El aborto no puede ser decisión exclusiva de la mujer.
Alberto Ruiz Gallardón
El aborto tiene poco que ver con ETA. Bueno, tiene algo que ver, pero, en fin, no demasiado.
Jorge Fernández Díaz
En las últimas semanas ha vuelto al orden del día político la nueva ley del aborto que quiere aprobar el gobierno del PP, y es que la derecha más rancia de este país sigue añorando los tiempos más oscuros de nuestra historia.
La ley que aprobó en 2010 el PSOE, aunque no se reconocía un aborto libre y gratuito por la Seguridad Social, daba algunos pasos adelante respecto a la situación anterior. Ofrecía la posibilidad del aborto libre sin dar explicaciones en las primeras 14 semanas de gestación, además de la posibilidad de interrumpir el embarazo en cualquier momento si el feto sufría anomalías incompatibles con la vida. Incluso para cumplir la ley de autonomía del paciente (aprobada por el PP en 2002) ofrecía la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años abortaran sin permiso paterno, ya que según esta ley a esa edad ya son mayores para renunciar a un tratamiento médico o decidir si operarse o no.
La vuelta a las cavernas
Lo que ahora pretende el ministro Ruiz Gallardón, aunque no se conocen los detalles del borrador del proyecto, es retroceder incluso respecto a la ley de 1985 por la que el aborto dejó de ser ilegal tan sólo en una serie de supuestos: en casos de violación, malformación o peligro para la madre, y siempre bajo aprobación médica.
Ahora el PP quiere convertir al Estado Español en uno de los países más restrictivos de Europa en lo que se refiere al aborto. Tan sólo en Malta (prohibido) y en Irlanda (donde se permite sólo si la madre corre un grave y sustancial riesgo) tienen leyes más restrictivas que la que planea el PP. Gallardón ha asegurado que quiere modificar la ley para acercarse al modelo que funciona en los grandes países occidentales. Es verdad que ellos tienen un modelo de supuestos, pero lejos de la demagogia del Gobierno, la propuesta del PP dista mucho de acercarse a los países más avanzados en este sentido. La mejor prueba de ello es que, aunque en muchos de estos países hay que dar una razón para poder abortar, en la mayor parte el supuesto “riesgo económico y social” está entre las posibles razones, cosa, que aquí evidentemente no va a ser así.
En las últimas semanas el debate se ha centrado sobre si la malformación del feto podrá ser un supuesto de aborto. Parece ser que Gallardón quiere reducirlo todo a un único supuesto, para conseguir que el feto tenga derechos durante todo el embarazo. Un supuesto donde según ellos será la madre la que tenga la última palabra, pero después de hablar con diferentes médicos, ser informada de las diferentes alternativas y pasar por un “periodo de reflexión”. El ministro de Justicia ha asegurado en varias ocasiones que “jamás” se podrá abortar por malformaciones del feto, aunque recientemente, debido a las tensiones internas en el PP sobre esta cuestión, se ha contradicho, dejando abierta la posibilidad en los casos muy graves o de daño psicológico “acreditado” en la madre. También se ha anunciado que eliminará la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. Es decir, serán obligadas a tener el niño o abortar según lo que decidan sus padres, y en muchos casos sin contar con su opinión. Está claro que el aborto no puede ser un método anticonceptivo, pero si la educación sexual fuera una asignatura real en todos los institutos y sobre todo el acceso a los métodos anticonceptivos fuera más asequible, no ocurrirían tantos embarazos no deseados en adolescentes.
Como era de esperar, la Iglesia, o al menos sus más altos representantes, están de acuerdo con la propuesta del PP. Por poner solo un ejemplo, el Cardenal de Valencia denunció que “el aborto y la crisis tienen las mismas raíces culturales” y que “urge una nueva evangelización en el mundo de la cultura”. Incluso para determinados sectores de la derecha, en vez de restringir el derecho al aborto, habría que suprimirlo sin más. Lo dijo claramente Mayor Oreja a mediados de mayo: “el aborto no puede ser un derecho”. Algunas organizaciones van más allá. El proyecto Uno de nosotros (al que pertenece Mayor Oreja) pretende velar porque “ningún presupuesto pueda ser aprobado para la financiación de actividades que destruyan embriones humanos o que presupongan tal destrucción”. Además, pide la modificación de los “principios éticos” en materia de investigación, es decir, están completamente en contra de técnicas de fecundación in vitro o las investigaciones con células madre.
Hipocresía y cinismo a raudales
La postura de la derecha sobre la cuestión es completamente hipócrita. Se llenan la boca hablando en nombre de los más débiles y del “derecho a la vida” pero no tienen inconveniente en participar en masacres imperialistas como la de la guerra de Iraq, que ha causado decenas de miles de muertos, vender armas a regímenes asesinos y dictatoriales con Arabia Saudí y muchos otros, o que los bancos, amparados por leyes que el PP sostiene a capa y espada, expulsen a la gente de sus propias casas llevándoles al suicidio y a una situación de miseria absoluta, por no hablar de los dramas humanos provocados por su política de recortes. En esos casos el derecho a la vida y el de los débiles están subordinados a los derechos del Dios dinero.
Cínicamente, la derecha manipula la postura de quienes defendemos el derecho al aborto como si fuéramos partidarios de convertirlo en un deporte. Para las mujeres, la decisión de abortar es un momento muy duro de su vida, aunque sea la mejor opción mejor frente a tener un hijo con malformaciones o en condiciones sociales que no puedan garantizar su desarrollo y su felicidad.
La derecha quiere restringir el derecho al aborto pero el hecho objetivo, reconocido por la OMS, es que se practican un mayor número de intervenciones en los países con leyes restrictivas que en los que no las tienen. Las leyes que limitan y criminalizan el aborto no frenan a quienes necesitan acceder a él. Las interrupciones del embarazo se siguen produciendo pero de manera clandestina e insegura, en condiciones higiénicas y médicas muchas veces deplorables, incluso tratando de autolesionarse para conseguirlo. Al igual que en el pasado, con esta nueva ley sólo las damas que puedan pagarse el viaje a un país con una ley de plazos (como antes se hacían viajes a Londres) podrán abortar de manera segura.
Los marxistas defendemos el derecho al aborto libre y gratuito, en las mejores condiciones y en centros de la Seguridad Social, a través de una ley de plazos, sin tener que sufrir todos los prejuicios sociales ni ser tachadas de asesinas delincuentes por la justicia, el Estado o la Iglesia. Un embarazo y un hijo, puede ser algo feliz y deseado, pero en condiciones extremas, como están viviendo cada día más muchas familias en este país, ahogadas por la crisis, el desempleo y los bajos salarios, el nacimiento de un hijo puede suponer un drama. Sólo aumentando los salarios, adaptando los horarios, las ayudas por los hijos, aumentando las guarderías públicas y las plazas en las escuelas, invirtiendo en educación sexual para evitar embarazos no deseados… podrían empezar a darse pasos para que las mujeres podamos decidir en verdadera libertad sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra maternidad.
