amnistía fiscal, la ley de estabilidad presupuestaria, los recortes en sanidad y educación. Las únicas críticas de CiU a la política del PP han sido para que este endurezca aún más sus medidas, así fue con la reforma laboral o con el recorte salarial de los funcionarios.
Catalunya ha sido precisamente uno de los territorios de todo el Estado donde la movilización de la clase obrera y de la juventud contra los recortes y la represión ha sido más masiva y continuada. Desde las manifestaciones multitudinarias contra los recortes en sanidad, las grandes movilizaciones del 15-M, o el seguimiento masivo de la huelga general del 29-M de 2012, la huelga educativa del 22 de mayo de 2012, los ejemplos son abundantes. Aunque lógicamente los medios no lo destacaron, en Barcelona se produjo una manifestación histórica el 29-M, de un millón de personas, a lo que hay que sumar otras decenas de miles más en otras ciudades catalanas. CiU no ha tenido tregua desde el mismo momento en que llegó a Generalitat y empezó con su política de ataques.
Ante un rechazo social tan amplio a su política y teniendo en cuenta la necesidad de la burguesía catalana de emprender nuevos y más duros ataques, CiU necesitaba una maniobra audaz con la que desviar la atención de su política social y de su bochornoso idilio con el PP. También las encuestas ponían de manifiesto una caída clara en la intención de voto a CiU. La mejor manera de afrontar la coyuntura inmediata era envolverse en la señera, abanderar la lucha por un “Estado propio” y convocar elecciones anticipadas.
Los objetivos de Mas y la bancarrota de los dirigentes reformistas de la izquierda
De cara a la manifestación del pasado Onze de Setembre (una marcha de toda Catalunya a Barcelona) CiU empleó a fondo toda su maquinaria para impulsarla y capitalizarla políticamente. Utilizó la administración, los medios de comunicación y sus posiciones en la Assemblea Nacional de Catalunya (convocantes formales), aprovechándose para sus propios fines de los sentimientos democráticos-nacionales de un segmento importante de la sociedad catalana, de la frustración de amplios sectores de las capas medias por el callejón sin salida que está significando esta crisis y de la incapacidad de los dirigentes de la izquierda de ofrecer una alternativa al capitalismo y de sostener una posición de independencia de clase en la cuestión nacional.
Pero, ¿qué objetivos persigue CiU y hasta dónde está dispuesta a llegar en su giro “independentista”? El primero de ellos es desviar la enorme crítica social a su política de recortes y tratar de bloquear la contestación de la clase obrera y la juventud, utilizando el hecho nacional. El segundo, reforzarse en la pugna que mantiene con el gobierno central para hacerse con una mayor porción de la tarta presupuestaria; por supuesto que cualquier concesión a CiU por parte del PP, y no se puede descartar que esto se produzca, sería utilizada en beneficio de los grandes empresarios catalanes y no de la mayoría de la población catalana.
Hay que señalar que el éxito relativo de CiU con esta maniobra, hasta el momento, se debe a un factor fundamental: la total bancarrota política de la izquierda reformista, tanto en el plano político como en el sindical. La propia victoria electoral de CiU, en noviembre de 2010, no fue producto de su fortaleza sino de la abstención y la desmovilización electoral de la izquierda, provocada por la profunda decepción por la política del Tripartit, con el PSC a la cabeza, tras siete años en la Generalitat.
En 2003 se había producido un espectacular giro electoral a la izquierda en Catalunya, que puso fin a 22 años de gobierno de CiU y anticipó la caída de Aznar al año siguiente. Sin embargo, en vez de basarse en ese apoyo masivo para impulsar un cambio radical en la política social y en la defensa de los derechos democráticos, se adoptó una política continuista que en poco se diferenciaba a la aplicada por la derecha: privatización de los servicios públicos, aceptación de los despidos de las multinacionales mientras estas seguían recibiendo subvenciones públicas a mansalva, uso de la represión contra el movimiento estudiantil, etc. Una de las medidas centrales del Tripartit fue la aprobación de la Ley de Educación Catalana (LEC), un verdadero manual de privatización de la educación pública, que contó con el respaldo entusiasta de la patronal y de CiU, y la oposición de la comunidad educativa, que protagonizó cuatro huelga generales exitosas. Cuando el gobierno Zapatero anunció el recorte salarial del 5% a los empleados públicos, el Tripartit se apresuró a anunciar un plan de ajuste de mayor calado, afectando en Catalunya a unas 260 empresas públicas o semi-públicas.
