El pasado 26 mayo, en una entrevista en el programa "Salvados", el juez Javier Gómez Bermúdez admitía que "había que ser muy inocente para no sospechar que había presiones en el poder judicial". Más iluso todavía hay que ser para creer que estas presiones no tienen ningún efecto, en especial si quien puede acabar en los tribunales es la hija del jefe del Estado.
La Infanta había sido imputada en un primer momento dentro del proceso por fraude fiscal y malversación de fondos públicos realizado a través de la sociedad Aizoon, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarin. La Audiencia Provincial de Palma dictaminó el 7 de mayo que "no podía tener conocimiento de las actividades ilícitas de la empresa de la que era socia", por lo que se dejaba en suspenso su imputación judicial y, de paso, se enriquecía el castellano con una nueva palabra: "desimputación".
Desde el momento de la imputación de la Infanta la Casa Real movilizó todos sus recursos para demostrar que la justicia es igual para todos (los pobres). Sin ningún tipo de disimulo, el Rey hizo gestiones directamente para contratar a uno de los mejores bufetes de abogados, Molins & Silva y al de Roca Junyent, uno de los "padres" de la Constitución. El mensaje es claro, Urdangarin es prescindible, y puede que acabe teniendo alguna condena, pero la hija del Rey es un asunto muy distinto, y por ahí no están dispuestos a pasar ni la Casa Real ni el actual Gobierno; de hecho el recurso en contra la de imputación fue presentado directamente por el Fiscal Anticorrupción y por la abogacía del Estado, es decir, por el Partido Popular.
De esta manera, el Rey también vincula su futuro a lo que ocurre en esos tribunales. De hecho, tan descarada es la corrupción que aún con esta "desimputación", el proceso judicial sigue por otras vías, esta vez por fraude fiscal y blanqueo de capitales, por no haber declarado a Hacienda todos los ingresos irregulares de esta sociedad. Sólo de 2004 a 2009, en las declaraciones que han salido a la luz, Urdangarin pasó de cobrar 36.000€ a 571.000€ (cifras de salarios oficiales) gracias a su puesto de delegado de Telefónica en EEUU. Al mismo tiempo utilizaban la sociedad Aizoon no sólo para desviar dinero, sino además para incluir como gastos de la empresa el mantenimiento de su palacete de Pedralbes o el salario de su servicio doméstico. Es más, en el año 2008 llegó a presentar pérdidas por 4.027€ y, por tanto, ni siquiera pagaron Impuesto de Sociedades.
A la luz de los datos que han ido apareciendo, el carácter parasitario de la monarquía y todos aquellos cercanos a ésta es cada vez más evidente. No sólo se lucran a costa del presupuesto público de una manera legal, sino que además aprovechan todos los resquicios, amiguismos y corruptelas para seguir llenando sus bolsillos. No es descartable que el proceso judicial siga por la vía del fraude a Hacienda y acabemos teniendo una nueva imputación de la Infanta por estos delitos. Hay enormes tensiones dentro del aparato del Estado y del poder judicial, que reflejan los enfrentamientos dentro de la clase dominante en un contexto de creciente descrédito de sus instituciones. Así, habrá que ver si la infanta es nuevamente "desimputada" o finalmente se consigue que esté donde tendría que estar.