Con la subida de CiU a la Generalitat, los dirigentes tanto del PSC como de ICV-EUiA adoptaron una política de seguidismo escandalosa. Aunque se han opuesto de boquilla a los recortes, le han tendido la mano constantemente, haciendo un “frente común” en la cuestión del pacto fiscal. Este punto es muy importante porque durante dos años CiU ha agitado con diferente volumen, pero de forma constante, la cuestión del déficit fiscal (la diferencia entre lo que Catalunya aporta en recaudación de impuestos y lo que recibe de la caja común) utilizándolo como justificación de la dureza de los recortes sociales en Catalunya. Vergonzosamente, toda la izquierda ha bailado al ritmo marcado por CiU y la patronal, desde el PSC hasta ICV pasando por los sindicatos. Los dirigentes de CCOO y UGT en Catalunya, en lugar de apoyarse en el altísimo grado de participación que ya estaban alcanzando las protestas en todos los sectores, unificándolas y trazando una estrategia de ofensiva contra CiU, mantuvieron la misma táctica desmovilizadora que en el resto del Estado. Había condiciones clarísimas para dar continuidad a la huelga general del 29-M de 2012 en todo el Estado, pero en Catalunya estas condiciones eran todavía más favorables, si cabe. Nada de eso se hizo, y esa postura allanó el camino a la maniobra de Artur Mas, contribuyendo a crear ilusiones de que con un nuevo acuerdo de financiación para Catalunya las cosas podrían ir mejor para la mayoría de la población.
El trilerismo político de CiU
Aunque Mas se ha presentado como un héroe independentista, no está en su agenda emprender seriamente el camino de la separación. A los empresarios catalanes les viene muy bien polarizar la sociedad en torno a la cuestión nacional y tratar de sacar ventajas en el plano económico, pero no quieren la independencia. Eso no quiere decir que la burguesía catalana no utilice la carta de la independencia en el futuro, en un contexto de revolución socialista, con el objetivo de descarrilarla.
La agenda “independentista” de Mas se fue moderando conforme el Onze de Setembre se iba quedando atrás. De forma solemne, el 26 de septiembre, se aprobó una resolución muy ambigua en el Parlament, defendida por CiU y apoyada por ERC, ICV-EUiA, SI, el diputado no adscrito Joan Laporta (DC) y de un diputado del PSC. Este es el párrafo sobre el referéndum: “El Parlament constata la necesidad de que el pueblo de Catalunya pueda determinar libremente y democráticamente su futuro colectivo e insta al Govern a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura”. El momento y el tipo de pregunta quedan en una total indefinición. Luego Mas introdujo más elementos de ambigüedad: “No hablamos de ruptura, sino de estructuras de Estado”; que los procesos soberanistas necesitan “grandes mayorías”; que “Estado propio no significa independencia” (sic), que antes de que haya una consulta popular había que garantizar la permanencia de Catalunya en la zona euro, que primero se agotarían las vías de la legalidad española y europea, etc.
Lo que no es nada ambiguo es el objetivo de CiU de cara a las próximas elecciones: crear un clima de polarización entre partidarios y contrarios de la independencia, en forma de plebiscito en torno a la figura de Mas. De esta forma, la burguesía catalana orilla el debate sobre los recortes sociales y los ataques que CiU ha llevado a cabo contra los derechos de la mayoría, y sacan el máximo provecho también de la profunda crisis en la que está sumido el PSC que se debate entre el seguidismo hacia el nacionalismo español o el nacionalismo catalán. Tras las elecciones, CiU y la burguesía catalana reanudarán su plan de recortes y “administrará la batalla soberanista” a su conveniencia, en función de muchos factores, fundamentalmente de la intensidad de la lucha de clases.
El papel de la clase obrera y la posición de los marxistas
Es verdad que en los últimos años se ha producido un incremento de las personas que simpatizan o defienden abiertamente la independencia en Catalunya. La base de esta tendencia está en la profunda crisis general del sistema capitalista y en la incapacidad de la dirección de las organizaciones de la clase obrera de ofrecer una alternativa revolucionaria a la misma. Sin embargo, es completamente falso deducir de esta tendencia que la movilización de la clase obrera va a quedar relegada a un segundo plano en Catalunya a partir de ahora. En los acontecimientos que están por venir, y parece que está fuera de dudas que la lucha de clases entrará en una fase de más enconamiento, el aspecto central será el papel que juegue el movimiento obrero.
La manifestación de la Diada fue masiva, pero igual o más masivas han sido muchas de las manifestaciones obreras de los últimos años. La mayoría de los trabajadores catalanes no ven el ascenso del independentismo en Catalunya con euforia, más bien lo ven o con resignación o incluso con preocupación. Comprenden que los ataques que están sufriendo son obra tanto de Rajoy como de Artur Mas y la burguesía catalana. Por eso no debemos olvidar que paralelamente al crecimiento de las ilusiones independentistas en la sociedad catalana (con más fuerza entre las capas medias), la clase obrera y la juventud de Catalunya ha participado hombro a hombro con los trabajadores y los jóvenes del resto del Estado en todas y cada una de las movilizaciones más importantes. La propia crisis capitalista, que tiene una dimensión internacional, ejerce también un papel de unificar la lucha a una escala cada vez más amplia, de dotarla de un contenido internacionalista concreto. De hecho, la convocatoria de una huelga general estatal y más aún si fuera conjunta con la clase obrera portuguesa, como se está barajando, sería tremendamente positivo en este sentido.
¿Cuál es la posición de los marxistas ante la agudización del problema nacional en Catalunya? En primer lugar defendemos una política de independencia de clase e internacionalista frente a las maniobras reaccionarias de la burguesía española y de la burguesía catalana, sin hacer la más mínima concesión a ninguna de las dos. Combatimos con firmeza a la burguesía españolista, responsable de la opresión nacional y la represión de los derechos democráticos-nacionales de Catalunya, de Euskal Herria y Galiza. Los marxistas estamos en primera línea de la lucha contra todos los prejuicios ponzoñosos y reaccionarios que introduce el españolismo entre la población contra las aspiraciones democráticas de las nacionalidades históricas. Pero también es fundamental denunciar la utilización de estas aspiraciones por parte de la burguesía catalana o vasca para su propio beneficio, y como maniobra para salvaguardar sus intereses de clase. Precisamente, una de las grandes conquistas de la clase obrera catalana de las últimas décadas, a pesar de su diversidad en cuando a origen cultural o nacional, es haberse mantenido unida, adoptando una actitud de rechazo tanto al españolismo reaccionario como a la demagogia de CiU.
Oponernos a cualquier tipo de opresión nacional del Estado español contra las nacionalidades históricas, no significa que tengamos que compartir la opinión de que creando nuevos estados capitalistas se vayan a resolver los graves problemas que padece la mayoría. Una Catalunya independiente capitalista significaría que, para competir en el mercado mundial, la burguesía catalana tendría que adoptar medidas aún más drásticas, explotar aún más a la clase trabajadora catalana, recortar más nuestros derechos, salarios y conquistas sociales. Sí, ellos harían grandes beneficios, grandes negocios, pero la clase obrera y los oprimidos no mejoraríamos nuestra situación. Desde el punto de vista de los derechos democráticos, la cosa no sería mucho mejor. Como hemos señalado, CiU ha sido abanderada de la represión contra el movimiento obrero y estudiantil; muchos de sus máximos dirigentes han defendido tesis abiertamente racistas contra los inmigrantes o los trabajadores de otras comunidades autónomas.
Los marxistas defendemos el derecho de Catalunya, de Euskal Herria, de Galiza a la autodeterminación. Pero lo hacemos de una manera muy diferente a la burguesía catalana o vasca: ligamos la lucha por este derecho a la transformación socialista de la sociedad, a derrocar el poder de los capitalistas españoles, vascos y catalanes. Por eso, los marxistas defendemos la libertad de Catalunya, de Euskal Herria y de las naciones oprimidas de la única manera consecuente: la auténtica libertad sólo podrá alcanzarse con igualdad social, librando a la sociedad de todo tipo de opresión, comenzando por la opresión de clase y económica. Los marxistas entendemos que la lucha por los derechos democráticos nacionales de Catalunya forma parte de la lucha por el socialismo. Y nuestra alternativa es clara: una Federación Socialista de Catalunya, Euskal Herria, Galiza y del resto de los pueblos que componen la Península Ibérica, en el marco de una República Socialista Ibérica que se vincule fraternalmente con una Federación Socialista Europea.
* Dos semanas después de la declaración del coronel Alamán, la Asociación de Militares Españoles (AME), que agrupa a 3.500 socios, alentaba al poder judicial y al gobierno a tomar “inmediatamente las medidas oportunas para suprimir cualquier atisbo de secesión”. Así se evitaría que “las Fuerzas Armadas se vean en la irremisible y gravísima tesitura de cumplir escrupulosa y estrictamente con la misión que la Carta Magna les otorga de garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial” de la patria. Si tuvieran que tomar cartas en el asunto, no habría “la menor duda” de que quienes hayan “permitido, participado o colaborado” en la “amenaza de fractura de España” tendrisdicción castrense”. Así, si de la AME dependiese, cientos de miles de catalanes, vascos y gallegos deberían estar siendo juzgados por tribunales militares, lo cual es bastante significativo de la “consolidación de la democracia” en el ejército.
